“Seremos el brazo científico de la Comisión de la Verdad”: Director de Medicina Legal

Carlos Valdés reveló que hay una situación complicada por la falta de recursos. Sin embargo, sostuvo que el instituto será pieza fundamental del posconflicto en el trabajo con las víctimas.

El médico Carlos Eduardo Valdés confía en las capacidades de Medicina Legal para enfrentar el posconflicto. / Foto: Archivo.
El médico Carlos Eduardo Valdés confía en las capacidades de Medicina Legal para enfrentar el posconflicto. / Foto: Archivo.

“En el Instituto de Medicina Legal tenemos que construir la memoria histórica y científica del conflicto armado en Colombia”. Esa es la gran apuesta del director Carlos Valdés, quien le contó a El Espectador los nuevos retos que asumió la institución en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana y el rol que jugará en el posconflicto. Sin embargo, el principal lío es la falta de recursos, pues tan solo hacen presencia en el 9.2% del territorio nacional –algo más de 120 municipios– y necesitan alrededor de $400 mil millones y de 370 funcionarios. Y para rematar, este año le redujeron el presupuesto a $260.00 millones.

En múltiples oportunidades el doctor Carlos Valdés viajó a La Habana para finiquitar los detalles del papel del Instituto de Medicina Legal en el tema de víctimas y la construcción de un sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición. La primera misión que le dieron quedó establecida en el comunicado #62 del 17 de octubre de la mesa de negociaciones de paz: “Con el fin de aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas (…) poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto”.

Las labores de búsqueda e identificación se iniciaron luego de que comandantes de las Farc dieran información a la Cruz Roja sobre la ubicación de algunos cuerpos de miembros de la guerrilla que murieron en combates o tras un consejo de guerra. Igualmente, la orden se dio con el objetivo de avanzar en la creación de la Unidad de Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, uno de los puntos más relevantes en el marco de atención a las víctimas durante el posconflicto. Según Valdés, el rol del instituto sería adelantar el trabajo científico para buscar, exhumar, analizar, identifica y entregar los restos de los desaparecidos.

El director de Medicina Legal explicó que otro de los grandes retos se los planteó el punto cinco del acuerdo final de los diálogos de paz: “ser el brazo científico de la Comisión de la Verdad”. Es decir, ser el organismo que adelante la labor investigativa, verifique los hechos, compruebe que los testimonios de los desmovilizados, las víctimas y distintos actores del conflicto. Valdés aseguró que no se busca reemplazar a la Fiscalía. “Se tendrá que cambiar el chip de que el médico forense solo puede actuar a través de una orden judicial, pues se tiene que entender que la investigación penal estará en cabeza de la Fiscalía y el trabajo humanitario, de identificación y entrega de restos, en cabeza de Medicina Legal”.

Sin embargo, Valdés manifestó que habrá ocasiones en los que la labor humanitaria se vea desbordada y por obligación las investigaciones pasen a tener un tinte penal, por lo que quedarían en manos de la Fiscalía. Agregó que la gran necesidad es que luego de que la Comisión de la Verdad saque su informe final, sus conclusiones e investigaciones tengan una base científica que permita a las autoridades robustecer los expedientes judiciales que se presentarán en un marco de justicia transicional. Por eso se habla de un trabajo interdisciplinar entre médicos, antropólogos, sicólogos y sociólogos.

Y puntualizó en que el objetivo de Medicina Legal en la Comisión de la Verdad es evitar repetir los errores de Justicia y Paz: “Ya tenemos una experiencia con el modelo de Justicia y Paz, el cual mostró grandes deficiencias. Desde un principio se obtuvo una gran cantidad de testimonios que no se verificaron, que nunca se investigaron. El decir de los postulados terminó siendo lo único que se tenía en cuenta y nunca se verificó científicamente. Además, las víctimas no fueron escuchadas y estamos convencidos de que este proceso pone de presente la reparación a al víctimas, que solo se va a lograr si se construye una verdad científica”.

