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Este lunes a las 8:30 de la mañana ante el Juzgado 33 Penal del Circuito se reiniciará la etapa de juicio oral en el caso Interbolsa que fue suspendida desde inicios del mes de noviembre. En octubre de este año, se conoció de la prescripción de los delitos de operaciones no autorizadas y concierto para delinquir contra los siguientes implicados: Rodrigo Jaramillo, Jorge Infante, Javier Villadiego, Alessandro Corridori, Claudia Jaramillo, Carlos Arturo Neira, Eduardo Adolfo Colmenares y Luz Andrea Colmenares. Estos dos últimos habían sido imputados solo por el delito de operaciones no autorizadas, quedando libres de responsabilidad.
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Pero la historia de las demoras en este caso comienza en mayo de 2014 cuando se fijó la audiencia de formulación de acusación que fue terminó solo un año después, es decir el 17 de junio de 2015. ¿El motivo? La primera vez que tuvo que ser aplazada la audiencia fue debido a que el Inpec no realizó la remisión de los imputados. Luego, en septiembre de ese mismo año se continuó con el reconocimiento de víctimas y el juez pidió el respectivo reconocimiento antes de que se diera lectura a la acusación.
Hasta el cese de actividades por parte del sindicato Asonal Judicial tuvo que ver en las demoras de este caso. En diciembre de 2014 se esperaba que se hiciera el reconocimiento de las víctimas, sin embargo, el paro del sindicato afectó la operación de las audiencias y no se pudo realizar.
El 23 de abril de 2015 se dio reconocimiento a las víctimas ante el Tribunal Superior de Bogotá y el proceso pasa a manos del Juzgado 33 Penal quien programa fecha de formulación de acusación para el 17 de junio de 2017, cuando por fin finaliza la diligencia judicial.
Tras ello se fijan fechas para la audiencia preparatoria en septiembre de 2015, pero no se pudo realizar debido a que la defensa de Mauricio Infante solicitó la conexidad de un proceso en el cual se le había imputado a Niño el delito de falsedad en documento privado, dejando el inicio de estas audiencias para noviembre de ese mismo año.
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Llegado el mes de noviembre, la defensa hace algunas observaciones al descubrimiento de pruebas que iba a hacer la Fiscalía en ese caso por lo que las diligencias de este caso se prorrogaron hasta febrero de 2016. Llegada la fecha, la defensa de los implicados pidió un tiempo prudencial para revisar las pruebas contra sus defendidos, debido a que como lo ha manifestado también la Fiscalía, se trababa de cientos de folios.
Tuvieron que pasar seis meses, para que por fin todas las partes pudieran comparecer en una sala de audiencias. Cuando se esperaba que prosperara el juicio, los abogados de Alessandro Corridori, Álvaro Tirado, María Eugenia Jaramillo y Claudia Jaramillo aseguraron que no habían podido recopilar todos los elementos de prueba para su defensa que pretendían mostrar en el juicio, por lo que la audiencia se aplazó hasta el mes de noviembre de ese año.
Para enero de 2017, se hizo el descubrimiento de pruebas de algunos de los implicados, excepto de Álvaro de Jesús Tirado. La defensa de Tirado, el abogado Said Idrobo instauró una acción de tutela en contra de la decisión del juez 17 penal del circuito argumentando que se había extralimitado en sus funciones al negar la petición de una búsqueda selectiva en base de datos para su defensa.
Así pasaron cerca de seis meses, hasta que el 27 de junio de 2017 la defensa de Tirado culminó la etapa de descubrimiento de pruebas y se inició la enunciación de los elementos de prueba de iba a solicitar la Fiscalía para que se practicaran como pruebas en el juicio oral.
El 13 de septiembre de 2017 se inicia la etapa de audiencias preparatorias, que se suspende porque no se había llegado a un acuerdo con la defensa sobre las estipulaciones probatorias. Llegado el 2018, se reinician las diligencias judiciales con la decisión de las solicitudes de pruebas decretadas por la defensa de los implicados. En abril de este año, el caso se remite al Tribunal Superior de Bogotá debido a las apelaciones presentadas por los abogados defensores. Este tribunal se pronuncia el 20 de septiembre bajo la ponencia del magistrado Álvaro Valdivieso.
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En todos estos años de audiencias y aplazamientos, la Fiscalía siempre ha manifestado que ha dispuesto lo necesario para culminar este proceso, tanto así que el fiscal Néstor Humberto Martínez pidió al Consejo Superior de la Judicatura celeridad en las diligencias, por lo que se dispuso a Juez 33 penal exclusivamente para este caso.