Se vence plazo para preacuerdo entre Emilio Tapia y Fiscalía por 'carrusel'

Igualmente se espera una respuesta del abogado Álvaro Dávila sobre si acepta o no las propuestas hechas por el ente investigador.

En el curso de este viernes el contratista Emilio Tapia y el abogado Álvaro Dávila tendrán que definir si aceptan o no la firma de un preacuerdo con la Fiscalía General en los procesos que se les adelantan por el llamado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.

El fiscal General, Eduardo Montealegre explicó que la propuesta presentada por al contratista y al abogado se basa en el máximo de la pena imponible, una vez hechas las rebajas de pena, sería de 13 años.

En este sentido indicó que tanto Tapia como Dávila se deben comprometer y cumplir su palabra para contar toda la verdad del escándalo de la contratación, reparar a las víctimas y colaborar activamente con la justicia.

Sin embargo aclaró que hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta de los abogados de los dos implicados, por lo que indicó que si al final de este viernes no se ha llegado a ningún acuerdo el siguiente paso será la imputación de cargos en el caso de Dávila y de acusación para Tapia.

Dávila recibiría pena de 10 años

Según documentos revelados por La FM, en el preacuerdo presentado al abogado Álvaro Dávila se indica que pagaría una pena máxima de 10 años de prisión a cambio de la información que entregue sobre el escándalo de corrupción, así como los datos que entregue sobre otras personas que participaron en estos hechos.

En este caso se indica, no se sabe si el abogado, reconocido por asesorar jurídicamente a los Nule y señalado de manejar el IDU por medio de cuotas burocráticas, pagaría esta pena en su domicilio o en un centro penitenciario.

En el preacuerdo también se señala que Dávila tendría que devolver el monto del dinero del cual se apropió irregularmente en la celebración de multimillonarios contratos viales en Bogotá, monto que está siendo evaluado por peritos del CTI de la Fiscalía General.

El nombre de Dávila ha estado vinculado desde el primer momento en el llamado escándalo del ‘carrusel’ por su cercanía con el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y su hermano el excongresista Iván Moreno Rojas, así como con un grupo de contratistas y altos funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano.

Ante esta situación se señala que el abogado debería declarar en todos estos procesos, dado todo el conocimiento que tiene sobre la forma en cómo se lograron y ejecutaron dichos contratos viales.