Silvia Gette, a juicio por soborno

La exrectora de la U. Autónoma del Caribe fue acusada de intentar sobornar a un exparamilitar que testificó que ella pagó por el asesinato de un ganadero.

Silvia Gette fue acusada de intentar sobornar a un exparamilitar. / Colprensa
Silvia Gette fue acusada de intentar sobornar a un exparamilitar. / Colprensa

Este jueves 23 de mayo, en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, el fiscal Diógenes Villa expondrá antes un juez de la República por qué Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, habría estado involucrada en un intento de soborno a un exjefe paramilitar. En la audiencia se formalizará la acusación que se radicó contra Gette el pasado 24 de abril, conocida por este diario, en la cual se detalla lo que un “emisario” suyo habría hecho para convencer a Édgar Ignacio Fierro Flórez de cambiar su versión.

Fierro Flórez, más conocido como ‘Don Antonio’, fue mano derecha del extraditado Rodrigo Tovar Pupo (alias ‘Jorge 40’) en la expansión del paramilitarismo en la Costa Caribe. Detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, testificó que Silvia Gette le había entregado $150 millones a ‘Jorge 40’, y que se había comprometido a pagar más, a cambio de que las autodefensas asesinaran a Fernando Cepeda, ganadero de la región. Según ‘Don Antonio’, ‘Jorge 40’ se reunió luego con Gette y con un abogado que fue asesinado después, Jorge Palacios, para que los ‘paras’ le dijeran a Gette sus “condiciones” para ejecutar el crimen.

Otro exparamilitar, Rafael Velilla (alias ‘Costeño’), declaró también que Gette estaba involucrada en ese homicidio, cometido en agosto de 2003. La investigación permaneció en los anaqueles de una fiscalía de Barranquilla hasta diciembre de 2011, cuando el caso se reabrió. Sin embargo, poco se había conocido al respecto hasta que ‘Don Antonio’, en carta al fiscal general el 22 de enero de este año, divulgó el intento de soborno del que –afirmó– estaba siendo objeto.

Según el escrito de acusación en contra de Gette como “determinadora” del soborno, a ‘Don Antonio’ lo había visitado en La Picota el 18 de enero de 2013 un hombre, de nombre Arcadio Martínez; de profesión, abogado. Martínez le habría ofrecido $500 millones a cambio de que Fierro Flórez cambiara su versión de los hechos; para que incriminara a la viuda de Cepeda, María Paulina Ceballos; para que dijera que nada le constaba personalmente; para que involucrara al abogado Abelardo de la Espriella (representante de la viuda de Cepeda en el proceso por la muerte de su esposo).

‘Don Antonio’ le manifestó a la Fiscalía, igualmente, que había quedado de enviar un delegado suyo para reunirse con Arcadio Martínez el 9 de febrero del mismo año, en el centro comercial Buenavista. Con esta alarma encendida, el CTI envió a un grupo a ese lugar y hacia la 1:15 p.m. Martínez fue detenido en un local de pizzas. Le incautaron una bolsa de cartón roja, en cuyo interior había otra de color negro, que guardaba dos bolsas plásticas con 4.989 billetes de $50 mil: $249.450.000. Era la ‘cuota inicial’ que Martínez le había ofrecido a ‘Don Antonio’ por su retractación.

Antes de salir del centro comercial, Martínez pidió ir al baño. Lo acompañó un agente del CTI, quien notó que el abogado había escondido un celular en el cielorraso. El funcionario le pidió que entregara el celular. Martínez lo sacó del cielorraso, pero antes de abrir la puerta bajó la palanca del sanitario y entregó un celular sin simcard y con la batería suelta. El aparato móvil sigue en custodia, en estudio técnico. Cuando se le imputaron cargos, Martínez negó cualquier responsabilidad con respecto a la versión de ‘Don Antonio’.

Ese fue el momento en que el proceso por el asesinato de Fernando Vargas adquirió alto perfil. El 12 de febrero de este año Silvia Gette fue detenida en Paloquemao, tras haber salido de un interrogatorio. Dos días más tarde, un juez le otorgó detención domiciliaria al considerar que es madre cabeza de familia y debía velar por el bienestar de cuatro hijos menores de 14 años. Sin embargo, en marzo 19 pasado, se revocó esa medida y se ordenó su reclusión en la cárcel El Buen Pastor. Gette intentó evadir la orden aludiendo problemas de salud, pero el Inpec ordenó un examen médico a Medicina Legal, que concluyó que Gette podía recibir tratamiento ambulatorio.