El expresidente insiste en que es inocente

Siete hallazgos de la Corte Suprema en el caso del expresidente Álvaro Uribe

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Hay un nexo entre Mario Uribe y el testigo Carlos Enrique Vélez (quien habría mentido en favor de Álvaro Uribe); Diego Cadena aportó como evidencia un audio que, al parecer, él editó en su favor, y más claridad sobre el rol de Enrique Pardo Hasche. El expediente de Uribe, conocido todo por este diario, está lleno de nuevos detalles.

Probablemente esta fue una de las semanas más difíciles en la vida del senador Álvaro Uribe Vélez: la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención, supo que se contagió de COVID-19 y su exabogado Diego Cadena quedó como él, con casa por cárcel, mientras avanza la investigación contra ambos por soborno en actuación penal y fraude procesal. A ellos los señalan la Sala de Instrucción de la Corte y la Fiscalía, respectivamente, de haber manipulado testigos en busca de beneficiar al expresidente. Ofreciendo prebendas, Uribe y Cadena habrían tratado de que quienes han salpicado al exmandatario por supuestos nexos con el paramilitarismo se retractaran y de que otros hablaran en su favor.

En un documento de 1.554 páginas, cuyas minucias revela El Espectador, la Corte Suprema dejó plasmadas todas las pruebas que tiene para inferir que las andanzas de Cadena (que fue quien entró en contacto directo con los testigos a manipular) no fueron a espaldas del expresidente Uribe, como él ha sostenido ante la justicia, sino que se cometieron con un Uribe plenamente consciente de los riesgos en juego. “El examen probatorio deja expuesta (...) la existencia de las conductas punibles que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia que actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos”.

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Según las apreciaciones de la Corte, de parte del expresidente Uribe hubo “persistencia en el abordaje, presión y ofrecimientos indebidos o ilegales hacia los potenciales testigos y la aducción sistemática de espurios elementos de prueba” con respecto a tres personas: Juan Guillermo Monsalve, a quien Uribe habría tratado de convencer (con la presunta ayuda del representante Álvaro Prada, de Diego Cadena, de Victoria Jaramillo y de Enrique Pardo Hasche) para que se retractara, pues Monsalve declaró que Uribe fue promotor del bloque Metro en Antioquia. Asimismo, a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés les habría ofrecido prebendas para que dieran testimonios que ayudaran a su causa.

Declaraciones bajo juramento, chats, interceptaciones, registros de ingresos a cárceles y videos: la Sala de Instrucción de la Corte afirma que “la prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente”. Desde que comenzaron a trascender los pormenores de su expediente, Uribe pidió a la Corte que se levante la reserva sumarial, algo que la corporación, legalmente, no puede hacer. “Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”, insiste su abogado Jaime Granados. La Sala de Instrucción sabía que se enfrentaba a una decisión difícil y cargada de matices políticos y se tomó 10 meses para revisar todo el expediente y proceder en derecho.

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Fuentes cercanas a la Sala recalcan que la premisa era una sola: “No defender lo indefendible”. Si las pruebas contra Uribe eran sólidas, la detención sería inevitable. El pasado 3 de agosto, en un documento histórico, cinco de los seis magistrados de la Sala de Instrucción (Cristina Lombana fue apartada del caso hace varios meses) determinaron que Uribe debía quedar bajo detención domiciliaria. En criterio de la Corte, hay “motivos graves y fundados que permiten inferir razonablemente que el senador Álvaro Uribe Vélez podría incurrir en conductas dirigidas a la obstrucción de la justicia”. El alto tribunal también logró varios hallazgos y aquí se detallan algunos de ellos.

Mario Uribe aparece en escena

Al resolver la situación jurídica del senador Álvaro Uribe, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó varias decisiones más. Entre ellas que la Fiscalía investigue al exsenador Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Uribe, y al abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón. Esa orden de la Corte resuelve, de paso, un interrogante latente desde hace mucho tiempo: ¿cómo llegó Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez, el exparamilitar que envió dos cartas a las autoridades en favor de Álvaro Uribe y que luego admitió haberlo hecho a cambio de prebendas? La respuesta es Mario Uribe y Samuel Sánchez, quienes se conocieron en La Picota, donde el primero estuvo detenido por parapolítica.

