¿Se vulneraron los derechos fundamentales de los habitantes de la calle tras el operativo del Bronx?

Un juzgado civil resaltó que la Alcaldía y las entidades distritales le han otorgado la atención a estas personas tras la intervención del 28 de mayo.

El juzgado 36 civil municipal de Bogotá rechazó las pretensiones de la acción  de tutela presentada por el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe Muñoz para crear un “refugio humano temporal” a los habitantes de la calle que tuvieron que desplazarse tras el operativo adelantado en el sector del Bronx el pasado 28 de mayo.

En el estudio de la acción judicial el despacho evaluó los conceptos presentados por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaria de Integración Social frente al tratamiento y atención que le dieron a las personas que tuvieron que salir de la zona ubicad en el centro de la capital de la República.

Igualmente se evaluó la posición de la Fiscalía General, Ejército Nacional y la Policía Nacional sobre los hechos que motivaron a la puesta en marcha del operativo. En este punto se resalta la intervención directa a una de las principales ollas del microtráfico en Bogotá y tráfico de armas.

Las autoridades resaltaron que en ese barrio se cometían actividades relacionadas con el secuestro, extorsión e incluso la desaparición forzada. El juzgado aseguró que los habitantes de la calle recibieron atención integral por parte de las entidades del Distrito, resaltando que se contó con un plan de atención en los centros de acogida.

Resalta la decisión que existe una nutrida jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la protección especial a la población habitante de la calle, el respeto por la dignidad humana, el principio de solidaridad. Se considera que el alto tribunal ha advertido que estos planes de atención no pueden ser forzados.

Hecho por el cual se considera que estas personas deben ir por voluntad propia a los sitios destinados para brindarles atención. “Se negará la acción de tutela por existir mecanismos idóneos que deben agotarse ante las autoridades competentes”, precisa la decisión del juzgado civil.

En este sentido se considera que la Administración Distrital ha puesto en marcha un plan de prevención de habitabilidad en la calle, hogar de paso, formación para el trabajo, protección para la población en alta dependencia funcional, física, mental o cognitiva, formación para el estudio, alojamiento, alimentación, vestuario y direccionamiento a las entidades prestadoras de salud.

Para el despacho la solicitud para crear los “refugios humanitarios” no es válida puesto que “la necesidad de valoración integral médica se presta a todo habitante de la calle que solicite ya en el Régimen Subsidiado o a través de las Subredes Integradas de Servicio de Salud”. En otras palabras, la atención ofrecida cumple con los requerimientos exigidos.

Por estos argumentos el juzgado responde el problema jurídico frente a una presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad personal, libertad de locomoción y dignidad humana. 

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