Seguridad de exjefes “paras” en vilo

Aunque los exjefes paramilitares vinculados a Justicia y Paz ya están saliendo de prisión, hoy no hay claridad sobre quién es responsable de protegerlos afuera. El asesinato de uno de ellos prendió las alarmas.

Valentina Obando Jaramillo
20 de junio de 2015 - 12:53 a. m.
El bloque Calima de las autodefensas, bajo el mando de Éver Veloza, alias “HH”, se desmovilizó en  2004.
El bloque Calima de las autodefensas, bajo el mando de Éver Veloza, alias “HH”, se desmovilizó en 2004.
Foto: AFP - MAURICIO DUENAS

José de Jesús Pérez Jiménez, alias Sancocho, fue asesinado el 6 de junio en el barrio Moravia de Medellín. Pérez Jiménez se convirtió en mayo de este año en uno de los primeros jefes de frente de las autodefensas que, luego de cumplir los ocho años de pena alternativa por Justicia y Paz, y resolver los procesos que tenía en la justicia ordinaria, recuperó su libertad. Hace un par de semanas, su muerte puso en evidencia la problemática situación que enfrentan los exjefes paramilitares que están saliendo de prisión por sustitución de medida de aseguramiento o libertad a prueba dentro del programa de Justicia y Paz. A pesar de todas las advertencias y alertas presentadas por instituciones como el Inpec y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz Mapp – OEA, no se les dio una ruta de solución clara antes de que empezaran a salir.

Justamente, funcionarios del Inpec explicaron que desde 2013 se vienen presentado informes de alerta que señalan la necesidad de establecer un plan de contingencia para la protección de los exjefes “paras” que eventualmente empiecen a quedar libres. En ellos también se ha incluido la presunción de reincidencia, que consiste en establecer cuáles comunidades podrían verse afectadas si los desmovilizados regresan a los territorios donde alguna vez delinquió su grupo paramilitar. El primer informe presentado por el Inpec preveía que los primeros en recuperar la libertad, por cumplir los ocho años de sus penas, serían los 65 jefes de las AUC que llegaron a La Ceja (Antioquia) el 16 de junio de 2006.

En las mencionadas alertas, no sólo se reitera la importancia de garantizar la integridad de los hombres que entregaron las armas en el marco del programa de Justicia y Paz, sino también de proteger los derechos de las víctimas, especialmente su derecho a conocer la verdad. Algo que la ley tiene contemplado que se logre, aun cuando los exjefes “paras” salen de prisión, pues ellos deben continuar vinculados al proceso por cuatro años más, tiempo en el cual asumen el compromiso de proveer la información que permita esclarecer todos los hechos delictivos en los que participaron. Un tema relevante si se tiene en cuenta que hasta ahora sólo se han documentado alrededor del 10% de los hechos cometidos por miembros de las autodefensas, lo que quiere decir que gran parte de sus confesiones las harán cuando estén en libertad y en ese sentido, es posible que haya muchos interesados en callarlos.

Pérez Jiménez, por ejemplo, era uno de los testigos claves de la investigación sobre la conformación de las Convivir en Antioquia y tenía información importante sobre cómo éstas sirvieron de fachada a grupos paramilitares. Además, a Pérez Jiménez, quien bajo el mando de Éver Veloza García, alias H.H comandó el frente Farallones de las Autodefensas en el Cauca, se le imputaron 231 crímenes, entre ellos haber participado en la masacre de El Naya, en 2001, donde fueron asesinadas 24 personas y 4.000 fueron desplazadas. Muchos casos, que con su muerte, probablemente no lleguen a esclarecerse.

Funcionarios de Justicia y Paz dijeron que Pérez Jiménez, a quien le mataron su esposa Diana Ester Coronado cuando salía de visitarlo en la cárcel de Bellavista en Bello (Antioquia) en 2009, había expresado que tenía amenazas, algo que también han manifestado Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias El Pajaro, libre desde marzo y John Jairo Álvarez Manco, exparamilitar del bloque Bananero de Urabá, que recuperó su libertad en noviembre de 2014. Otra situación que plantean los informes de alerta de riesgo, es que si se tiene en cuenta que muchos de ellos son testigos en casos de parapolítica e investigaciones sobre la relación de las autodefensas con militares, debería ser la Fiscalía quien les brinde protección de testigos, o destinarle esa responsabilidad a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Por eso, en aras de solucionar estos grises de la ley, desde hace pocos meses se viene trabajando en un decreto que definirá una ruta de atención y seguridad a la población desmovilizada cuya vida o integridad esté en riesgo. Fuentes cercanas al proceso dijeron que el decreto está casi listo, falta la revisión y firma del presidente Juan Manuel Santos para que entre en vigencia. El planteamiento más importante de dicho documento es que establece la creación de un comité que se encargará de evaluar el peligro que corren los desmovilizados y designará las medidas de protección correspondientes, esto cuando se demuestre que la persona está en riesgo extremo o extraordinario.

Las entidades involucradas en esa ruta serán el Ministerio del Interior, la UNP, la Policía Nacional y la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Esta última es, luego de que salen de prisión, la primera entidad que tiene contacto directo con ellos porque es la responsable de su proceso de reintegración a la vida civil; por eso será la encargada de notificar los riesgos y dar inicio a la ruta de prevención y protección.

Así pues, con más de 2.000 desmovilizados en prisión, de los cuales 170 están ad portas de recuperar la libertad, poner en marcha el decreto es una obligación inminente, si se busca evitar que muchos terminen como José de Jesús Pérez, alias Sancocho, cuyas verdades quedaron inconclusas. El gobierno trabaja para que el decreto entre en vigencia pronto. La capacidad del Estado para brindar seguridad de estos desmovilizados es un espejo que miran las Farc en La Habana, Cuba.

Por Valentina Obando Jaramillo

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