“La denuncia pone en evidencia el ‘modus operandi’ de Álvaro Uribe”: exfiscal Montealegre

De izquierda a derecha: Eduardo Montealegre, Álvaro Uribe Vélez y Jorge Perdomo. / Archivo El Espectador.

Foto: Archivo El Espectador

“Por los delitos de lesa humanidad cometidos en las poblaciones de El Aro y La Granja: homicidio en persona protegida; lesiones en persona protegida; actos de terrorismo; desaparición forzada; tortura agravada; desplazamiento forzado agravado, tipificados en la legislación vigente en la época de comisión de los hechos”, el exfiscal general Eduardo Montealegre y su exvicefiscal, Jorge Perdomo, radicarán una denuncia de 93 páginas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la misma que ordenó la detención del expresidente el pasado 3 de agosto. En concepto de los exfiscales, mientras era gobernador de Antioquia, Uribe pudo haber cometido estos delitos por omisión.

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Para Montealegre y Perdomo, a lo largo de estos años las autoridades han recopilado información y evidencias suficientes para demostrar la supuesta omisión de Uribe como gobernador de Antioquia en las masacres de Ituango y, también, en el asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció la posible responsabilidad de las Fuerzas Militares en esos crímenes. Citando jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema, los exfiscales señalan que ”cuando un servidor público incumple con sus deberes de protección a la población civil, debe responder penalmente, como autor [en este caso], por los hechos de los paramilitares. Esta estructura de imputación le es aplicable a Álvaro Uribe Vélez”.

La denuncia contra el exsenador será radicada hoy 25 de agosto en la Corte Suprema de Justicia a las 2:00 de la tarde. Los exfiscales argumentan que no entregan pruebas nuevas, sino que aportan “una nueva lectura” a material judicial y periodístico existente, como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006, en el que el Estado colombiano fue condenado por las masacres de Ituango. Asimismo, resaltan que la denuncia tampoco pretende demostrar la responsabilidad penal de Uribe por una supuesta complicidad con paramilitares.

1. Fallo Ituango Vs. Colombia en la Corte IDH

En la sentencia de este tribunal internacional, Colombia fue hallado “responsable de violar su obligación de respetar los derechos a la vida; la libertad individual; la integridad personal; la propiedad privada; la prohibición de esclavitud y servidumbre; el derecho de circulación y de residencia; los derechos del niño; la protección a la honra y la dignidad, y el derecho a la protección y las garantías judiciales de las víctimas de las masacres de La Granja y El Aro”.

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El 22 de octubre de 1997, 150 paramilitares llegaron al corregimiento de El Aro en Ituango (Antioquia). Allí asesinaron a 17 personas mientras otros habitantes del caserío fueron torturados durante los siete días que por lo menos estuvieron en los hombres en el lugar. Los paramilitares habrían llegado al corregimiento de El Aro luego de desatar el terror en La Granja, corregimiento que no corrió con mejor suerte.

El 11 de junio de 1996, 22 hombres armados con fusiles y pistolas llegaron en dos camionetas a La Granja (otro corregimiento de Ituango, Antioquia). Habían pasado a corta distancia de un comando de Policía y la mayoría de las unidades del Ejército fueron enviadas a patrullar lejos de la zona. En ambos episodios, ningún órgano estatal puso resistencia a las incursiones paramilitares. Así quedaron registrados los hechos en la Corte IDH.

Según Montealegre y Perdomo, “para la época de ocurrencia de las referidas masacres, se encontraba ejerciendo como gobernador de Antioquia el señor Álvaro Uribe Vélez (1995 a 1997); circunstancia que coincide, con un incremento, de un 371,4% de las masacres en ese departamento, para la época en que el denunciado ejerció su mandato”.

Para los dos exdirectivos de la Fiscalía, el incremento de las masacres paramilitares en Antioquia está relacionado con el surgimiento de las Cooperativas para la Vigilancia y Seguridad Privada conocidas como Convivir. Este aspecto es importante debido a que la Corte IDH aseguró en la sentencia que, “al haber propiciado la creación de estos grupos de autodefensas, el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos siguieran cometiendo hechos como los del presente caso”.

