Seis meses y no hay detenidos en caso Interbolsa

Interbolsa, la principal comisionista de la Bolsa de Valores de Colombia, fue intervenida hace seis meses —el 2 de noviembre de 2012— y el Gobierno ordenó liquidarla cinco días después. Hay miles de clientes que aún no han podido recuperar su dinero y aunque desde el principio los protagonistas del descalabro salieron a relucir, la Fiscalía no ha avanzado más allá de unos cuantos interrogatorios. ¿Quiénes son los responsables de las pérdidas? Un análisis de tres inversiones donde los clientes perdieron unos $500.000 millones muestra quiénes tomaron las decisiones.

En los títulos TEC o bonos de Luxemburgo desaparecieron $90.000 millones. Los responsables de esta operación fueron Rodrigo Jaramillo Correa, presidente de Interbolsa, y Jorge Arabia Wartenberg, vicepresidente financiero. En julio, Jaramillo y Arabia crearon una sociedad en Luxemburgo que a los pocos días hizo una emisión de US$50 millones que fue vendida en Colombia por medio de la filial de Interbolsa en Panamá.

De ese dinero solamente se podrían recuperar US$3 millones que están en la Fiduciaria Popular, donde Interbolsa se había comprometido a abonar mensualmente un millón de dólares durante cuatro años para cumplirles a los inversionistas en el año 2016. El resto, según fuentes consultadas, se invirtió en Fabricato. Otras fuentes consultadas por El Espectador señalaron que en la parte jurídica del negocio de Luxemburgo participó la secretaria general del Grupo Interbolsa, Ruth Stella Upegui Mejía. Así mismo, la firma Allen & Overy, el bufete de Luxemburgo que asesoró a Jaramillo y a Arabia en la emisión de los títulos, cobró honorarios por US$250.000 (unos $450 millones).

En cuanto a los $78.000 millones sustraídos ilegalmente de un fondo de inversión manejado por una filial de Interbolsa, quienes estamparon la firma en los documentos son Jorge Arabia Wartenberg y Álvaro Tirado Quintero, presidente de la comisionista Interbolsa. Este es el caso conocido como la triangulación con la Clínica Candelaria de Bogotá. El 12 de octubre pasado la clínica le prestó a Interbolsa los $78.000 millones, según contrato firmado entre Arabia y Luz Andrea Colmenares, representante legal de Candelaria.

En realidad, la plata no la puso la clínica sino que salió de la Cartera Colectiva Credit, un fondo administrado por Interbolsa SAI que manejaba más de $500.000 millones. La ley prohíbe que las sociedades administradoras de inversión como la SAI hagan préstamos a sus subordinadas o matrices. Fue por eso que se utilizó a la clínica como testaferro. Así se le dio la vuelta a la plata porque Interbolsa necesitaba $70.000 millones para pagarle a Bancolombia una deuda que se vencía ese mismo día. Aunque su firma no aparece en los documentos, es probable que Rodrigo Jaramillo Correa estuviera enterado, pues estaba en juego una obligación de Interbolsa con Bancolombia.

Álvaro Tirado Quintero participó en la maniobra ilegal al comprometer con su firma una inversión de la comisionista en el fondo Tribeca, que se dio como garantía del préstamo. En la asamblea de la Cartera Credit en diciembre, Mauricio Infante Niño, presidente de Interbolsa SAI hasta febrero, reconoció que había tenido conocimiento de la operación prohibida. Martha Luz Barrero Carvajal era la gerenta de Credit en el momento en que se sustrajo el dinero. Aún no se sabe si tuvo conocimiento del ilícito.

La recuperación de los $78.000 millones depende no solamente de si las garantías son sanas, sino también de una decisión del liquidador de Interbolsa, Ignacio Argüello. El funcionario liberó las garantías sobre los títulos de la comisionista en Tribeca, lo que la Superintendencia Financiera objetó por ilegal al argumentar que beneficia a los accionistas de Interbolsa.

Lo perdido —o actualmente embolatado— de los títulos de Luxemburgo y de la triangulación, suma ni más ni menos que $168.000 millones. Pero lo que hoy no pueden retirar los clientes del Fondo Premium supera los $300.000 millones. En ese contexto, es más complejo contestar a la pregunta de quién debe responder por las decisiones tomadas en Premium. Dicho fondo fue creado por Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo —hijo de Rodrigo— en el año 2000. Ellos siguen siendo los únicos accionistas con derecho a voto y además fueron los encargados de las inversiones a través de una sociedad de Bahamas. Legalmente son quienes tienen que responder.

