“Seguimos a disposición de las autoridades colombianas”: fiscal adjunto de la CPI

El fiscal Néstor Humberto Martínez con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, durante su visita a Colombia en septiembre del año pasado. / Fiscalía

Si hay una entidad que tiene sus ojos vigilantes a lo que está sucediendo con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Lo ha demostrado en las dos visitas que ha hecho a Colombia en menos de seis meses, y en una carta que envío la propia fiscal Fatou Bensouda a la Corte Constitucional en la que explicó cuáles eran los puntos que, en su opinión, podían generar impunidad en la legislación de la JEP. 

Ahora, en nombre de la CPI, el fiscal adjunto de la Fiscalía de la Corte, James Stewart, estuvo de visita en el país y volvió a referirse, en una charla sobre justicia transicional, al papel que tiene la CPI en la puesta en marcha del sistema especial de justicia que negociaron las Farc con el Gobierno. Además, reiteró los puntos de preocupación que siguen siendo objeto de discusión con sus demás compañeros. De entrada, Stewart aplaudió el esfuerzo de Colombia por lograr un acuerdo de paz y la manera en que se construyó la JEP. 

“Colombia ha establecido un sistema innovador, complejo y ambicioso, diseñado para asegurar la rendición de cuentas como parte de la implementación del acuerdo de paz”, señaló el fiscal adjunto, quien además aseguró que aunque se trata de una intención noble, aún está desplegándose y hay todavía muchas incógnitas en su implementación. Para la CPI, explicó Stewart, todavía es de especial interés los casos que tienen que ver con crímenes sexuales o basados en consideraciones de género, traslados forzosos, y ejecuciones extrajudiciales.

(Lea también “Le hemos pedido al fiscal información muy precisa y no la hemos recibido”: fiscal de la CPI)

En ninguno de estos casos, por ahora, la Fiscalía de la CPI va tomar el control de los expedientes pues, tal y como lo resaló el fiscal adjunto, la Corte solo puede intervenir cuando el Estado no realiza el trabajo adecuado para judicializar a los responsables de crímenes de lesa humanidad o de guerra. El caso de las ejecuciones extrajudiciales es quizás el que más interés ha despertado entre los fiscales de la CPI.

Tal y como lo resaltó Stewart en su intervención, “los procesos que habían sido iniciados hasta ese momento (2012) no parecían haberse centrado en las personas que podrían tener mayor responsabilidad dentro de la jerarquía militar”. Sin embargo, el fiscal asegura que el tema ha evolucionado y resaltó que la Fiscalía colombiana ha tomado una serie de medidas para determinar la responsabilidad de las autoridades militares de alto nivel.

(Le puede interesar: 29 generales y coroneles, en la mira de la CPI por ejecuciones extrajudiciales)

“Nuestra Fiscalía está tomando en consideración este desarrollo a los efectos de determinar si existen procesos nacionales genuinos que estén abordando casos potenciales para la CPI que surjan de la situación en Colombia, y continuaremos siguiendo de cerca este progreso”, aclaró Stewart, quien no mencionó el hecho de que la Fiscalía que él mismo representa ya tiene una lista de 29 generales y coroneles que podrían estar involucrados en ejecuciones extrajudiciales. 

Por otra parte, el fiscal adjunto volvió a mencionar varios puntos que ya había tocado su jefe en la carta que le envió a la Corte Constitucional en diciembre del año pasado. En esa misiva, Bensouda le expresó al alto tribunal su preocupación por la manera en que se estaban manejando varios tema dentro de la legislación colombiana y que podían resultar en una falta grave a los compromisos del país con la CPI y a una medida que solo ayudaría a que la impunidad se impusiera en los casos que va a revisar la JEP. 

(Lea también: Las críticas a la Jurisdicción Especial de Paz)

Uno de estos temas, y quizás el más polémico, es el de la responsabilidad de mando. Para la fiscal de la CPI, “la definición de responsabilidad del mando adoptada se aparta sustancialmente de la prevista en el derecho internacional y de la definición del Estatuto de Roma, y por consiguiente, podría frustrar los intentos de Colombia de cumplir su deber de investigar y juzgar los crímenes internacionales”. Stewart señaló en su intervención que la fiscal todavía está preocupada por este caso, pero asegura que todavía hace falta ver cómo la JEP aplicará esta definición en sus decisiones. 

“Si, como cuestión práctica, se hace justicia en casos de responsabilidad del mando, entonces, no solamente esto asegurará que Colombia pueda cumplir sus obligaciones internacionales convencionales como Estado Parte del Estatuto de Roma, sino también permitirá asegurar investigaciones y enjuiciamientos efectivos a nivel nacional, en línea con el principio de complementariedad. Este es ciertamente el resultado que la Fiscalía espera”, expresó el fiscal.

(En contexto: Las normas que necesita la JEP para su pleno funcionamiento)

Otro de los temas que sigue en la lista de preocupaciones de la Fiscalía de la CPI es el que tiene que ver con las penas alternativas planteadas en el Acuerdo de Paz. Para Bensouda, la suspensión total de una pena, un tema que está escrito en la legislación actual, es de extrema delicadeza pues impediría el castigo de los máximos responsables. Stewart agregó en su intervención que lo que esperan en su oficina es que los magistrados de la JEP logren un balance constitucional y de acuerdo a los lineamientos de la CPI en este caso pues, por ahora, siguen existiendo dudas de cómo se van a imponer estas sanciones.

“La Fiscal sigue poniendo la Fiscalía a disposición de las autoridades colombianas a fin de brindar cualquier apoyo que está dentro de sus facultades a efectos de asegurar que se rompa el ciclo de impunidad y que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el conflicto armado no queden sin castigo”, concluyó James Stewart, no sin antes reiterar que los ojos de la Fiscalía de la CPI seguirán puestos en la puesta en marcha del sistema de justicia transicional en el país, para que se “cumplan, de manera genuina, los objetivos de poner fin a la impunidad y contribuir a la prevención”.