En la denuncia, Montealegre y Perdomo destacan que Uribe era consciente de la amenaza de incursiones paramilitares en la zona de Ituango debido a las alertas conocidas a través del líder social, abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue asesinado en 1998. En varias ocasiones Valle pidió a las autoridades protección urgente. De acuerdo con la denuncia, “lo que hizo Uribe fue un simulacro de actuación; una farsa, para aparentar una protección que nunca llegó”.

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2. Fallo Valle Jaramillo Vs. Colombia en la Corte IDH

Hasta el alto tribunal internacional llegó el caso del asesinato del líder social y defensor de derechos humanos Jesús María Valle. En la sentencia proferida en contra de Colombia existiría una relación directa, entre las denuncias Valle y la posibilidad de atribución de responsabilidad del exsenador Uribe por omisión.

De acuerdo con el documento, la prueba reina estaría en los mismos pronunciamientos del defensor de derechos humanos antes de su muerte a medios de comunicación: “No hay un compromiso serio del gobernador de Antioquia con los derechos humanos consagrados en la Constitución de 1991, no hay un compromiso serio de sus asesores, lo afirmo porque uno pide protección, porque uno denuncia ante él casos, porque uno va a las comisiones de seguridad y uno encuentra después que el aporte que uno hace civilmente, claramente, en forma abierta, lo señalan a uno posteriormente como auxiliar de las guerrillas”.

Valle Jaramillo fue asesinado el 27 de febrero de 1998 dentro de su propia oficina en Medellín. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín señaló que “todo permite pensar que su homicidio, como el del personero de Campamento, obedeció a esas denuncias que involucraban al Gobernador de Antioquia, a altos mandos militares (...) cuyas relaciones con los paramilitares estarían detrás del homicidio. Sin embargo, el gobernador Álvaro Uribe Vélez y general Carlos Alberto Ospina Ovalle, que tenían el deber de confirmar las denuncias, en vez de hacerlo, contradijeron rápidamente esas afirmaciones. De ese modo, faltaron a la verdad y/o encubrieron ese hecho”.

No es el único pronunciamiento que quedó en la sentencia del Tribunal Superior de Medellín. En el fallo, recuerdan Montealegre y Perdomo, se expuso que “Álvaro Uribe Vélez está detrás de las omisiones en la masacre de El Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situación, a cuya comunidad no le brindó apoyo durante 7 días y cuyas denuncias desmintió luego, (…) pero que eran ciertas y que él tenía cómo y por qué saberlo”.

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3. Configuración del dolo

La masacre de Mapiripan (Meta) en 1997 es un precedente para la jurisprudencia colombiana debido a que, a partir de este hecho, se empezó a tener en cuenta la responsabilidad de los agentes del Estado por omisión. De acuerdo con los exdirectivos de la Fiscalía, las masacres de Ituango y Mapiripan tienen aspectos en común más allá de las incursiones paramilitares: el conocimiento de agente estatales.

Montealegre y Perdomo llegaron a la conclusión de que, en su condición de gobernador de Antioquia, Uribe tenía deberes constitucionales y legales que, de haber cumplido, habría podido evitar las masacres de la Granja y El Aro, además, porque fue advertido en numerosas ocasiones sobre la situación en ambos corregimientos de Ituango.

En la denuncia planteada por Montealegre y Perdomo, sobresalen pronunciamientos de la Corte suprema en los que se señala “en casos similares de masacres cometidas por los grupos armados al margen de la ley con la participación omisiva de miembros de la fuerza pública, se ha aplicado tal categoría jurídica, pues desde el propio bloque de constitucionalidad el Estado se constituye en garante, posición que se materializa a través de sus agentes o servidores públicos”.

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El alto tribunal especificó cuatro puntos claves para identificar si un agente del Estado es responsable por incompetencia para garantizar medidas de seguridad. En primer lugar, debe existir una situación de peligro; la falta de conductas debidas para evitar que el riesgo se eleve; la posibilidad de realizar acciones que eviten o reduzcan el riesgo. En este apartado el conocimiento de la situación y el uso de los medios para hacerle frente al riesgo inminente, son aspectos que hubiesen evitado las dos masacres de Ituango; Y finalmente, el resultado.

