Seis años de condena para Álvaro Cruz por el "carrusel de la contratación"

El juzgado 44 penal de conocimiento le impuso además una multa de $145 millones al exgobernador de Cundinamarca, por incurrir en delitos contra la administración pública.

Álvaro Cruz fue condenado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza. / Foto: Archivo

El exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, fue condenado a seis años de prisión y a pagar una multa de $145 millones por su responsabilidad en el "carrusel de la contratación" en Bogotá. Ya en octubre pasado el Juzgado 44 penal de conocimiento lo había encontrado culpable del delito  de interés indebido en la celebración de contratos. 

La Fiscalía logró probar que Cruz pagó un soborno de $800 millones para que la empresa constructora ICM, de la cual era representante legal, recibiera los contratos para la reconstrucción de parte de la malla vial de Bogotá. Según estableció la justicia, las coimas fueron entregados a concejales de la capital para que intercedieran por él ante la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), entidad que le otorgó a su empresa un millonario contrato de reparcheo.

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, Cruz pretendía quedarse con el contrato 197 de la Unión Temporal Asfaltos, que tenía un valor de $25 mil millones  y que estaba destinado para el reparcheo de la malla vial de la capital de la República. Cruz pagó los sobornos para que le llegaran a  Iván Hernández Daza, director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), quien ya fue condenado por darle información privilegiada al exgobernador para que al presentar su propuesta, saliera escogido.

Los exconcejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada Díaz, también recibieron parte de los sobornos que pagó Cruz, para que no le hicieran control político a dicho contrato vial. Todos ellos ya fueron condenados por estos hechos. “Con este comportamiento doloso se lesionó a la administración pública, los principios de imparcialidad, publicidad y moralidad de la contratación pública”, precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena.

Tras su captura en 2015, Cruz aceptó todos los cargos que le imputó la Fiscalía y se comprometió a reparar a todas las víctimas de sus actuaciones. En su momento, dicha captura causó revuelo pues Cruz se encontraba en proceso de firmar un preacuerdo con el ente investigador. No obstante, la Fiscalía señaló que Cruz estaba tratando de mover influencias para que su investigación fuera archivada.

De acuerdo con el fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena, Cruz pagó una suma de dinero considerable para que un procurador amigo influenciara al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo en su caso. Asimismo, señaló que él y su esposa, Zoraida Rozo, intentaron ocultar pruebas en el proceso. Debido a este incidente, las negociaciones con Cruz se congelaron.

Durante la audiencia en la que se le condenó, el fiscal Juan Vicente Valbuena, precisó que con lo que hizo Cruz "violó los principios de transparencia, selección objetiva, los básicos de moralidad pública en el marco de los escándalos de corrupción más grandes del país como en denominado escándalo carrusel de la contratación en Bogotá".