Senadora Piedad Zuccardi solicitó libertad provisional

La senadora fue llamada a juicio por su presunta participación en el delito concierto para delinquir.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la defensa de la senadora Piedad Zuccardi de García solicitó que se le otorgue libertad provisional en el marco del proceso que se le adelanta por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

En el documento se indica que la congresista del Partido de la U fue privada de su libertad con medida de aseguramiento el pasado 23 de febrero, señalando que a la fecha se encuentra superado el término establecido en el artículo 365 numeral 4 de la ley 600 de 2000". (Ver Los dos testimonios "claves" en la Corte sobre caso Piedad Zuccardi)

En este sentido se considera que han transcurrido más de 240 días sin que se hubiera emitido la resolución de acusación, indicando que hasta la fecha no se les ha comunicado de manera oficial el llamado a juicio.

"Se nos informó que el expediente se encontraba desde el 23 de septiembre de 2013 al despacho", precisa uno de los apartes del documento radicado ante el alto tribunal. (Ver El expediente Piedad Zuccardi)

Para el abogado William Adán Rodríguez Castillo, la senadora ya cumplió con "el factor objetivo para acceder a su libertad provisonal".

El llamado a juicio

Desde que cayó en el radar de la Corte Suprema de Justicia por cuenta de la parapolítica, Piedad Zuccardi ha insistido en que contra ella no hay prueba alguna. Que los testigos en su contra son de oídas. Que nadie pudo haberla visto en reuniones non sanctas con paramilitares, pues ella nunca asistió a ese tipo de encuentros. Que los análisis sobre su caudal electoral han sido erróneos. La Corte Suprema, sin embargo, no acogió sus argumentos. Al contrario, acaba de llamarla a juicio por presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia.

En un escueto mensaje de su oficina de prensa, el alto tribunal confirmó que había emitido resolución de acusación contra esta baronesa política de la Costa Caribe como presunta responsable del delito de concierto para delinquir agravado, por sus posibles vínculos con grupos armados al margen de la ley. Para hacerlo, la Fiscalía se basó en los testimonios de exparamilitares como Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ y Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, excomandantes del bloque Héroes de los Montes de María, así como del exjefe ‘para’ Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’.

Según ‘Diego Vecino’ y ‘Ernesto Báez’, Zuccardi estuvo implicada en dos reuniones para definir con los paramilitares qué candidato a la Gobernación de Bolívar recibiría su ‘bendición’ para las elecciones de 2003. De acuerdo con ellos, la organización ilegal se inclinó por Alfonso López Cossio, quien tenía supuestamente el respaldo de Zuccardi y de su esposo, Juan José García Romero. 'Juancho Dique’ sostuvo, además, que al asegurar el respaldo para López Cossio –quien fue derrotado por Libardo Simancas–, los García Zuccardi aseguraron de paso el apoyo de los ‘paras’ para Zuccardi también.

Zuccardi se ha defendido de las acusaciones y ha reiterado que los paramilitares nada tuvieron que ver con su llegada al Congreso de la República, escaño que obtuvo por primera vez en 1998 luego de que su esposo hubiera sido investigado y absuelto por malversación de auxilios parlamentarios. En una entrevista reciente, divulgada en el portal www.zuccardipiedad.com, la excongresista aseguró que en 1998 ella obtuvo 38 mil votos y que en esa época todo el que incursionaba en la vida política obtenía esa cantidad de sufragios.

Ella ha insistido en que la Policía Judicial ha analizado sus elecciones de manera errónea, y que su caudal político creció por sus actuaciones y no por nexos con grupos ilegales. Pero la Corte Suprema considera que algunas reuniones con paramilitares, en las que ella habría participado, habrían influido considerablemente en que, entre otras cosas, Zuccardi fuera la quinta senadora del Partido de la U con más votos: 65.785, casi el doble de lo obtenido en 1998.

Esas reuniones son las de Pueblito Mejía, en la que según ‘Ernesto Báez’ se pactó el apoyo a Alfonso López Cossio, la de Ñanguma (en el pueblo de María La Baja), la de la finca Los Manguitos, o en Casaloma (municipio de Arjona, Bolívar). La exsenadora ha negado tales encuentros. Se puso también en tela de juicio una reunión entre Zuccardi y Carlos Castaño: según la Corte, ese contacto tenía como fin impedir un despeje en el sur de Bolívar para negociar con el ELN. Según la excongresista, ella estuvo en esa reunión como delegada institucional del Senado, y por eso mismo había participado en reuniones con líderes del ELN.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró el año pasado desde Estados Unidos que la única reunión de la que tenía razón con respecto a Piedad Zuccardi era la que se había organizado para discutir un eventual proceso de paz con las autodefensas. La Corte, sin embargo, cuenta además con una grabación en la que se discute que el esposo de Zuccardi, Juan José García Romero, andaría “buscando limpiarse” junto con su esposa de los nexos con los ‘paras’. Zuccardi insiste en que no existe prueba contundente en su contra. “Yo anhelo volver al Senado de la República, me quedaron cosas pendientes por hacer”, dijo en la entrevista divulgada en su portal el pasado 14 de octubre.