La Corte encontró que, uno: Vélez entró en esta historia mucho antes que sus famosas cartas en favor de Uribe, pues admitió un pacto con su abogado Samuel Sánchez, para declarar en favor de Mario Uribe, lo cual la Corte relaciona con unos pagos que le hizo Mario Uribe a Sánchez en 2015 y 2016. Dos: que Mario Uribe se vio con Diego Cadena en la casa de Álvaro Uribe en Rionegro (Antioquia) en febrero de 2017 y así resultó referenciado con Samuel Sánchez, quien, a su vez, lo guió hacia Vélez (el exparamilitar envió la primera carta que favorecía a Uribe en julio de ese mismo año). Tres: que el contenido de la segunda carta que envió Vélez en favor de Uribe fue acordado entre Cadena y Sánchez. Mario Uribe nunca había sido mencionado en este expediente antes.

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Un audio que tal vez fue modificado

El 5 de abril de 2018, el abogado Diego Cadena se reunió con Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve. En esa reunión, se supone, iban a concretar la retractación por parte de Monsalve, un hombre condenado a 37 años de prisión por varios delitos, que es a su vez hijo de un antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas. Esa propiedad, ubicada en el nordeste de Antioquia, fue durante muchos años de la familia Uribe y, según lo que Monsalve ha asegurado a las autoridades, fue escenario de la promoción del bloque Metro de las autodefensas por parte tanto del expresidente como de su hermano Santiago Uribe (cuyo juicio por nexos con grupos ilegales está en la recta final).

De esa reunión con Deyanira Gómez salieron dos grabaciones: cada uno hizo una por su cuenta, sin decirle al otro. Y ambos, además, se la entregaron a la Corte. El alto tribunal se puso en la tarea de compararlas y concluyó que la aportada por Cadena era menos comprometedora con respecto a él. Su grabación dura 19 minutos; la de Gómez, 40. Para la Corte, esa alteración del audio tenía como propósito mostrar el interés inexistente de Gómez de pedirle dádivas a cambio de que su esposo se retractara, que era lo que Cadena quería. En dos conversaciones distintas, Cadena le dijo al expresidente Uribe que iba a presentar “el audio editado”. En la segunda charla sobre el tema, Cadena aclaró: “Perdón, transcrito”. Se sabía de la existencia de esos audios, pero no del cotejo que hizo la Corte.

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Más claridad sobre el papel de Enrique Pardo

Para la Corte Suprema es claro que el testigo Juan Guillermo Monsalve no quiso retractarse, sino que fue instado a ello por múltiples vías, como las visitas de Diego Cadena a prisión, que se dieron por la intermediación del también detenido Enrique Pardo Hasche. La Corte evidenció que el interés real de Pardo (condenado por el secuestro y asesinato del empresario Eduardo Puyana) era “edificar una estrategia que justificara su intervención manifiestamente ilegal en este asunto”. Esa conclusión de la Corte contradice una carta que Pardo le envió asegurando que Monsalve lloraba porque quería retractarse de buena fe, tras haber sido presionado por el senador Iván Cepeda para incriminar a Álvaro Uribe.

Según Pardo Hasche, fue casualidad que, al llamar a Ricardo Williamson, su cuñado, el 31 de diciembre de 2017, este se encontrara con la asesora política Vicky Jaramillo, cercana a Uribe. Pardo se reunió varias veces con Cadena; estuvo pendiente, vía teléfono, de la reunión entre este y Deyanira Gómez, esposa de Monsalve, y se mostró inquieto de que la mujer presentara la carta de retractación de Monsalve -que nunca llegó- como una “exigencia” de Cadena y él. “Emerge llamativo que todas estas preocupaciones las tengan Pardo y Cadena y sin embargo estén dispuestos a asumir el riesgo de ser señalados como manipuladores del testigo (...) están buscando cómo probar (...) que actuaron correctamente”, dice la Corte. Estos elementos aportan más información sobre el rol que habría jugado Pardo.

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La UTL de Uribe y los “razoneros”

La decisión de la Corte dejó en claro que algunos integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) o asesores de Álvaro Uribe tuvieron un protagonismo inusual en la búsqueda y consecución de información, así como de testigos que sirvieran a sus intereses en los procesos penales. Ya se sabía que Fabián Rojas Puerta, por ejemplo, se reunió con el director de la cárcel de Cómbita y Diego Cadena en busca de testigos en favor de Uribe y que luego Rojas y Cadena fueron al apartamento del senador a contarle. A la Corte también le llamó la atención que Claudia Daza, otra exintegrante de la UTL de Uribe, fuera “evasiva en sus respuestas” cuando le preguntaron por la relación entre Victoria Jaramillo y el senador.