Para el académico Michael Reed, uno de los expertos que ha sido consultado por las Naciones Unidas en temas de violaciones a los derechos humanos en el marco de un conflicto, explicó que el rol de Medicina Legal es de gran importancia porque las ciencias forenses juegan un gran papel a la hora de reconstruir el pasado. “La necesidad de que las ciencias forenses se pongan al servicio de las víctimas es fundamental para lograr dosis de verdad, justicia y reparación. Frente a las ejecuciones y desapariciones forzadas el rol será esencial para que se pueda a través de mecanismos técnicos se reconstruya el pasado, se hagan búsquedas, exhumaciones e identificaciones de personas desaparecidas durante décadas”, le dijo Reed a El Espectador.

“Las víctimas, las organizaciones, los colectivos y la academia van a ayudar con el trabajo forense. Es decir, no se van a excluir a las víctimas porque todo lo que se está construyendo –protocolos, procedimientos de entrega de restos, recolección de muestras genéticas, cotejo de datos, etc. – se les está consultando. Es un trabajo que ya se empezó, sin esperar la firma del acuerdo. El Instituto convocó a todos los estamentos colombianos, y respondieron hasta algunos de nivel internacional, para definir los estándares mínimos para la búsqueda, recuperación, identificación y entrega de los desaparecidos. Así evitaríamos hechos de revictimización”, puntualizó Carlos Valdés.

Una de las principales propuestas de Medicina Legal es construir la memoria del conflicto y de la paz a través de la sistematización de información forense. La principal apuesta es el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), en el cual se tendrán los registros de las personas declaradas como desaparecidas y los resultados de los análisis de los cadáveres que se vayan encontrando a lo largo del país. La segunda de base de datos es el Banco de Perfiles Genéticos que se fortalece con la participación de los laboratorios de genética de la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal.

Y finalmente se quiere crear el Sistema de Cíclico de Clínica Forense, una base de datos en la cual buscan integrar todas las valoraciones –tanto sexológicas como de tortura, de tratos crueles inhumanos y degradantes– de las víctimas del conflicto. En pocas palabras, la idea es que cree un registro único y la historia clínica. “La gran apuesta es que estas bases de datos sean la memoria de la violencia. Se necesita que Medicina Legal diagnostique el fenómeno de la violencia para poder decir si la víctima fue asesinada, torturada o sometida a violencia sexual. Es decir, tener una verdad científica que se debe almacenar y divulgar. Y finalmente, que se genere un rechazo social frente a esa violencia y que se convierta en la garantía de la no repetición. Las bases de datos ya están funcionando y el Estado colombiano no parte de cero”.

Pero la gran dificultad a la que se enfrenta Medicina Legal es a la falta de recursos. Carlos Valdés insistió que al instituto no le hace falta capacidad técnica ni talento humano, sino aumentar su personal y presencia en el país. Por eso habla de un plan a cuatro años, en el que poco a poco a la institución ingresen 370 funcionarios. “Imagínese, la Fiscalía hace presencia en alrededor de 439 municipios y Medicina Legal apenas en 129. Y estamos hablando de llegar a zonas donde es latente el conflicto y las zonas de campamento en las que se establecerán las Farc”, indicó Valdés.

Y es que en Medicina Legal consideran que su función con los guerrilleros que se desmovilizarán y entregarán las armas es de gran importancia, pues los forenses serán los llamados a realizar un diagnóstico de las condiciones en las cuales se desmovilizan y atendiendo cuestiones de enfoques de género. “No tenemos miedo, a pesar de que no nos den recursos. Tenemos confianza en nuestros funcionarios, el trabajo habla por nosotros. Esas personas que no han querido darnos recursos, nos los tendrán que dar. O la misma comunidad internacional también creo que lo hará”, concluyó el director de Medicina Legal”.

Al interior del Instituto se están pensando una serie de reformas administrativas para lograr ser más autónoma e independiente. Entre los proyectos está crear una dirección del posconflicto. Además, buscan fortalecer las unidades que responden a los retos diarios y a combatir las dinámicas actuales de la criminalidad. Una necesidad que el académico Michael Reed plantea, pues “el problema es que el país continúa necesitando que sus instituciones sigan respondiendo a los retos de la criminalidad organizada. Es fundamental tener la capacidad ampliada para concentrarse hacía el pasado y develar lo que ha sido escondido. Sin embargo, cuando la demanda actual y la perspectiva futura sigan atadas a violencias de dinámicas colectivas y crimen organizado, las demandas son mayores. El Instituto de Medicina Legal debe ampliar su capacidad técnica. Todo bajo un riesgo de seguridad”.

 

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