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En el imaginario de los colombianos está grabado el nombre de Servientrega. Son millones los que han usado sus servicios para enviar sus encomiendas a cualquier zona del país. Desde comienzos de los años 80 sus propietarios, los integrantes de la familia Guerrero, montaron una de las compañías más estables y de proyección económica que, hoy, por disputas judiciales tienen en el ojo del huracán. La situación no es de poca monta: su presidenta, Luz Mary Guerrero, fue capturada el pasado 4 de octubre por su relación con la firma Mossack Fonseca. Es decir, con el escándalo de los “Panama Papers”. (Le puede interesar: Fiscalía imputó cargos a cinco personas por caso “Panama Papers”)
Luz Mary Guerrero pasó de la posición de gran empresaria a ser parte del listado de 19 personas investigadas por una serie de actividades ilegales que se habrían cometido desde la firma panameña Mossack Fonseca, al parecer, para cometer delitos que afectaron la fe pública y patrimonios económicos de particulares.
Según el ente investigador, la firma Mossack Fonseca “ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un entramado financiero y societario, que tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”, dijo el fiscal delegado para el caso. El propósito: sacar recursos de Colombia para cuentas offshore y así poder ocultarlos.
El papel de la socia de Servientrega
En este primer paquete de involucrados, la presidenta de Servientrega, Luz Mary Guerrero, en cuentas del ente investigador, fue quien más movió dinero ilegalmente. Se calcula que habrían sido US$4,5 millones (unos $13.000 millones) que fueron a parar a sus cuentas personales en Panamá y Estados Unidos. Aunque, de momento, la Fiscalía descarta comenzar un proceso de extinción de dominio a sus bienes. (Puede ver: 19 personas investigadas: el primer efecto en Colombia de los "Panama papers")
En la diligencia de imputación de cargos, la empresaria Luz Mary Guerrero no estaba sola. Con ella fueron detenidos Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. (Efecty) y Circulante S. A.; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S. A.; Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo Ltda. y Circulante S. A. y el ecuatoriano Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia. Mientras la Fiscalía leía las pruebas en su contra, los detenidos mostraron una actitud de burlas y risas.
Entre las pruebas, el fiscal hizo referencia a contratos que se habrían realizado para la citada refacturación. Uno de ellos correspondía al año 2013, por US$360.000, y se habría firmado entre Circulante S. A. y una compañía de Costa Rica con el objeto de hacer una evaluación de la política de pagos. Objeto falso, asegura hoy la Fiscalía. “Ustedes manipulaban los contratos, decían qué nombre debía ir para cada empresa de las offshore”, dijo el fiscal al señalar que ese pago se hizo en el lapso de seis meses a través de seis facturas de US$60.000 cada una. Una vez se realizaba ese procedimiento financiero, Mossack Fonseca descontaba un tres por ciento de los dineros por su participación y les devolvía el resto del dinero a cuentas en el extranjero.
Por estos hechos la Fiscalía imputó cargos a Luz Mary Guerrero de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Sara Guavita y Jorge Sánchez Amado; tendrá que defenderse por los cargos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. (En contexto: La disputa familiar por Servientrega)
Marta Inés Moreno, contadora de Efectivo Ltda. y Circulante S. A. tendrá de responder por falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Por último, la Fiscalía le indilgó al ecuatoriano Juan Esteban Arellano, los cargos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Lo cierto es que este es sólo el principio de una fase judicial que tendrá más implicados. Fuentes del ente investigador le confirmaron a El Espectador que ya iniciaron indagaciones en contra de los abogados y contadores que asesoraron a las sociedades para realizar las actividades ilegales con Mossack Fonseca & Co. “Se está investigando a las firmas de abogados que utilizaron a la compañía panameña para la comisión del delito”, aseguró una fuente cercana a la investigación. Asimismo, está pendiente el proceso contra empleados de siete empresas relacionadas con actividades como compraventa de mercancía, automotriz, textiles y químicos.
Una disputa familiar
Antes de su detención esta semana, la empresaria Luz Mary Guerrero ya enfrentaba otro lío judicial: una disputa por la distribución accionaria de su emporio empresarial, el cual es desde 2013 patrocinador de la selección de Colombia.
El enfrentamiento familiar comenzó en noviembre de 2008, cuando Carlos Julio y Purificación Guerrero (quien murió en 2014) demandaron a sus hermanos por el supuesto incumplimiento de un acuerdo para transferirles el 5 % de las sociedades que integran Servientrega S. A., con extensión a los negocios en Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y Panamá. Aunque la demanda contra Jesús y Luz Mary Guerrero no especificaba la cuantía de su reclamo, se calculó en $186.000 millones.
Como contó este diario en 2015, la base de la demanda advierte que, en 1996, cuando Servientrega era la compañía de mensajería, entregas y despachos líder en el país, las ofertas accionarias hechas por Jesús -hoy candidato presidencial- y la detenida Luz Mery Guerrero no se concretaron. A los hermanos no se les reconoció una participación en el capital de la compañía, pero con posterioridad recibieron beneficios personales extraordinarios, distintos a los laborales, como personal de escolta, gastos de vehículos blindados u otorgamiento de tarjetas de crédito, todos derivados de su actividad en la sociedad. (Vea: Fundador de Servientrega también va por la Presidencia)
Han pasado 11 años y esta disputa familiar aún no ha sido resuelta. Un juez deberá definir si concede los derechos patrimoniales que alega Carlos Julio Guerrero. Al tiempo, este lunes se definirá si Guerrero es enviada a prisión mientras la investigación continúa.