Siete años de Justicia y Paz

A través de este programa se han esclarecido varios casos sobre la barbarie paramilitar que la justicia ordinaria no había logrado resolver. Confesiones de exparamilitares han sacado a la luz 35.430 hechos violentos.

Siete años lleva la Ley de Justicia y Paz desde que se volvió una realidad. Sus detractores reclaman, y con razón, que la paupérrima cantidad de condenas deja un sinsabor de impunidad: hasta la fecha, sólo una docena de postulados han sido sentenciados. De esos fallos, sólo tres han sido ratificados por la Corte Suprema de Justicia: Edwar Cobos Téllez, Úber Enrique Banquez y Jorge Iván Laverde.

En el Congreso se está debatiendo un proyecto de ley para intentar hacer de Justicia y Paz un proyecto más eficiente. El asunto es que —y eso lo admiten todos los que conocen a fondo el trabajo de este programa— la cantidad de crímenes, más que la falta de recursos, está haciendo colapsar al sistema.

Las cifras hablan por sí solas: a marzo 31 de 2012, según la Fiscalía, habían sido confesados 35.430 hechos violentos, que incluyen 894 masacres, más de 23.000 asesinatos, cerca de 10.200 desplazamientos forzados y unas 3.200 desapariciones. Pero el asunto va mucho más allá de las cifras. Justicia y Paz se convirtió en la puerta a la dimensión desconocida, el puente para llegar a conocer la barbarie paramilitar, o al menos buena parte de ella, de quienes la ejecutaron, de quienes la planearon y de quienes la patrocinaron.

En estos siete años, Justicia y Paz entró al panorama judicial a resolver asuntos que la justicia ordinaria no había podido. Gracias a la información obtenida en versiones libres se documentaron dos de las más cruentas masacres en el Valle del Cauca: la del Naya y la de Yurumanguí. En la primera, en abril de 2001, unos 220 hombres del Bloque Calima asesinaron por lo menos a 24 personas, y se registraron diez desaparecidos y 1.495 desplazados; en la segunda, para la misma época, hombres armados asesinaron a siete personas, hirieron a seis y violaron, torturaron, incendiaron y desplazaron.

De acuerdo con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), en Colombia más de 50.000 personas son el rostro del drama de la desaparición forzada. Justicia y Paz, en cierta forma, fue como un bálsamo para sus heridas. De las versiones libres ha salido la información requerida para exhumar 3.649 fosas, encontrar 4.503 cadáveres y devolver 1.741 cuerpos a sus familias. Sin Justicia y Paz expedientes como el de la familia Galárraga, que abundan en el país, se habrían llenado de telarañas.

No habría existido otra manera de que la señora Nieves Meneses supiera el destino que corrieron sus nietas Yenny, Mónica, Nelsy y María Nelly Galárraga: los paramilitares las secuestraron, las obligaron a desnudarse, probablemente las violaron, las descuartizaron y dejaron sus restos en un apartado punto de La Dorada (Putumayo). De ningún otro modo habría cesado la lucha de Elsa Torres, que estuvo 10 años buscando a su hijo, Eduardo Delgado Torres, un biólogo marino de quien se perdió el rastro en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Justicia y Paz ha sido útil en muchos otros escenarios: el de las agresiones sexuales, el de la violencia política, el de nexos con líderes políticos (sin la ley, la parapolítica habría sido un rompecabezas casi imposible de resolver). Incluso hay 2.635 bienes en trámite de restitución y 238 en trámite de reparación.

La lista puede llegar a ser tan extensa como la de los vacíos pendientes por solventar: ¿cuánto de lo que han dicho los paramilitares se ha comprobado? ¿Se volvió Justicia y Paz un escape para los ya condenados a penas máximas? ¿Es verdad que hay un cartel de desmovilizados chantajeando políticos a diestra y siniestra, exigiendo dinero a cambio de no mencionarlos en sus versiones libres? ¿Se sabrá en detalle también de la violencia guerrillera? ¿Vendrán todas las condenas que se esperan?