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Pocos días antes de que se acabara el 2020 llegó una de las decisiones judiciales más esperadas: el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, sancionó a la constructora Odebrecht, así como a Corficolombiana, a Episol; y a la concesionaria Ruta del Sol y a cuatro personas naturales por los sobornos que se pagaron por su rol en el esquema de sobornos con el que la gigante brasileña logró hacerse al contrato de la Ruta del Sol 2. Las multas de los diez sancionados suman $295.000 millones.
(En contexto: Caso Odebrecht en la SIC: sugieren sancionar a Odebrecht y a Corficolombiana)
Según la decisión de la SIC, la Constructora Norberto Odebrecht S.A.; Odebrecht Participações E Investimentos S.A. (conjuntamente Odebrecht); la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana); Estudios Y Proyectos Del Sol S.A.S. (Episol); la Concesionaria Ruta Del Sol S.A.S. en Liquidación (concesionaria) y el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales idearon y desplegaron un sistema restrictivo de la libre competencia para adjudicar y ejecutar el contrato de la Ruta del Sol 2.
Este esquema ilegal, “en una primera fase, incluyó un acuerdo anticompetitivo que les permitió garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la concesionaria”. Y, en una segunda fase, “consistió en una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó través de la instrumentalización de diferentes contratos, lo que les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual”, aseguró la SIC en un comunicado.
Es decir, no solo se hicieron al contrato a punta de sobornos, sino que pagaron éstos a partir de adiciones que le hicieron al contrato que les había adjudicado el Instituto Nacional de Vías (Invías), que para ese entonces estaba a cargo del viceministro de Transporte Gabriel García Morales. En el fallo de la SIC también resultó sancionado García Morales junto a Luiz Antonio Bueno Júnior (expresidente de Odebrecht para Colombia), Luiz Antonio Mameri (exjefe de Odebrecht para Latinoamérica), Yezid Arocha (jurídico de Odebrecht en Colombia) y José Elías Melo (expresidente de Corficolombiana y el único alto perfil condenado en la justicia penal).
No obstante, García Morales fue exonerado de pagar los $26.000 millones a los que lo sancionó la SIC, pues accedió a un programa de beneficios a cambio de delatar todo lo que ocurrió en la trasescena de este esquema de sobornos en Colombia. A su vez, la SIC deja claro que, este “sistema ideado e implementando para violar la libre competencia tuvo como contexto el esquema de corrupción desplegado por Odebrecht a nivel mundial que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países”.
Los sobornos
Según la SIC, Odebrecht, Corficolombiana y Episol, “una vez establecieron que Gabriel García Morales se encontraba en una posición privilegiada”, desde la cual podría influir sobre el resultado de la licitación de la Ruta del Sol 2, “enfilaron todos sus esfuerzos con la finalidad de sobornarlo y utilizarlo para asegurar su participación directa en el despliegue de su sistema anticompetitivo”. Se reunieron con él y con otras figuras claves en el caso, concretaron cómo se pagarían las coimas para quedarse con el billonario contrato y una vez García Morales accedió, concretaron cómo le pagarían.
La Superintendencia estableció que Odebrecht y Corficolombiana “idearon y planificaron que directamente en la ejecución del contrato de concesión —a través del consorcio constructor, CONSOL— se haría la división de los costos del pago de la retribución económica pactada, la cual ascendió a la suma de USD $6.500 y de cuyo pago inicialmente se encargó Odebrecht”. Y, posteriormente, la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, que era la dependencia encargada de pagar los sobornos, le giró el dinero al exviceministro García Morales a través de offshores.
“De esta manera, quedó en evidencia que el modus operandi de Odebrecht en la primera fase del sistema anticompetitivo se desplegó a través de una compleja y sofisticada estructura ilegal que, valiéndose convenientemente de su organización empresarial preestablecida, contempló un reparto específico de diversos roles y distintas tareas o funciones, creada para que existiera y funcionara de manera concertada y plenamente coordinada, con la finalidad de cometer diferentes comportamientos ilegales inequívocamente dirigidos a limitar la libre competencia económica”, aseguró la SIC.
Asimismo, agrega la decisión, Odebrecht, Corficolombiana y Episol, “a través de la instrumentalización de diferentes contratos que como rasgo común carecían de soporte o debida justificación, desviaron recursos de la ejecución del contrato de concesión, para efectuar el reembolso del pago derivado del acuerdo anticompetitivo” que habían pactado con García Morales. Estos pagos irregulares fueron identificados en su momento por el controller de la concesionaria, Jorge Pizano, y advertidos a José Elías Melo, presidente de Corficolombiana para la época. Pero no pasó nada.
La SIC explica que Odebrecht replicó este complejo esquema en una segunda oportunidad en el mismo proyecto: una vez establecieron que pagarían los sobornos con una adición innecesaria al contrato, pactaron y giraron más sobornos para lograr que les aprobaran esa adición. Se trata del tramo de la carretera que conectaría a Ocaña con Gamarra y que no estaba prevista en los diseños originales. Para lograr luz verde en esta carretera, dice la Superintendencia, “se instrumentalizaron contratos y se contó con la actuación de Otto Bula Bula a quien se le encomendaron ‘gestiones’ para obtener la adición contractual evitando el riesgo que le representaba a la concesionara competir en un escenario de libre concurrencia por las obras adicionales”.