De acuerdo con la Corte Suprema, “incurre en delito por vía de la omisión impropia aquél en quien concurren los requerimientos para que ostente la posición de garante, correspondiéndole la misma sanción del delito que se ejecuta por una conducta activa”. De acuerdo con las normas, según Montealegre y Perdomo, “queda demostrado que, no es admisible que el señor Uribe Vélez alegue la imposibilidad de conocer la ocurrencia de las masacres de la Granja y El Aro”.

4. Obstaculización de la justicia, un “patrón sistemático” de Uribe

En este apartado, los exfuncionarios señalan que “la obstaculización de la justicia es un patrón sistemático en las defensas de Álvaro Uribe”. Para empezar, refieren que “quienes delinquen en beneficio de Uribe, son personas subordinadas a él; pero, supuestamente, siempre actúan sin su conocimiento”. En ese sentido, hacen un recuento de los presuntos sobornos a testigos que habría ejecutado el abogado Diego Cadena, para que declararan en favor del expresidente Uribe, en el proceso que avanza en su contra en la Corte Suprema. Reseñan que el mismo Diego Cadena dijo que el expresidente Uribe nunca fue informado de los pagos a testigos, no obstante, la Sala de Instrucción de la Corte ha concluido que sí conocía de las maniobras desplegadas por Cadena, para lograr las retractaciones a su favor.

Además de este caso, señalan que deben tenerse en cuenta los testimonios de los exministros de salud Diego Palacio; del interior, Sabas Pretelt; y de los exsecretarios de la Presidencia Alberto Velásquez y Bernardo Moreno. Estos altos exservidores públicos fueron condenados a varios años de cárcel por ofrecer y entregar prebendas a congresistas que fueron claves para la aprobación del proyecto que revivió la reelección presidencial en 2004, de la cual se benefició el propio Uribe en 2006 logrando seguir en la Casa de Nariño con más de siete millones de votos. Los tres funcionarios siempre dijeron que eran inocentes y que el entonces presidente de la República no sabía.

Montealegre y Perdomo continúan mencionando a “testigos que firman retractaciones no redactadas por ellos”. En este punto, además de Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve -quienes dijeron que el abogado Diego Cadena fue quien redactó sus supuestas retractaciones-, dan cuenta de otros sucesos similares como el de Andrés Fernando Sepúlveda, el hacker contratado por la campaña de Uribe y Óscar Iván Zuluaga quien fue condenado por espiar a los negociadores de Paz en la Habana. Esta persona dijo en entrevista con un medio de comunicación que, luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía, lo habían buscado para que dijera que en la Fiscalía lo estaban presionando con el fin de declarar en contra de Zuluaga y Uribe.

Otra estrategia de la defensa que, según los denunciantes, estaría encaminada a la obstaculización de la justicia por parte de Uribe, es la “deslegitimación de testigos” que consistiría en atacar la credibilidad de los desmovilizados de grupos paramilitares de autodefensas, tales como Francisco Enrique Villalba Hernández, Diego Fernando Murillo Bejarano, Salvatore Mancuso y otros, quienes vinculan a Uribe con el paramilitarismo. “Dicha estrategia es harto conocida, y básicamente consiste en lograr retractaciones de los testigos que previamente han sido objeto de amenazas, o, en manifestar que las incriminaciones obedecen a la instrumentalización de los testigos por parte de contradictores políticos”, manifiestan.

De igual forma, señalan que hay un “complot para deslegitimar y sustituir a la honorable Corte Suprema de Justicia”, porque el expresidente ha “sostenido una teoría de conspiración”, según la cual su situación jurídica es una estrategia de la izquierda colombiana, que tiene cooptada a la Corte Suprema, sin embargo, “más allá de su particular e insólita opinión, el denunciado no expone, ninguna evidencia objetiva que respalde dicha teoría”. Agregan que, al contrario, existe evidencia de un complot en el gobierno de Uribe para desprestigiar a la Corte e instalar en su lugar una corte única o corte ad hoc, que actúe en consecuencia con sus intereses propios.

