'Si tengo que ir a la cárcel por ese fallo, voy feliz'

Muy molestos están los magistrados que tomaron la decisión de tumbar las megapensiones después de enterarse de que fueron llamados a indagatoria.

Juan Carlos Henao, el rector del Externado, deberá rendir indagatoria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. / David Campuzano

El llamado a indagatoria de dos magistrados de la Corte Constitucional y tres conjueces que en mayo de 2013 tumbaron las megapensiones de excongresistas y exmagistrados tiene indignados a muchos y satisfechos a otros. Tal como lo reveló El Espectador en su edición del pasado domingo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes vinculó el 3 de abril a una investigación penal a los magistrados Jorge Pretelt y Luis Guillermo Guerrero, y los conjueces Juan Carlos Henao, Manuel José Cepeda y Alejandro Venegas. Estos cinco juristas determinaron que ninguna pensión en Colombia podía superar los 25 salarios mínimos, que hoy equivalen a $15’400.000.

Distintos expertos consultados por este diario se mostraron asombrados por la decisión del representante investigador Constantino Rodríguez, quien consideró que la decisión de la Corte pudo haber vulnerado “el ordenamiento jurídico penal” y, en ese contexto, ordenó que estos cinco reputados abogados se presentaran a rendir indagatoria en su despacho en diligencias que deberán llevarse a cabo entre el 8 de mayo y el 19 de junio. La tesis que investiga Rodríguez es si la Corte se extralimitó al ponerles un tope a las megapensiones y afectar las que ya había de manera retroactiva.

Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y hoy rector de la Universidad Externado, deploró la decisión del Congreso de llamarlos a indagatoria y, en diálogo con Blu Radio, manifestó que a muchos les ha chocado que unas pensiones de más de $20 millones se bajen de un momento a otro a $14 millones, pero que ello no obedeció a una decisión arbitraria o ilegal sino a una interpretación constitucional que en ninguna manera puede ser objeto de sanción penal. “Llamar a indagatoria es como si hubiéramos cometido un delito. La acusación es de prevaricato por haber tumbado las megapensiones, y un prevaricato supone una intención”, se quejó Henao desde Francia.

Del mismo modo explicó que el debate que concluyó con la decisión de ponerles tope a las pensiones millonarias duró más de tres sesiones y en largas horas de discusión se llegó a esa determinación, teniendo en cuenta múltiples variables, pero sobre todo la desproporción que representan semejantes privilegios para unos pocos en un Estado tan inequitativo como Colombia. “Es un problema estrictamente económico. No se están violando derechos adquiridos y eso está perfectamente explicado en el fallo. Perdóneme que le diga esta frase un poco mediática: si tengo que ir a la cárcel por haber sacado ese fallo, voy absolutamente feliz y tranquilo de conciencia”.

Este diario intentó hablar con los demás implicados en el escándalo, pero algunos no quisieron responder públicamente a la vinculación penal que se les formuló y otros sencillamente no contestaron las llamadas. Una fuente de la Corte, sin embargo, le contó a El Espectador que la decisión tomada hace casi un año no constituye prevaricato porque aquello sería, ni más ni menos, penalizar una interpretación jurídica suficientemente sustentada, aunque a muchos les disguste. “Cualquiera se pone bravo cuando se meten con el bolsillo de la gente, pero de ahí a amenazar con una investigación penal o con la posibilidad de ir a prisión es una locura. La Comisión tiene derecho a investigar porque los magistrados no tienen inmunidad”, sostuvo la fuente.

Y añadió: “El día en que un juez saque una sentencia porque sí, sin argumentación alguna, ahí sí se puede configurar un prevaricato, pero este no es el caso”. En general, a muchos les causó sorpresa e indignación la decisión del representante Constantino Rodríguez. En la otra orilla, los denunciantes Pablo Victoria y Germán Huertas, dos excongresistas que vieron reducida su pensión en casi $7 millones mensuales, están convencidos de que los magistrados sí violaron tratados internacionales y los derechos adquiridos al momento de su jubilación. Su abogado, Ricardo Cifuentes, también terció en el debate para recalcar que estos cinco magistrados tienen que dar explicaciones.

El debate está servido. Los magistrados que tomaron la decisión sobre las megapensiones dicen estar tranquilos, pero al mismo tiempo bastante incómodos. Sienten una especie de acecho judicial con cierto tufillo político. Del otro lado se asegura que cometieron delitos y que deben responder por ellos. El primero que deberá comparecer ante la Comisión el próximo 8 de mayo es el exmagistrado Manuel José Cepeda Espinosa, de quien los denunciantes advierten que jamás se declaró impedido a pesar de que tiene contratos como asesor de la Casa de Nariño por más de $3.000 millones.

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