Sigue embolatada la indemnización de la comunidad del río Anchicayá

El Consejo de Estado ratificó un fallo judicial en el que se explicó que no se ha probado judicialmente que la comunidad afrocolombiana de este río haya sido afectada por el vertimiento de sedimento que, supuestamente, ocasionó la Empresa de Energía del Pacífico S. A. (EPSA)

El Consejo de Estado confirmó el fallo que negó el amparo de los derechos que la Comunidad Negra del Río Anchicayá asegura fueron violados.Archivo El Espectador.

El Consejo de Estado, al estudiar una impugnación a un fallo de este mismo tribunal, ratificó lo dicho por sus colegas: que no hubo vulneración de los derechos fundamentales del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Anchicayá. Lo hizo al estudiar por lo menos cinco providencias judiciales, de la Corte Constitucional y de otras salas del Consejo, que anularon todo un proceso judicial en el que la comunidad pretendía recibir una indemnización por los daños causados. 

La decisión se tomó luego de que el alto tribunal estudiara una tutela que la Comunidad Negra del Río Anchicayá presentó en contra de la Sección Tercera de este mismo tribunal, en la que explicó que se había vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la vida digna y de acceso a la administración de justicia, cuando anuló la orden de indemnización que recaía sobre la empresa de energía, que había sido declarar responsable por el vertimiento 

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Desde el 2002, la comunidad afrodescendiente denunció el daño que la Empresa de Energía del Pacífico S. A. habría causado al contaminar el afluente que era su principal fuente de sustento. Para los pescadores de la zona resultó letal el hecho de que la empresa en 2001 abriera las compuertas de su represa y descargara sedimentos sobre el río, causando así la muerte de los peces y un daño irreparable a los cultivos aledaños. 

Fue en 2010 cuando la Empresa de Energía del Pacífico S. A. contraatacó las denuncias través de una tutela ante el Consejo de Estado, afirmando que  no hubo un debido proceso pues no se presentaron las pruebas suficientes que evidenciaran los daños que se habían causado realmente. Tutela que en un principio fue negada y posteriormente, tras su revisión, los magistrados de la Corte Constitucional concedieron el amparo a la electrificadora, anulando 10 años de proceso porque, entre otras cosas, encontraron que las pruebas científicas que daban cuenta de los daños causados, eran ilegales.

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Ante la falta de respuestas del Estado y el contraataque de la empresa de energía, la comunidad no vio más opción que llevar el caso a instancias internacionales. Y fue apenas hace unos meses cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondió favorablemente a la comunidad que durante años ha tenido que esperar por respuestas. 

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La CIDH, el 23 de marzo pasado, respaldó a la comunidad y dijo que espera que haya una pronta solución, ya sea por medio de un acuerdo entre las partes implicadas (que consistiría en una indemnización por $160.000 millones), o llegando a una sentencia unificada en la que se responsabilizara, si llegase a encontrarse culpable, a la empresa implicada.  

“El caso está debidamente formalizado y admitido ante la CIDH. Esto es de suprema importancia para la comunidad, porque cuando yo presenté la petición lo hice por la dilatación injustificada del Gobierno para dar respuesta al caso. Esta es la hora en la que no hay justicia ni reparación. Por ello, para nosotros, esto es una voz de aliento y esperanza”, señaló Germán Ospina, abogado del caso en su momento. Sin embargo, ahora ante la decisión del Consejo de Estado de confirmar el fallo que negó su peticiones, la intervención de la CIDH puede ser más contundente.