5. Contexto paramilitar en Antioquia durante la Gobernación de Uribe

Para Montealegre y el exvicefiscal Perdomo, que Uribe se haya hecho el de la vista gorda mientras los paramilitares realizaban masacres en Antioquia no es un caso aislado. En el caso del corregimiento de El Aro, la región es un punto estratégico por estar ubicado en el Nudo de Paramillo en donde se unen las tres cordilleras y que, además, es una frontera natural entre Antioquia y Córdoba. Por este punto transitaban grupos paramilitares, guerrilla, Policía y Ejército.

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Lejos de ser una situación fortuita, los exfuncionarios de la Fiscalía aseguran que las dos masacres de Ituango corresponden a una doctrina de “orden público e ideales políticos impulsados durante la carrera política del señor Uribe”. Montealegre y Perdomo se refieren a las Convivir, grupos de vigilancia privada que fungían como autodefensas a los ataques de las guerrillas de las Farc o el ELN.

Para 1997, según la denuncia de los exfiscales, en Antioquia operaban 78 Convivir de las 414 que existían en el país (o sea, casi el 20 %). La participación de Uribe en los hechos quedó registrada por el propio exsenador, quien abiertamente “promocionó e impulsó este tipo de cooperativas (…) De hecho, en la Secretaría de Gobierno, dirigida por Pedro Juan Moreno Villa, se creó una oficina para asesorar a las comunidades y otorgar la personería jurídica”, especifica la denuncia.

No obstante, para Montealegre y Perdomo la relación estrecha entre las Convivir y grupos paramilitares quedó al denudo con la Ley 975 de 2005 conocida como Justicia y Paz. Esta jurisdicción constató que, por ejemplo, el exparamilitar Salvatore Mancuso figuraba entre los directivos de Asociaciones Convivir. En la demanda interpuesta por los exfiscales hay por los menos tres casos en los que la alianza entre las Convivir y grupos paramilitares contaron con la firma de puño y letra de Uribe.

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Se trata de la Convivir de Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, un comandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia; También es el caso de la Convivir de José María Barrera, alias Chepe Barrera. De acuerdo con el portal Verdad Abierta, Los Cheperos como se conocía al grupo de autodefensa protegía a los ganaderos en el sur del Magdalena de los secuestros y extorciones de la exguerrilla de las Farc desde finales de 1980. En 1.999 los hermanos Castaño absorbieron la convivir de Barrera y quien se puso al frente fue Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.

El nombre del expresidente Uribe aparece vinculado a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos en Antioquia, dicen los exfiscales. Los documentos fueron remitidos al Tribunal Superior de Medellín luego de las masacres de Ituango y para los exfiscales, es una prueba evidente de la omisión de exsenador en las dos masacres.

6. Testigos o potenciales testigos, asesinados

En este capítulo los denunciantes mencionan algunos casos de testigos que perdieron la vida luego de declarar en contra del expresidente Uribe, o que tenían información que no alcanzó a ser recolectada.

*Carlos Enrique Areiza, alias Papo, fue un testigo clave en el caso de manipulación de testigos contra Iván Cepeda, por parte de Álvaro Uribe y fue asesinado el 14 de abril de 2018 por sicarios en Bello (Antioquia), luego de entregar sus declaraciones.

*Pedro Juan Moreno Villa fue secretario de gobierno de Álvaro Uribe, en la Gobernación de Antioquia, para la fecha en que ocurrieron las masacres de El Aro y La Granja. Falleció en un trágico accidente aéreo, en 24 de febrero de 2006. No obstante, los exfiscales señalan, citando una columna del periodista Daniel Coronell, que “hay razones para pensar que el helicóptero en el que murieron Pedro Juan Moreno y otras tres personas no cayó por accidente”.

