"Sin la CIDH, ¿cómo creer en la paz?": Paola Acosta Alvarado

El Espectador habló con la experta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre las consecuencias en Colombia de la crisis que atraviesa la Comisión.

El seguimiento a casos tan importantes como la solicitud de medidas cautelares a favor de los niños de La Guajira podría verse amenazado con la crisis financiera que atraviesa la CIDH. Jesús Fragozo

A finales de mayo de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció un déficit financiero de US$1.000.000 que, de no resolverse, pondría en riesgo sus funciones, pues obligaría al organismo a prescindir del 40% de sus funcionarios. La docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, Paola Acosta, en entrevista con El Espectador, dio algunas luces sobre la raíz del problema de financiación y las posibles soluciones y enfatizó en lo importante que es para el país el correcto funcionamiento del organismo autónomo adscrito a la OEA.

¿Por qué es importante para Colombia que la CIDH goce de estabilidad financiera?

Sin recursos suficientes el Sistema no puede funcionar y éste es pieza clave del aparato de protección de los derechos de todos los individuos, no sólo de Colombia. Ahora bien, en el caso específico de nuestro país, el Sistema Interamericano y, en especial, la CIDH, son fundamentales para enfrentar las violaciones ocurridas en el marco del conflicto o las que son producto de las deficiencias estatales y, sin duda, jugaría un papel fundamental en el eventual posconflicto. Sin un aparato eficiente para la protección de los derechos fundamentales, ¿cómo creer en la paz?

¿Cómo le afectaría al país un eventual despido masivo de funcionarios de la CIDH?


Con ese despido el equipo que tramita los más de 6000 casos se reduciría a tan sólo 7 funcionarios, se cancelarían audiencias, visitas a terreno y se suprimiría el grupo encargado de las medidas urgentes. Todo ello significa asfixiar al Sistema, dejarlo sin herramientas, obligarlo a trabajar a paso de tortuga. El represamiento de casos será la primera y más evidente consecuencia, seguida de la capacidad de reacción ante situaciones urgentes. Para los colombianos que tramitan sus casos ante la Comisión o para aquellos que pretendían hacerlo esto significa una grave afectación a su derecho de acceso a la justicia, es decir, habría una doble victimización.

De los casos de colombianos presentados ante la Comisión, ¿cuáles podrían verse afectados de inmediato?

Todos ellos. El tiempo previsto para la solución de los procesos se prolongaría ante la falta de personal para tramitar los casos, pueda que el tiempo aproximado de espera se duplique o triplique. Así, la denegación de justicia a nivel nacional, sumada a la demora en la tramitación de los casos a nivel internacional deja a las víctimas en un profundo estado de vulnerabilidad.

El gobierno Santos desde 2011 ha aportado US $183.000 mientras Argentina, por ejemplo, ha aportado US $635.000. ¿Eso es suficiente para hablar de un compromiso con el sistema interamericano?

Evidentemente no. El Estado debe cumplir con sus compromisos internacionales, especialmente con aquellos relacionados con la manutención de los aparatos de protección. El impago de los aportes o su retardo es tan reprochable como la violación de cualquiera de los derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, de hecho, el no pago da lugar a la violación del derecho de acceso a la justicia. Además, resulta inconsecuente el discurso a favor de los derechos humanos, la reivindicación constante de los compromisos internacionales en esta materia y la apuesta por la paz con el desdén financiero del Estado respecto a su más importante aparato de protección.

¿Por qué los países de Latinoamérica y el Caribe aportan más económicamente a la CPI que a la CIDH?


Buena pregunta. Habría que hacérsela al Estado. También habría que cuestionar a la OEA por no ser más enérgica a la hora de exigir la financiación para el Sistema de Protección.

¿Las fuertes críticas que ha hecho la CIDH con los diferentes gobiernos de los países miembros puede ser una explicación para este recorte de aportes?


Creo que sería demasiado inocente pensar lo contrario pero también muy obtuso creer que esta es la única causa. Sin lugar a dudas, puede que algunos Estados prefieran asfixiar de forma solapada al Sistema antes que dar una batalla por su reformulación o su cierre. Sin embargo, esta no es la única razón del problema financiero del Sistema, sus raíces son más antiguas y tienen que ver con las prioridades estatales y del hemisferio, con la situación financiera de algunos miembros de la OEA, con las apuestas geopolíticas de algunos estados, con la incapacidad de la Organización a la hora de exigir los compromisos estatales, entre otras.

¿Qué estrategias se podrían implementar para que la CIDH no siga sufriendo esta precariedad económica?

Hace falta un plan integral y a largo plazo que involucre a los estados, la OEA y la sociedad civil. Deben atenderse los llamados de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de sus necesidades. Pensar en conseguir los recursos que se necesitan a largo plazo y no simplemente intentar tapar los vacíos financieros del día a día.

En este sentido, la OEA debe ser más firme con los estados de la región, pensar quizás en un sistema escalonado de sanciones y eventuales suspensiones de participación y votación en casos de mora con el Sistema. Los Estados deben comprometerse con el Sistema y ante el eventual argumento de escasez, priorizar el pago de la cuota del Sistema antes que las membresías en otras organizaciones. Finalmente, nosotros, la sociedad civil, debemos organizarnos. Hay que monitorear el cumplimiento de las obligaciones financieras del estado, ejercer veeduría, prender las alarmas y movilizarnos para salvar lo que debería ser el bien más preciado de la región: su sistema de protección de derechos.