Hasta 2010, Ortiz y Tomás Jaramillo tenían cada uno su oficina en el cuarto piso de Interbolsa y los clientes los identificaban como los que manejaban Premium. Luego, Ortiz y Rodrigo Jaramillo se distanciaron. Ortiz decía que Interbolsa, de donde era accionista, no la debían administrar los dueños, y objetó la compra de un avión Falcon. Un lujo cuyo consumo de combustible ascendió a US$2 millones. Las cosas llegaron a un punto de no retorno cuando Rodrigo Jaramillo prohibió la entrada de Ortiz al edificio de Interbolsa.

No se sabe en qué momento Ortiz dejó de manejar Premium. Pero una persona que tenía dinero en el fondo y se enteró de la pelea, pidió una cita en 2011 con Rodrigo Jaramillo para preguntarle si su plata estaba segura. Jaramillo le respondió que estaba al tanto de las inversiones de Premium y que el fondo era muy importante para Interbolsa. Una persona cercana a Juan Carlos Ortiz le dijo a este diario que en 2011 Ortiz y Víctor Maldonado —el dueño de Archie’s, Foto Japón, el Hotel Santa Clara de Cartagena y también el 30% de Interbolsa— se la pasaron viajando juntos. “Andaban en Dubái, en la India”.

Un empresario que invirtió una suma importante en Premium recuerda que estando en 2011 con su familia en un restaurante cerca del Taj Mahal, en la India, se les acercó una señora que los oyó hablar con acento colombiano. Era la expresentadora Viena Ruiz, esposa de Ortiz. El empresario consultado recuerda que Ortiz le pareció tímido. Solamente después de la quiebra de Interbolsa se enteró el empresario de que la plata que hoy no puede retirar estaba en un fondo creado por ese colombiano que saludó en la India.

Si Ortiz no manejaba Premium en 2011 y 2012, ¿quién invertía la plata? Tal vez Rodrigo Jaramillo y Jorge Arabia, las dos personas que mandaban en Interbolsa. El abogado penalista Jaime Granados ha acusado a Ortiz, Maldonado, a Rodrigo y a Tomás Jaramillo, a Álvaro Tirado y a Víctor Maldonado por varios delitos relacionados con el manejo del Fondo Premium. Sin embargo, no ha denunciado penalmente a dos personas que, según los clientes de Premium, eran los directores del fondo en Bogotá: Rachid Maluf Raad y Juan Andrés Tirado. Por lo pronto no se sabe si ellos invirtieron la plata del fondo, pero Tirado firmó el año pasado un balance.

Sí se sabe, en cambio, que el manejo día a día del fondo en Bogotá dependía de Maluf y de Tirado. En diálogo con El Espectador, un cliente recuerda que para hacer un retiro antes del vencimiento se requería la aprobación de Maluf. Por su parte, Ortiz reconoce que en 2009 autorizó un préstamo de US$20 millones para Alessandro Corridori con garantía de acciones de Fabricato. Pero señala que el riesgo no era alto porque la acción estaba en 26 pesos.

Ortiz ha explicado que no intervino en la decisión tomada en 2012 de incrementar el endeudamiento de Corridori a US$61 millones cuando la acción estaba en $90. ¿Quién dio la autorización entonces? Según Ortiz, fueron Rodrigo Jaramillo y Jorge Arabia.

Este diario supo de otro negocio dudoso de Premium hasta hoy desconocido: Corridori le debe a Premium, pero resulta que Premium también le debe a Corridori. La operación es una apuesta o contrato de cobertura en que el italiano gana sin poner plata. El fondo se comprometió a pagarle a Vecchio International Corporation, compañía de Corridori en las Islas Vírgenes Británicas, si la acción de Fabricato caía por debajo de $26,90. Un experto en finanzas dijo que eso demuestra que Corridori y Premium estaban del mismo bando, que Corridori no era un simple cliente y que el fondo no actuó con independencia frente a él.

“Con cara ganaba Corridori y con sello perdía el fondo“, dijo el experto. “No creo que un italiano, sólo con la cédula de extranjería fuera capaz de inventarse semejante artimaña, para mí la más grande detrás de este fraude”. El experto concluyó que quienes autorizaron ese negocio de parte de Premium no estaban pensando en proteger a los inversionistas sino en perjudicarlos. Al margen de los señalamientos, ya pasaron seis meses y la Fiscalía no ha avanzado más allá de algunos interrogatorios. Desde el 2 de noviembre pasado se saben los nombres y roles de los protagonistas de este descalabro. La justicia sigue en deuda con tantos estafados.