“Hasta la fecha se ha avanzado en aspectos que eran desconocidos para la presente investigación y se avizora que es factible que la causa de la caída del helicóptero marca Bell, modelo 206B, de matrícula HK2496, de la empresa Helicargo S.A. piloteado por el capitán Jaime Taborda Botero, obedezca a acciones criminales que se hayan producido dentro del Aeropuerto Olaya Herrera, con anterioridad al despegue de la aeronave en mención”, señala un informe de Policía Judicial que el periodista menciona en su columna y los denunciantes traen a colación en el documento.

*Nancy Ester Zapata: trabajaba en uno de los hangares del Olaya Herrera, donde funcionaba la empresa Aero Rotables y Accesorios. El informe señala que fue asesinada, al parecer, con un arma de fuego con silenciador, pues al realizar la inspección técnica del cadáver fue encontrada una vainilla y también encontraron un sobre con tres hojas en blanco, una de ellas tenía escrito “aquí no se permiten sapas”.

Los investigadores del homicidio también encontraron un mensaje de texto en el que la mujer advertía el peligro. “Te escribo volando porque sigo nerviosa porque parece que se dieron cuenta (sic) que los estaba oyendo. Ese señor Berna volvió a llamar desde la cárcel (sic). Llama seguido y tiene sus guardaespaldas con el(sic), viven allá con esa (sic) gente dentro de Itagüí. Y como te dije ayer (sic), se pusieron muy peliparados conmigo porque los oí hablar de ese señor Pedro Juan Moreno que te dije que se le cayó el helicóptero porque aquí le quitaron (sic) el repuesto y no se si el presi Uribe dio la orden pero sí sabía y Don Berna también”, señala el reporte.

*Francisco Villalba Hernández también fue asesinado por sicarios luego de declarar contra el expresidente en el caso de la Masacre del Aro, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Según su relato, entre septiembre y octubre de 1997, avanzaba la ofensiva del grupo paramilitar hacia el corregimiento de El Aro. Pero, según dijo, poco antes de la masacre, los 22 hombres a su cargo arribaron a una finca en Tarazá (Antioquia), en la cual hubo una reunión con los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño; otros comandantes de este grupo ilegal como Cobray Júnior; coroneles, tenientes y soldados de la IV Brigada del Ejército; y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe.

A estos se suman los asesinatos del exparamilitar Antonio López, alias Job (quien, en abril de 2008, estuvo reunido en la Casa de Nariño con el asesor jurídico del entonces presidente Uribe, Edmundo del Castillo, y con el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez), y el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, así como atentados y amenazas contra testigos como Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez; José Moncada, alias Tasmania; Hernán Darío Zapata Correa, alias Pelo’ e chonta; y el exoficial de la Policía Juan Carlos Meneses.

“Consideramos que, la mención a estos patrones sobre los medios de prueba, es muy importante porque podrían ser tenidos en cuenta, como criterio de valoración, de la necesidad de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, al momento de definir la situación jurídica de Uribe Vélez (…) los crímenes de lesa humanidad que se le imputan, y el desprecio que él siente por la vida de quienes en el conflicto armado piensan distinto, lo hacen un criminal de guerra muy peligroso para la sociedad”, concluyen Montealegre y Perdomo.

7. Competencia de la Corte Suprema

Para empezar, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Perdomo, recordaron que, pese a los hechos por los cuales se investiga a Uribe ocurrieron en los años 1996, 1997 y 1998, la acción penal no está prescrita, pues los delitos que se tipifican a partir de estos hechos (masacre de El Aro y La Granja), fueron declarados por la Corte Suprema como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles. Argumentan que, aunque la presunta comisión de delitos ocurrió desde antes de que Uribe se posesionara como senador, esta conducta se habría prolongado mediante el ejercicio de su función como congresista con el presunto propósito de ocultar su participación.

Agregan que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el departamento de Antioquia dieron lugar a cuestionamientos, debates de control político y denuncias acerca de la presunta relación de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo y con esos crímenes. Esta serie de denuncias fueron planteadas por periodistas, defensores de derechos humanos, congresistas, magistrados e incluso paramilitares. Dentro de ellos se encuentra el periodista Daniel Coronell, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, los congresistas Gustavo Petro e Iván Cepeda, el exmagistrado Iván Velásquez, y el paramilitar Francisco Villalba.

