Se han creado 17 nuevos grupos armados en el Pacífico, alerta el defensor del pueblo

Cortesia

Han pasado 15 años desde que la Corte Constitucional declaró que en Colombia hay un estado de cosas inconstitucional en referencia al desplazamiento forzado y, a la fecha, nada ha cambiado. El Estado ha sido incapaz de solucionar la problemática, la cual, después de la firma del Acuerdo de Paz, solo ha venido agravándose. Por eso, este martes 30 de julio, se llevó a cabo una audiencia de seguimiento en el alto tribunal, para analizar qué ha pasado con este fenómeno en el territorio, sobre todo en el Pacífico y en las comunidades indígenas Jiw que se asientan en Meta y Guaviare.

::Corte Constitucional llama la atención por desplazamiento de comunidades del Pacífico y Jiw::

En esta sesión participó la Procuraduría, gobernadores de la zona y representantes de diferentes comunidades afectadas en el Pacífico. Allí narraron un panorama que vuelve a prender las alarmas sobre la situación humanitaria de estos pueblos por el conflicto armado. Uno de los principales señalados fue el Estado colombiano. La mayoría de los participantes apuntaron a una misma causa de esta situación: la desarticulación y apatía de la institucionalidad para trabajar en el territorio.

El primero en tomar la palabra durante la audiencia fue el defensor del Pueblo, Carlos Negret. En su intervención dio un preocupante panorama de lo que está pasando tanto en el Pacífico como con las comunidades Jiw al suroriente del país. “No existe el Estado, solo encuentro a los ciudadanos que viven ahí. Nadie más está en esa zona”, declaró Negret. 

“Estamos viendo en los ríos los cadáveres del Chocó”, señaló, al indicar que la corporación que tiene a cargo ha emitido 19 alertas tempranas, desde enero de 2018 hasta junio de 2019, sobre la grave situación humanitaria que se vive en la Costa Pacífica. Así mismo, señaló que, además de la presencia del Eln y las Autodefensas Gaitanistas, en estos territorios están surgiendo de 17 nuevos grupos armados, que se habrían originado, en parte, con miembros de las disidencias de las Farc.

(Puede ver: Desplazamiento forzado, a examen en la Corte Constitucional)

Así mismo, denunció el estado de confinamiento y desplazamiento que está viviendo dicha zona costera del país. Esto se debe en gran medida al choque que ha existido en el Chocó entre milicianos del Eln y las autodefensas Gaitanistas, grupo que ha comenzado a invadir estas zonas al ser acorraladas por la Fuerza Pública en la región del Urabá. De la misma forma, indicó que cerca del 39% de casos de desplazamiento son aportados por el Pacífico colombiano.

Frente a la situación del pueblo indígena Jiw -seminómada-, el defensor del pueblo señaló que “el pueblo Jiw nunca debió salir de la selva” y que actualmente hay 3 alertas tempranas para 6 municipios del Meta y Guaviare frente a este grupo indígena. Una situación particular se vive en uno de los resguardos de la comunidad, el de Puerto Concordia, en el Meta. Allí vive una gran parte de esta población, pero los terrenos no son propios, pertenecen a un particular.

“La paz no llegó a estas poblaciones”, fueron las palabras usadas por Negret para remarcar que la población Jiw del reguardo Cañosol no quiere volver a sus territorios originarios ya que fueron desplazados de forma violenta por las antiguas Farc y cultivadores de coca. También aseguró que desde hace seis años se ha tratado de acompañar a los Jiw en su retorno a sus territorios, pero la situación de estos lugares geográficos lo ha impedido. Situación que se ha visto agravada por el regreso de prácticas como la siembra de minas antipersonales.

::Los lineamientos de la Corte Constitucional para integrar a víctimas de desplazamiento en las ciudades::

Sobre el trabajo en esta zona el defensor resaltó la falta de compromiso del Gobierno frente a estos temas de desplazamiento: “El Estado no ha reparado a las víctimas a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional”. El funcionario destacó, de igual manera, que los comités de Justicia Transicional no han funcionado. Por último, frente al asesinato de líderes sociales, Carlos Negrete aseguró que no piensa seguir debatiendo la cifra con el Gobierno y dijo que “va a ser muy difícil” si no se le dan los recursos a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Una intervención similar tuvo el procurador delegado para temas étnicos, Richard Moreno. Este se centró en las grandes dificultades para tratar el tema de desplazamiento debido que no hay recursos para temas étnicos. De la misma manera, destacó que no hay un enfoque diferencial, por lo que la población étnica es revictimizada en gran parte de los casos. En su intervención señaló que hay una descoordinación de la institucionalidad que se ve representada en la ausencia del Gobierno en el territorio y en una apatía de las instituciones.

(Puede ver: Comunidades aseguran que el desplazamiento forzado no está superado en el país)

Uno de los datos más preocupantes revelados por el viceprocurador para temas étnicos es la existencia de varias familias que han sido declaradas hasta en “cinco ocasiones” diferentes como victimas, siendo una muestra que la violencia perdura en el territorio. Así mismo declaró que si no se elimina la violencia, estas zonas seguirán siendo “tierra fértil” para el nacimiento de grupos armados.

Pacífico: la zona en la que grupos armados, narcotráfico y minería ilegal confluyen

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la intervención de los representantes de las diferentes comunidades del Pacífico y Jiw. Sobre la zona más al occidente del país participaron voceros de las comunidades en Nariño, el Pacífico caucano, Buenaventura, San Juan, Atrato y Chocó.  Todos ellos apuntaron a un mismo coctel: abandono estatal, narcotráfico, grupos armados y el aumento de la minería ilegal.

