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Pío Adolfo Bárcena Villarreal y Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, secretario y secretaria general del Ministerio de Transporte, se convirtieron en las primeras personas investigadas por la Procuraduría por el tema de Marketmedios. Esta decisión tiene que ver con la indagación preliminar que abrió el organismo disciplinario en marzo de este año, cuando dispuso averiguar sobre los contratos por más de $80.000 millones que Marketmedios, empresa del hermano de Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos, habría recibido de entidades estatales al parecer sin cumplir con los requisitos legales.
En otras palabras, lo que la Procuraduría comenzó a investigar es si Marketmedios recibió todos esos contratos como una especie de “cruce de favores” para Prieto, debido a su privilegiada posición, lo cual tanto Prieto como su hermano, el gerente de Marketmedios, Mauricio Prieto Uribe, han negado enfáticamente. En un documento de 28 páginas, conocido por este diario, la Procuraduría ordenó “la apertura de investigación disciplinaria” contra Bárcena Villarreal y Sánchez Gutiérrez y, además, determinó que en días próximos hará una visita especial al Ministerio de Transporte. En total, son seis los contratos que podrían estar comprometidos, y la Procuraduría quiere saber también si esos se cancelaron con recursos del BID.
Esto último es un detalle muy importante, pues la Procuraduría también abrió investigación contra Roberto Prieto, en agosto de este año, para establecer si acaso él, como director ejecutivo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para Colombia, aprobó recursos para iniciativas de entidades estatales colombianas con una “condición” intrínseca: que, a su vez, se contratara a Marketmedios Comunicaciones S. A., la empresa de su familia. Por eso, ahora la Procuraduría quiere saber si los contratos que firmaron los funcionarios Bárcena y Sánchez “fueron pagados en su totalidad con recursos provenientes del BID, si lo fueron parcialmente y en qué porcentaje, o si fueron cubiertos con recursos propios del Ministerio de Transporte”.
De los contratos que hoy generan dudas en la Procuraduría, dos los firmó Pío Adolfo Bárcena Villarreal, un abogado de la Universidad de los Andes nacido en Barranquilla: el 329 de 2015 y el 294 de 2016. El primero, “en el marco del préstamo BID 3075/OC-CO, con el objeto de ‘contratar el desarrollo, ejecución y producción de actividades BTL, para la promoción, fomento y la preservación de la seguridad vial’. Se pactó por un valor de $1.202 millones. El segundo, en el marco de un segundo préstamo con el BID, se firmó para la organización, ejecución y logística de una asamblea y actividades de sensibilización sobre seguridad vial en Semana Santa. Ese costó $872 millones.
Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, por su parte, firmó tres contratos con Marketmedios que hoy generan dudas en la Procuraduría. El primero es el 413 de 2016, por $553 millones, también para actividades relacionadas con la seguridad vial. El 463 de 2016, “para la promoción y fomento de la Política Nacional Logística”, por $396 millones. El último, el 595 de 2016, igualmente tenía que ver con seguridad vial y campañas relacionadas. Los tres contaban con el auspicio del BID. Los dos primeros se hicieron por comparación de precios; el último, por contratación directa. Para la Procuraduría es clave establecer si se cumplieron con todos los requisitos que se exigen para que las contrataciones sean objetivas y transparentes.
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La Procuraduría todavía analiza si se abren investigaciones por contratos de Marketmedios con RTVC, la Registraduría Nacional, el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo de Promoción Turística, Findeter, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Víctimas o el Icetex. Por eso, se ordenó desglosar “las piezas procesales”, con el fin de tener uno a uno la información de todos los contratos en cuestión. Así las cosas, más funcionarios podrían resultar investigados.