"Si quieren dejarme sin seguridad pues háganlo": Alejandro Ordóñez

El exprocurador General aseguró que le intersa "un bledo" si el Gobierno y las autoridades encargadas le retiran a los policías y los vehículos blindados.

“Me interesa un bledo tener un solo policía, un solo funcionarios de la Procuraduría, o un solo carro, me los puede quitar puesto que no los estoy pidiendo, no los he solicitado”, de esta manera el exprocurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le salió el paso a los cuestionamientos que han recaído en las 24 horas en su contra tras conocerse una resolución que expidió durante su administración para mantener una vez fuera del cargo su esquema de seguridad. 

En entrevista con BluRadio, Ordóñez Maldonado aseguró que es decisión de las autoridades decidir si él junto a su familia continúan con un esquema de seguridad. Esto se hace, explicó, según un estudio de seguridad que se le realiza cada año. El exjefe del Ministerio Público consideró que en ningún momento pidió que se le dejaran los escoltas y carros blindados.

“Se equivocan conmigo, yo no pretendo ostentar absolutamente nada, si el Gobierno Nacional quiere suspenderme los esquemas pues que lo haga”, precisó al señalar que nunca estuvo de acuerdo con ese esquema pero debido a los “gajes del oficio” y a los riesgos y amenazas se mantuvo el mismo esquema cuando salió de la Procuraduría General por decisión del Consejo de Estado que anuló su reelección.

Rechazó los señalamientos sobre el hecho que la resolución 327 del 9 de agosto de 2013 fue para beneficio propio y de su familia, desmintiendo que tenga actualmente 16 vehículos blindados a su servicio y su esposa y tres hijas cuenten con seis carros. “Son 12 carros o 13 carros, porque la obligación es la seguridad para el Procurador y su familia”.

“Puedo renunciar al esquema si así lo deseo”, precisó. Para Ordóñez Maldonado no es entendible el escándalo que se ha formado en torno a esta resolución que lo único que hizo, en su concepto, fue fijar un límite claro para el esquema de seguridad de sus antecesores en una clara política para proteger los recursos del Ministerio Público.

“¿Cuál es el escándalo?”

El exprocurador General aseguró que la resolución que emitió pocos meses después de posesionarse para un nuevo mandato al frente del órgano de control disciplinario cumplió lo establecido en la ley limitando la continuidad del esquema de seguridad de los anteriores exprocuradores generales y exfuncionarios de la Entidad.

Ordóñez aseguró que con esta decisión se puso punto final al esquema que tenía el exprocurador Edgardo Maya Villazón cuatro años después de abandonar el cargo. “Tenía vehículos en Bogotá y en Valledupar, y nos hicieron recortes para el combustible y me vi obligado a limitarlo en el tiempo”.

“Es un acto de prudencia gubernativa y administrativa la que hice”, precisó el exjefe del control disciplinario al justificar esta resolución frente a lo que consideró unos excesos en la Procuraduría. Resaltó que fue el mismo Maya el que tomó la decisión de suspenderle el esquema a Jaime Bernal Cuellar y Carlos Gustavo Arrieta.

“¿Cuál es el escándalo?”, se cuestionó Ordóñez frente al hecho que después de un mes de su salida de la Procuraduría General se le quiera hacer ese “farisaico escándalo”. Resaltó que no se puede hacer una comparación puesto que sus antecesores tenían otros niveles de seguridad.

Máximo riesgo de seguridad

“Yo no he solicitado un solo funcionario público para que me den mi seguridad”, aseguró en la entrevista radial al señalar que no es voluntad de él mantenerlo sino de los estudios que le ha hecho tanto la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) que establecen el tipo de esquema que se le debe brindar a cualquier funcionario dependiendo del riesgo.

Considera que su situación no se puede comparar con sus antecesores puesto que ellos tenían un nivel de riesgo diferente al suyo. Ordóñez sostuvo que no existió mala fe en la expedición de la cuestionada resolución sino todo lo contrario puesto que en la misma se fijó un estudio anual por parte de la Dirección de Seguridad de la Procuraduría General para que se revise su situación.

“Hay una mala fe frente a los que han elevado esa queja”, sostuvo el exprocurador al revelar que “se mantuvo el esquema hasta que el Estado provea la seguridad correspondiente, yo no lo estoy pidiendo o exigido, es un deber del Estado” debido a que su riesgo de seguridad fue calificado en el nivel máximo lo que obliga a que se mantenga su esquema. “Allí está el marco legal y normativo”.