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La decisión de condenar a la excongresista Aída Merlano, cercana de la casa política de los Gerlein en el Atlántico, porque se comprobó que llegó al Capitolio formando una gran empresa de compra de votos, viene con varias sorpresas. Según las pruebas recolectadas por la Corte Suprema en el caso, habría indicios suficientes para asegurar que reconocidas figuras políticas de la Costa Caribe participaron del entramado delictivo de Merlano. Dos de ellos son el senador Arturo Char, hermano del alcalde de Barranquilla, Alex Char, y Julio Gerlein, empresario y hermano del exsenador Roberto Gerlein, a quienes el alto tribunal pide investigar por su presunta participación en estos hechos.
El fallo condenatorio de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema indica en 191 páginas el funcionamiento de la empresa de compra de votos por la que Merlano deberá pagar 15 años de prisión. En el fallo, se llega a una conclusión: Merlano “no tenía votos de opinión porque todos eran comprados”, como dijo un testigo. Además de las pruebas que incautó la Policía en el allanamiento a la sede de campaña de Merlano, conocida como la Casa Blanca (propiedad de Julio Gerlein, desde donde se coordinaban las operaciones), están los testimonios de dos personas que trabajaron en el entramado que constituyó la excongresista. Todo indica que en esta “empresa electoral” habrían participado varios grupos políticos del Caribe, siendo el más nombrado en la sentencia el de la familia Char.
Según la Corte, el complejo esquema de compra de votos que estableció y lideró Merlano es lo que lo hace una empresa criminal. Además de los líderes políticos, que estarían al mando de toda la operación, había coordinadores y líderes barriales que pagaban un anticipo de $15.000 por voto y, cuando recibían el certificado electoral y se corroboraba que habían votado por el candidato indicado, le pagaban al ciudadano entre $30.000 y $90.000. En los barrios, además, se arrendaban patios de las casas como centros satélites desde los que se vigilaba y recibía a los ciudadanos que comprometían sus votos.
“En la cúspide de la organización se encontraban particulares y funcionarios públicos, la mayoría políticos, entre ellos la acusada; luego figuraban los coordinadores y líderes de la comunidad quienes se encargaban de conseguir los votantes dispuestos a recibir dinero por el sufragio para los diferentes cargos de elección popular; y por, último; los didactas y punteadores, dedicados a ilustrar a los electores de cómo sufragar y controlar el número de votos obtenidos”, añadió el alto tribunal sobre el funcionamiento de esta organización.
Al parecer, la empresa criminal estaría funcionando desde hace un buen tiempo. La Corte, sin embargo, solo pudo investigar las últimas dos elecciones legislativas y concluyó: “En lo que tiene que ver con la participación de la acusada (Merlano), la organización logró elegir como senador para el periodo 2014-2018 a Roberto Gerlein, y a la Cámara además de la acusada, a Laureano Augusto Acuña; como diputada a la Asamblea por el departamento del Atlántico fue elegida en octubre de 2015, Margarita Ballén, y para el Concejo Municipal de Barranquilla, Jorge Luis Rangel, Aissar Castro y Carlos Rojano, segundo esposo de (la excongresista) Merlano Rebolledo”.
Para las elecciones más recientes, Gerlein le heredó su curul en el Senado a Merlano y la organización habría decidido apoyar la candidatura de la aspirante por Cambio Radical, Lilibeth Llinás. Es aquí que entra al ruedo la familia Char, pues a pesar de que es mencionada una y otra vez en abstracto en el fallo, el hecho más concreto de su supuesta participación en el entramado criminal es una reunión que el senador barranquillero Arturo Char sostuvo con Merlano y otros miembros de esta empresa en octubre de 2017. "Allí se concertó el apoyo que ofrecerían los dos clanes políticos para que la aforada (Merlano) llegara al Senado y a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás”.
Supuestamente Julio Gerlein, un asiduo contratista de la Alcaldía de Barranquilla, era el “músculo financiero” de la organización, según revelaron los testimonios. Por lo que pudo determinar la Corte, “la mayoría de estas personas (los candidatos) fueron financiadas económicamente por el empresario barranquillero Julio Gerlein, quien presuntamente haría parte del entramado criminal, y que entre otros propósitos, tenía el de lograr que su hermano Roberto permaneciera en el poder, ya que venía ocupando el cargo de Senador desde hacía varios periodos”.
De todas estas actividades darían cuenta, además de los testimonios, los documentos, computadores y demás elementos que se encontraron al allanar la Casa Blanca, desde donde se coordinaban las operaciones. Entre lo que se encontró allí, estaban, por ejemplo, computadores, certificados electorales, fotocopias de cédula de ciudadanía de votantes, listados de personas con número de cédula y códigos QR, contratos de arrendamiento de las terrazas de las casas, armas de fuego y dinero en efectivo”. Además, existen videos en los que la congresista claramente expresa en su sede de campaña que los $1.300 millones que tiene para la campaña no le alcanzan para pagar los votos y los patios, sino que necesita alcanzar los $2.300 millones.
Por todo esto, la Corte concluyó que Merlano “era consciente de la compra de votos y del empleo de los recursos necesarios para hacerlo”. Además, el alto tribunal aclaró que “no se trató de meras actividades proselitistas consistentes en entregar a los líderes gastos de representación, transporte, reparto de sancochos o manejo de cuentas como lo aseguró la procesada (Merlano). Se conformó una verdadera empresa criminal bien organizada, con estructura administrativa y financiera para la compra de votos para alcanzar representación política en distintos órdenes”