“Con la firma del acuerdo de la Habana nuestras esperanzas renacieron”, aseguró el representante de la comunidad del Cauca, quien luego agregó que todas estas aspiraciones se vieron traicionadas por la realidad en el territorio. Así mismo, señaló que hay un subregistro de víctimas de la zona tanto por desplazamiento como homicidios y desaparición. “El Estado sigue siendo precario, marginal y ausente en su conjunto”, concluyó el líder de la zona, que declaró que es necesario fortalecer las rutas de prevención con un enfoque étnico. 

Este representante  hizo graves denuncias sobre la presencia de grupos armados en el puerto: “No existe un espacio en Buenaventura que no esté controlado por actores armados”. De igual manera, contó el aumento de la minería ilegal y narcotráfico en la zona, aprovechando su acceso directo al mar. El vocero bonaverense hizo un énfasis especial en el daño al medio ambiente que está ocurriendo en la zona por el mercurio producto de la minería ilegal. Este no solo estaría contaminado los recursos hidrícos de la zona, sino que estaría llegando hasta la mesa de ellos y de varios colombianos con la pesca de peces contaminados.

::Entidades piden recursos para atender a víctimas de desplazamiento forzado::

Sobre el desplazamiento y confinamiento, se enfocó principalmente en este último fenómeno que es de naturaleza reciente en la zona. En su intervención dijo que se ha vivido esta situación tanto en las zonas urbanas como rurales, sintiéndose más en las áreas fuera del casco urbano. Por último, reconoció un crecimiento en el reclutamiento por grupos armados, sin embargo, señaló que, más allá de un arma en la cabeza, es la situación económica la que los persuade a entrar a estas estructuras violentas. 

El vocero de las comunidades del Chocó también habló del confinamiento y emitió una alerta en campos como el reclutamiento infantil y la violencia contra la mujer y la población LGBTI. Hubo un apartado especial dentro de su denuncia para hablar del aumento en las cifras de desplazamiento forzado hacia Quibdó, capital del departamento. En esta ciudad incluso estarían ocurriendo fenómenos de desplazamiento intraurbano.

Sobre el retorno de comunidades desplazadas, el representante chocoano declaró que no se está dando por falta de confianza en la fuerza pública. Además, mencionó a la falta articulación y coordinación con las instituciones como uno de los principales problemas para que el gobierno nacional haga presencia en la zona. “Creemos que el gobierno nacional debe generar un espacio para que podamos hablar con un plan de protección colectivo, concertado y con garantías”, dijo el líder. 

::En Colombia el desplazamiento forzado sigue vivo y está invisibilizado::

Las comunidades Jiw también tuvieron una cuota en la audiencia de este martes en la Corte Constitucional. Al hablar ante los representantes del gobierno nacional y municipal, el vocero aseguró que, si no se tienen en cuenta los planes de retorno de los Jiw, esta comunidad indígena corre peligro y seguirá sin opciones de supervivencia. Además, hizo un pedido especial que se les reconozca como lo que son, “pueblos indígenas originarios del Meta”. “Nosotros no venimos por nuestro gusto, el gobierno fue el que llegó allá y nos sacó de nuestro territorio”, aseveró el representante indígena, quien también le dijo al gobierno que muchos de sus programas fallan ya que no tienen en cuenta sus derechos.  

“Tenemos ausencia del Estado y presencia de grupos armados ilegales”

En la diligencia de seguimiento también tuvo la palabra el gobierno local y nacional. El gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, destacó la labor en el retorno de comunidades, como los Embera-Katío, pero aseguró que varias poblaciones están en situación de confinamiento y desplazamiento por la presencia de grupos armados y del narcotráfico. 

Sobre la situación de los Jiw, intervino el alcalde de San José del Guaviare, quien señaló que la mitad de la población de su municipio es desplazada. Así mismo, reseñó que esta ciudad es una zona que ha sido golpeada por el conflicto y el narcotráfico, pero que, sin embargo, cuenta con la presencia de dos zonas de normalización y la presencia de dos comunidades indígenas: “los hermanos Nukak y los hermanos Jiw”. Por último, señaló que para atender las necesidades de las comunidades indígenas es necesario el trabajo de la mano con el gobierno nacional porque “gobernación y municipio se quedan cortos en la atención e los Jiw por falta de recursos”.

(Lea aquí: No solo subsidios, los desplazados necesitan legalizar sus asentamientos: Corte Constitucional)

Por el gobierno nacional estuvieron representantes del Ministerio del Interior y Defensa, y la Unidad de Víctimas. En el caso de la cartera de la Defensa asistió el general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante general de las Fuerzas Militares, ya que el ministro Fernando Botero se encontraba en licencia. El general Navarro destacó que el principal trabajo de la Fuerza Pública es afianzar la relación con las comunidades, ya que “se ha generado unas inconformidades en el terreno”.

Por otro lado, Navarro dijo que hay "ausencia del Estado y presencia de grupos armados ilegales”, esto se ve ejemplificado en la situación de Chocó, donde habría un aumento del desplazamiento y el confinamiento por la creciente presencia de las Autodefensas Gaitanistas, que en la Fuerza Pública se conoce como el Clan del Golfo. Sin embargo, destacó el trabajo que ha hecho la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en la zona y el plan Artemisa para el cuidado y preservación de bosques como la Sierra de Chiribiquete, hogar de varias comunidades indígenas.