“Sí había connivencia con los paramilitares”

Ángela Ramírez, delegada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, confirmó hace unos días ante la Corte IDH que la Fuerza Pública participó en dos de los crímenes que sufrió la familia Omeara.

José David Escobar moreno
07 de junio de 2017 - 03:53 a. m.
Ángela Ramírez también representó al Estado ante la Corte IDH en el caso de la periodista Jineth Bedoya. / Archivo particular
Ángela Ramírez también representó al Estado ante la Corte IDH en el caso de la periodista Jineth Bedoya. / Archivo particular

El 28 de enero de 1994, José Sepúlveda, secretario privado del alcalde de Aguachica (Cesar), fue asesinado mientras almorzaba en un restaurante del casco urbano. En esos mismos hechos, Noel Emiro Omeara, un ganadero de la región que almorzaba con Sepúlveda, resultó gravemente herido y falleció el 26 de agosto de ese mismo año. Un mes después de la muerte de Omeara, su hijo Manuel, que buscaba descifrar por su cuenta el asesinato de su padre, fue desaparecido, torturado y ejecutado. Dos meses luego de esa desaparición forzada y un mes después de que se encontrara su cadáver, su suegro, Héctor Álvarez, fue víctima de un atentado que lo dejó parapléjico.

Por estos hechos, la familia Omeara y el Estado se han sumergido en una gran disputa desde 2002, cuando el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: los primeros acusan a la Fuerza Pública de participar en los crímenes y de tener nexos con los paramilitares. Ahora, en la recta final del proceso internacional, el Estado admitió lo que desde un principio la familia Omeara alegaba. La representante del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ángela Ramírez, le contó a El Espectador cómo se llegó a esas conclusiones y las implicaciones para el Estado de este reconocimiento.

A grandes rasgos, ¿en qué consistió la intervención del Estado ante la Corte IDH?

En la primera parte le pedimos a la Corte que no incluyera a José Sepúlveda, por cuanto la Comisión no encontró pruebas de que el secretario privado del alcalde de Aguachica fuera víctima del caso. Además, la Comisión no lo incluyó en su informe. Asimismo se pidió que se excluyera a los familiares de Sepúlveda y a otras personas que la Comisión omitió también en su informe del caso. En la segunda parte nos centramos en los puntos en donde el Estado no había reconocido responsabilidad. Ahí aceptamos responsabilidad en la muerte de Noel y Manuel Omeara, basados en todas las pruebas que se encuentran en los expedientes que maneja la justicia ordinaria.

¿Cómo se explica que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado haya encontrado responsabilidades en un escenario internacional mientras la justicia ordinaria no, después de 22 años de haberse cometido los crímenes?

Creo que hay que diferenciar la responsabilidad del Estado de la responsabilidad penal individual. En el primer caso se señala que sí hubo participación de agentes del Estado, por el trabajo que durante estos años realizó la Fiscalía, sin que a la fecha se haya logrado individualizar a algún uniformado. Sólo se necesita que un agente del Estado haya participado en unos hechos concretos para que el Estado reconozca responsabilidad a nivel internacional. Con lo que existe en los expedientes es suficiente para concluir que el Estado sí participó. Lo que no podemos concluir es quién fue, a qué organismo pertenecía y cuál fue su grado de responsabilidad. A nivel interno, y más en materia penal, tienen que existir suficientes pruebas para que la justicia pueda individualizar y sancionar a las personas involucradas. Así como lo manifestó el fiscal ante la Corte IDH, han existido diferentes obstáculos para individualizar a los agentes estatales de este crimen.

¿Cuáles han sido esos obstáculos?

En la audiencia pública ante la Corte, el fiscal señaló que la existencia de varias hipótesis en los tres casos ha sido uno de los obstáculos a la hora de la investigación. Corroborarlas ha sido muy difícil. Mucho del material probatorio eran testimonios de los familiares de las víctimas, que tenían varias contradicciones en las declaraciones. También, algunas de las personas que hacían parte de la investigación han muerto.

Tras esta aceptación de responsabilidad, ¿el Gobierno va a reparar a la familia Omeara?

Primero tendremos que esperar a que la Corte defina el grado de responsabilidad por parte del Estado. Con esa decisión sabremos si se tiene que hacer un evento público de responsabilidad, el cual tiene que ser acatado y concertado con las víctimas. El Estado colombiano hizo una manifestación en la que les pidió perdón a los familiares durante la pasada audiencia. Sin embargo, es posible que la Corte encuentre necesario hacer otro acto público de responsabilidad que se haga con base en las conclusiones de la Corte. Puede ser que la Corte llegue a las mismas conclusiones a las que llegó el Estado colombiano o diga que hay otras responsabilidades que no estaban cubiertas por este reconocimiento. El acto público se haría después de que la Corte emita la sentencia. Nosotros creemos que este reconocimiento ya hace parte de la reparación de la familia Omeara.

Este reconocimiento por parte del Estado es un espaldarazo para que las investigaciones internas por fin avancen...

Es muy probable. Hay que aclarar que las investigaciones a nivel interno no se han suspendido y ese es uno de los argumentos que tiene el Estado a su favor. El Estado ha sido diligente en investigar, así hoy no se tenga resultados concretos.

¿Cómo se puede hablar de diligencia en la investigación de los crímenes por parte del Estado si pasaron más de dos décadas sin que se encuentren responsables?

Porque la obligación de investigar es de medios y no de resultados. El Estado a nivel internacional solo debe demostrar que agotó todos los recursos para investigar y esto es lo que sucedió. Ser diligente no significa que el Estado tiene que llegar a unas conclusiones y a unos responsables concretos. 

En las investigaciones de la Fiscalía, ¿la Agencia encontró las presuntas conexiones de la Fuerza Pública con los paramilitares de Juancho Prada en Cesar?

La Fiscalía tiene tres investigaciones: por la muerte de Noel Omeara, por la desaparición de Manuel Omeara y por el atentado y la posterior muerte de Héctor Álvarez. Adicionalmente hay una investigación que se desarrolla en el marco de Justicia y Paz. En las dos primeras, que son en las que el Estado reconoció responsabilidad, la documentación de la Fiscalía apunta a que existía connivencia con los grupos de autodefensa para el momento de los hechos. Por ese material, más las condenas en la justicia interna que existen contra funcionarios de la Fuerza Pública por sus alianzas con el paramilitarismo, pudimos concluir la alianza.

Por José David Escobar moreno

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