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Desde hace 28 años, cientos de mujeres en todo el mundo celebran hoy el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. La iniciativa de conmemorar una jornada para exigir a sus gobiernos que se despenalice el aborto y se facilite el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, tiene este año una especial importancia en Colombia. Si bien hace 12 años se despenalizó el aborto en tres causales, hoy se discute en la Corte Constitucional la posibilidad de limitar el derecho de las mujeres a practicarse una interrupción voluntaria del embarazo solamente antes de la semana 22 de gestación.
El Espectador habló con la doctora María José Usach, coordinadora médica de la misión de Médicos Sin Fronteras en Colombia. Su experiencia, de más de 19 años en el campo humanitario y diez en el país, resulta crucial para entender de primera mano cuál es la situación actual del derecho de las mujeres colombianas a interrumpir sus embarazos y por qué sería tan problemático que la Corte impusiera más barreras para acceder a estos servicios de las que ya existen, especialmente en zonas como Tumaco y Buenaventura, territorios en donde Médicos Sin Fronteras ha desplegado su trabajo.
¿En qué zonas del país trabaja Médicos Sin Fronteras en temas de aborto?
Trabajamos en Buenaventura y Tumaco. Ahí es donde hemos visto las barreras que solemos documentar. Algunas son sistemáticas, como el desconocimiento de la sentencia de hace 12 años con la que se despenalizó el aborto. Seguimos encontrando que hay personas que no saben cuáles son las tres causales mediante las cuales se puede realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Y cuando se dan cuenta de ello, se sorprenden de que son ellos los que deben practicar los abortos.
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¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres para acceder al derecho de interrumpir voluntariamente sus embarazos?
Hay mucho desconocimiento de los profesionales. Esta sería una primera barrera que encuentran las mujeres. Otra que es sistemática es la objeción de conciencia. Ya sabemos que, por ley, los médicos pueden objetar conciencia, pues son ellos los que realmente hacen las intervenciones. Pero es algo que ya se generalizó y que incluso utiliza el personal administrativo, enfermeras o farmacéuticas, o la misma institución prestadora de servicios de salud. Esto no puede suceder.
¿Hay otras barreras?
Sí. Muchas mujeres nos cuentan que cuando llegan a los centros de salud, quienes las atienden las tratan de convencer de no abortar y les dicen que tienen otras opciones. El asesoramiento que se tiene que dar en este tipo de casos debe ser neutral y objetivo, para que la mujer sea quien tome la decisión. También nos han contado que cuando niñas menores de edad piden que se les interrumpa su embarazo, el personal de salud les exige la autorización de los papás, cuando la ley dice que no se necesita ese aval. Y tenemos situaciones en las que las instituciones objetan conciencia, y lo grave allí es que, en estas zonas de Colombia, esta puede ser la única entidad del territorio que presta servicios de salud.
¿Por qué trabajan en Tumaco y Buenaventura?
Porque son dos sitios históricos para nosotros. Llevamos muchos años en la zona y la elegimos porque son territorios sistemáticamente olvidados por las instituciones y en donde las interrupciones voluntarias del embarazo no se están realizando. Lo que nos encontramos es que ahora, con nuestro trabajo y sensibilización, parece que algunas instituciones ya están prestando los servicios. En estas zonas tenemos dos proyectos regulares: uno de salud mental, que es el principal. Allí nos enfocamos en la parte asistencial y consultas de psicología. Y el segundo es el de violencia sexual, en donde, inevitablemente, hemos tenido que trabajar el componente de salud sexual y reproductiva, enfocada en la interrupción voluntaria del embarazo.
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Y si una mujer en otra zona del país requiere de su atención, ¿puede acceder a ustedes?
También hacemos estos procedimientos con un equipo móvil, pero solo es para emergencias. Ahora estamos presentes en Norte de Santander, por el tema de la migración. Lo que es más complicado en estos casos es que no podemos realizar las interrupciones en zonas en donde no podemos garantizar una remisión, en caso de presentar complicaciones. Hagamos lo que hagamos con la población, vamos a mantener el eje de violencia sexual y atender las interrupciones voluntarias de embarazos.
¿Cuántos médicos se encargan de estos procedimientos?
En Buenaventura hay dos médicos en atención directa y tenemos a otra doctora repatriada, pero no puede practicar todavía. En Tumaco teníamos dos hasta hace poquito, pero ahora solo hay uno en atención directa. En el equipo móvil tenemos a otra médica.
En relación con otros países, ¿cómo ve a Colombia con respecto al derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo?
Yo la veo muy bien. La apertura de la legislación hace 12 años ha hecho que se avance mucho en el tema. Lo que pasa es que justamente en los lugares en los que trabajamos, donde está la población más vulnerable, es en donde es más es difícil acceder a estos servicios. Casi todo está centralizado en las grandes ciudades, y en donde la gente tiene menos recursos, información y acceso a servicios de salud es donde hay más barreras.
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En estos momentos, la Corte Constitucional libra una discusión trascendental para los derechos de las mujeres en el país. Allí se discute si se debe limitar la interrupción voluntaria del embarazo a las 22 semanas. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Si se limita más el aborto, se van a aumentar las barreras. Esto lo que hace es que obliga a que una mujer que está desesperada por terminar su embarazo busque alternativas que no son seguras, como abortos ilegales. Nosotros trabajamos a diario para prevenir precisamente esto. Tememos que si se limita más el aborto va a aumentar la morbilidad de las mujeres.
Usted que está a diario enfrentando la realidad de la aplicación de la sentencia de la Corte, ¿qué les diría a los magistrados que hoy quieren limitar la interrupción voluntaria del embarazo a la semana 22?
Que haya más barreras va a dificultar la interrupción voluntaria legal y segura. Lo que queremos es evitar muertes maternas por abortos inseguros.
¿Y qué le podría recomendar a las demás autoridades colombianas?
La formación es lo primero. Que todas las personas que deben prestar estos servicios sepan lo que están haciendo. Y este aspecto no puede quedarse en una presentación de Power Point y ya. Nadie nace enseñado y por eso debe ir más allá. Por ejemplo, en el acompañamiento de los médicos. También necesitamos mucha sensibilización y enseñanza de los valores frente al tema. Esto es lo más complicado, pero al final es crucial. Cuando se entiende que negar un servicio a una mujer que está desesperada con un embarazo no deseado puede llevar a un aborto inseguro, con todas sus complicaciones; ahí puede existir un cambio grande.
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