Por corrupción de Odebrecht

Senador Antonio Guerra, en la lupa de la Procuraduría

Lo investigan por la presunta recepción de dineros de la firma brasileña para la adjudicación de proyectos, la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto “lobby” ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma extranjera.

Antonio Guerra de la Espriella, presidente de la Comisión Tercera del Senado. / Archivo - El Espectador

El apellido Guerra lleva muchos años vinculado a la actividad política en el departamento de Sucre. Han ocupado cargos de elección popular en calidad de senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, concejales o diputados. Pero al mismo tiempo que han detentado el poder en la región, también varios de sus integrantes han sido vinculados a diversos escándalos judiciales en los últimos tiempos. Esta vez, el turno es para el senador de Cambio Radical Antonio Guerra de la Espriella. (Le podría interesar: Caso Odebrecht llega al Congreso)

La Procuraduría le abrió investigación formal por sus presuntos vínculos con el escándalo de Odebrecht, a través de un auto conocido por El Espectador. En dicho documento, el Ministerio Público dejó en evidencia que en contra del senador Antonio Guerra existen al menos tres declaraciones de testigos claves de la Fiscalía, quienes aseguran que fue otro de los políticos que, a cambio de millonarias sumas de dinero, se sumaron al entramado de corrupción que protagonizó la empresa brasileña en Colombia.

En el documento de 12 páginas, la Procuraduría reseña apartes de la declaración que hizo a la Corte Suprema de Justicia el detenido excongresista Otto Bula, quien señaló que, al parecer, el senador de Cambio Radical habría recibido dineros de la empresa Odebrecht por una posible gestión para la consecución de los recursos que financiarían las obras del tramo Ocaña-Gamarra. Es decir, el controvertido otrosí al contrato de concesión de la Ruta del Sol II, que se convirtió en el as de la pesquisa judicial. (Lea: Nuevo contrato de Odebrecht enreda a los senadores Bernardo Elías y Antonio Guerra)

Otra declaración incluida en el expediente es la de del empresario y representante de la firma Sion, Gabriel Dumar Lora, también preso e igualmente rendido ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El testigo señaló que, al parecer, el senador Antonio Guerra de la Espriella habría recibido dineros de la empresa Odebrecht por las presuntas gestiones realizadas para la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica que debía beneficiar a la multinacional para la realización de las obras.

En este mismo proceso también son investigados el exsenador del Partido de la U Plinio Olano y el congresista Ciro Rodríguez Pinzón, del Partido Conservador. A ambos se les indaga por presuntamente haber recibido dineros de parte de la firma Odebrecht para la adjudicación en 2012 de proyectos que beneficiarían a la firma. Sólo que la situación del senador Guerra es más compleja por el presunto lobby que hizo ante la Superintendencia Financiera para conseguir beneficios para Odebrecht. (Le podría interesar: Los chats de Otto Bula que enredan a congresistas en los sobornos de Odebrecht)

“Los anteriores hechos podrían ser irregulares teniendo en cuenta que, al parecer, recibió dineros de la empresa por presuntas gestiones que realizó ante diferentes entidades estatales”, señala la decisión de la Procuraduría. Antes de tomar una decisión final, el Ministerio Público ordenó recolectar pruebas como la revisión de las visitas del senador Guerra a las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) desde el 2012 hasta el 2016, lo mismo que a la Superintendencia Financiera, a las instalaciones de Odebrecht y al Ministerio de Hacienda.

También se ordenó que se reciba la declaración del abogado Gabriel Dumar Lora y además revisar el chat de Otto Bula, prueba que se encuentra dentro del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el detenido senador Bernardo Miguel Ñoño Elías. El Ministerio Público dispuso adelantar un estudio de las finanzas del congresista Antonio Guerra y de sus parientes entre el 2012 y 2017, para determinar si existió un inusitado incremento patrimonial. El mismo estudio se realizará a los demás congresistas implicados en el caso.

No es la primera vez que una autoridad judicial le pone la lupa a un miembro de la familia Guerra. En 1995, cuando estalló el escándalo del proceso 8.000, para tratar de cortar los nexos entre el narcotráfico y la actividad política, por delaciones del empresario deportivo César Villegas, el entonces senador José Elías Guerra de la Espriella, más conocido como “Joselito”, hermano de Antonio Guerra, terminó condenado por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y estafa.

Un familiar de los Guerra también resultó cuestionado por vínculos con grupos paramilitares en el escándalo de la parapolítica: el excongresista Miguel de la Espriella, primo de Antonio Guerra, fue condenado por el delito de constreñimiento al elector. Dentro de los argumentos que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia para condenarlo estuvieron las declaraciones de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, quien advirtió que De la Espriella lo buscó para pedir apoyo político en sus zonas de influencia.

Julio César Guerra Tulena, exgobernador del departamento de Sucre (2012-2016), tampoco escapa a los señalamientos. Hoy está en la mira de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría por irregularidades en contratación durante su administración. Aunque para la justicia las conductas son individuales, es claro que, en política, el pasado no perdona. Los Guerra parecen en declive, pero siguen buscando el poder y se da por descontado que estarán en el debate electoral de 2018. (Le podría interesar: 2 congresistas y un exsenador serán investigados disciplinariamente por caso Odebrecht)