Fue Jaramillo quien le contó a la Corte que Daza le ayudó un día de marzo de 2018 a ubicar al expresidente Uribe para contarle que en prisión estaba Enrique Pardo Hasche. Este último, indicó Jaramillo, quería hablarle de “un tema de (Iván) Cepeda contra usted, presidente”. Para la Corte fue “revelador” que Daza no mencionara ese episodio, al tiempo que se refirió a Jaramillo y a otras personas cercanas a Uribe como “razoneros”. De Hernán Cadavid, otro hombre cercano a Uribe, dijo la Corte que “aparece como el medio a través del cual se aportó una de las cartas de los potenciales testigos”, la de Gabriel Castañeda, alias “Castañeda”, quien testificó contra Iván Cepeda al parecer con mentiras. De Daza o de Cadavid poco o nada se ha dicho en relación con este tema.

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Una especie de cadena de mando

Lejos de tratarse de una relación distante, lo que la Corte deja entrever en el documento con que resolvió la situación jurídica de Uribe es que entre ambos había algo más que una simple comunicación de conocidos. Según las pruebas, las “maniobras” que realizó Cadena para conseguir la ampliación o retractación de los testigos en favor del senador Uribe, incluidas las que terminaron en pagos de coimas a cambio de esas versiones, estuvieron mediadas por el expresidente. El alto tribunal explica en su providencia que Uribe habría actuado como “el gran determinador de este entramado ilegal”, del cual habría sido también “inductor y beneficiario”.

Para la Sala es cuestionable la postura de que él y Cadena simplemente esperaron a que los testigos en cuestión llegaran hasta ellos. El alto tribunal tiene evidencias de que Uribe, a través de Cadena, organizó esos encuentros. La Corte señala que ninguna de las irregularidades del abogado se pueden desligar del expresidente, pues era él quien debía estar pendiente de su trabajo. Es decir, que entre ellos había una especie de cadena de mando. “La prueba permite, y con suficiencia, colegir que el senador indujo a Cadena y a su equipo a realizar las conductas ilícitas”. de hacer entregas y prometer entregas de dinero a cambio” de obtener que los testigos faltaran a la verdad. Esta es una de las revelaciones más importantes de la decisión de la Corte.

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¿Víctima Uribe? No, dice la Corte Suprema

En repetidas ocasiones el senador Uribe ha reiterado que lo único que quería en su proceso era contribuir con la búsqueda de la verdad y que todos los documentos que le remitió a la Corte, de muchos no recuerda su contenido y nunca se encargó de verificar ni su veracidad ni valor, pues en su opinión ese era un trabajo para los magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, hace dos años, el alto tribunal consideró que esa táctica de enviar pruebas al Palacio de Justicia no fue sino una maniobra para “hacerlos caer en errores”. Por esta razón, la Sala de Instrucción señaló que no encuentra válida la posición de Uribe de declararse víctima.

Esa postura, señala el alto tribunal, “raya sosteniblemente con su proceder, descrito en estas foliaturas, en la medida que si fue de tal magnitud y de injusticia el daño que le fue ocasionado, evidentemente habría un motivo más que fundado para observar toda la diligencia, interés y cuidado en el recaudo de los elementos de prueba (...) Pero a cambio, lo que ahora aduce no obstante es que destacó a una persona para ese cometido, marginando a sus muy idóneos abogados (en cabeza de Jaime Granados), por motivos que no son para nada claros”. Además, agregó la Corte Suprema, las pruebas que reposan en el expediente derrumban otra hipótesis de Uribe: el del complot en su contra por parte del alto tribunal y de la Fiscalía.

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El comportamiento de Uribe es sistemático

Las más de siete mil páginas que detallan las pruebas que ha recaudado la Sala de Instrucción en el expediente Uribe le permitieron a la Corte establecer un patrón de sistematicidad en las actuaciones del expresidente. Las interceptaciones a su teléfono, más de 10 declaraciones de testigos y la manera en que el senador le preguntaba a Cadena cómo iban sus pesquisas, entre otras cosas, fueron claves para diferenciar sus acciones repetitivas. Para el alto tribunal, además de esa preocupante situación, lo es también el hecho de que muchas de esas comunicaciones para “intervenir” a los testigos surgieron cuando el senador ya estaba siendo investigado por soborno y fraude procesal.

“Lo que se aprecia es la persistencia en el abordaje, presión y ofrecimientos indebidos o ilegales hacia los potenciales testigos y la aducción sistemática de espurios elementos de prueba”, aclara la Sala de Instrucción, la cual también señala “que el senador Uribe asume, probablemente de manera antijurídica, un rol fundamental, trascendente y muy activo” para conseguir testigos a su favor. Es esta sistematicidad de la que habla la Corte la que le permite explicar que en cualquier momento Uribe podría volver a hacer algo igual para beneficiarse. Y, con la urgencia de evitarlo, el alto tribunal fundamenta su decisión de imponerle al expresidente, de manera urgente, la prisión domiciliaria. La Corte no había tenido oportunidad de hacer una evaluación de ese estilo sobre las acciones del senador.

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