“Probablemente con el propósito de repeler estas denuncias y encubrir las conductas delictivas del pasado, se desplegaron diversas técnicas de ocultamiento. Entre ellas se destacan presuntas conductas de perfilamiento, seguimiento e interceptaciones ilegales, manipulación y soborno de testigos, fraude procesal y homicidios que deben ser esclarecidos. El contexto de violencia y conflicto armado permite inferir que estos actos se cometieron en reacción a tales denuncias y con la conciencia de contribuir al plan de ocultar los ataques perpetrados contra la población civil”, afirman Montealegre y Perdomo.

En ese sentido, consideran que estas conductas punibles, iniciadas desde antes de su posesión como senador, tuvieron relación con las funciones desempeñadas en el Congreso en especial la función de control político. Igualmente, que el uso para estos fines presuntamente delictivos de los recursos públicos, representados en los salarios asignados a su UTL, refuerzan la necesidad de mantener el fuero. Por tanto, afirman que es preciso que se continúe la investigación y juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

Para terminar, indican que “al igual que los congresistas implicados en casos de parapolítica, en este asunto, al parecer, se ha empleado la renuncia a la curul como fórmula de impunidad para despojar a la Corte Suprema de Justicia de su competencia”.

En concreto, en todo el documento los denunciantes plantean tres hechos jurídicamente relevantes. En primer lugar, que en los corregimiento de La Granja y El Aro (Antioquia) el 11 de junio de 1996 y del 22 al 29 de octubre de 1997, respectivamente, se llevaron a cabo incursiones armadas de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá que dejaron como resultado la muerte de 24 personas, el desplazamiento forzado de más de 1.400 personas, el secuestro de 17 habitantes, agresiones sexuales a mujeres y hurto de más de 1.200 cabezas de ganado.

En segundo lugar, que los homicidios en personas protegidas, lesiones en persona protegida, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura agravada y desplazamiento forzado agravado, cometidos contra pobladores de los corregimientos de La Granja y El Aro, le son atribuibles a Álvaro Uribe, toda vez que, en su condición de Gobernador de Antioquía y máximo comandante de la fuerza pública y garante del orden público, le correspondía realizar deberes de protección frente los ciudadanos de La Granja y El Aro, con el fin de ampararlos, ante el inminente riesgo de incursiones de grupos paramilitares de autodefensa.

Como tercer punto, señalan que, pese a que Uribe tenía posibilidad de evitar o aminorar el riesgo de ocurrencia de dos masacres y tenía posibilidad de utilizar los medios necesarios para evitarlas, no lo hizo. Argumentan que él tenía conocimiento de la existencia de múltiples y sucesivos homicidios a pobladores de Ituango, cometidos por un grupo paramilitar perteneciente a las autodefensas unidas de Córdoba y Urabá y que, además, fue debidamente advertido, de manera personal y directa, por el defensor de derechos humanos y concejal de Ituango Jesús María Valle Jaramillo, sobre la inminencia de las tomas paramilitares en La Granja y El Aro.

Finalmente, aseveran que es posible afirmar que la conducta de Álvaro Uribe fue dolosa, porque conoció que había un riego de que ocurrieran estas masacres y, a pesar de ello, no habría ejercido ningún deber especial de protección a la población de Ituango. Entonces, habría dado lugar a que se lesionara la vida, la libertad, integridad, libertad, patrimonio económico, seguridad pública y al derecho internacional humanitario de los habitantes de La Granja y El Aro.

Para cerrar esta amplia denuncia, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo le solicitaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia considere recibir la declaración jurada de varias personas entre las que se encuentran Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo, condenados por participar como determinadores en dichas masacres, quienes fueron admitidos recientemente por la JEP; Salvatore Mancuso, quien tendría información de interés sobre la planeación y ejecución de las masacres en Ituango; Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo, familiares de Jesús María Valle; y Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, excomandante del bloque Mineros de las AUC.