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Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) denunciaron que, después de dos años de haberse pactado acciones para superar la crisis carcelaria que vive el país, los problemas siguen latentes y están a punto de iniciar un paro hasta que el Ejecutivo ponga en marcha medidas para solucionar la problemática. Los miembros de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) –el sindicato más grande del Inpec, con 5.000 miembros- aseguran que los problemas de hacinamiento, escasez de personal y malas condiciones de trabajo y de salud de los presos, entre otras, persisten dentro de las cárceles colombianas.
Desde entonces los distintos sindicatos han señalado incumplimientos por parte del Gobierno. En julio de 2016 los funcionarios del Inpec señalaron que la sobrepoblación continuaba. Según la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento en las cárceles colombianas es del 53%. Los 140 centros penales que hay en Colombia tiene capacidad para recibir 76.553 presos, y en junio del año pasado había 117.018 personas recluidas. Otra de las peticiones de los funcionarios era que el personal no era el suficiente (un funcionario por cada 10 internos). De los puntos en discusión el Gobierno solo cumplió en el incremento salarial y según los funcionarios del Inpec, se hizo porque había un dinero de la institución sin ejecutar.
En agosto de 2016 el Inpec informó que con la declaratoria de emergencia carcelaria en mayo de ese año se habían desarrollado 694 brigadas en salud y se atendieron a 30.369 internos. Igualmente, se realizaron 1.470 jornadas en salud que beneficiaron a 45.013 reclusos. A esa iniciativa se sumaron fundaciones, voluntariados, asociaciones médicas, la Policía, entre otros, gestionando la adquisición de equipos, suministros, cuerpo asistencial y asistencia humanitaria que han fortalecido las brigadas, jornadas cívicas y valoraciones.
Sin embargo, esas acciones que se hicieron para superar la crisis carcelaria no fueron suficientes, según la Contraloría. Un reporte del ente control coincide con lo que los funcionarios penitenciarios han alegado durante los últimos años: alerta sobre el hacinamiento, falta de personal del Inpec, pobres condiciones sanitarias y de asistencia médica. El documento fue enviado a la Corte Constitucional en cumplimiento de dos sentencias del alto tribunal, que declararon en estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario colombiano. Es decir: la Corte Constitucional encontró una violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales en las prisiones del país, omisión de las autoridades para solucionar la problemática y por ende alertó al Estado para que supere esta crisis.
Un campanazo de lo que se puede venir ya lo habían dado en diciembre de 2016 los funcionarios del Inpec en Barranquilla, quienes anunciaron el inicio de un paro denominado Plan Reglamento, consistente en permitir el ingreso a la cárcel La Vega solo a los sindicados procedentes de los municipios que tienen convenio firmado con el Inpec. El anuncio lo hizo el dragoneante Jorge Aníbal Ospino, presidente de uno de los sindicatos del Inpec, durante una reunión que se realizó en la Gobernación de Sucre. “Desde enero pasado empezamos los trámites de los convenios tratando de generar un compromiso en los alcaldes y finalizó el año y eso no se logró. Solo el alcalde de Ovejas lo firmó" aseguró el funcionario.
La Contraloría señaló que se está incumpliendo la fórmula de equilibrio decreciente solicitada por la Corte Constitucional, en la que se pedía que a los centros penitenciarios con el mayor hacinamiento solo se iba a permitir la entrada de la misma cantidad de personas que haya salido del lugar la semana anterior. Además, Horacio Bustamante, presidente de la UTP, asegura que esto no es una situación que ocurre solo en el Atlántico. El líder sindical asegura que esto pasa en la totalidad de cárceles del país.
Líderes de la UTP asesinados
En diálogo con este diario, Horacio Bustamante también denunció que los funcionarios que se atreven a denunciar los distintos casos de corrupción dentro del Inpec y “que generan esta actual crisis que vive el sistema carcelario del país”, o que simplemente hacen su trabajo de “manera honrada” terminan asesinados. “Desde 2014 las muertes contra nuestros integrantes han aumentado coincidentemente cuando se empezó a denunciar lo que pasa dentro del Inpec”, aseguró el director nacional de la UTP. Además, señaló que los ocho asesinatos fueron ejecutados por sicarios que se movilizaban en moto o carro.
El integrante de la UTP, Wilson Javier Solórzano Arenas, Inspector en la cárcel del Espinal (Tolima), murió en abril de 2014 a manos de sicarios a bordo de una moto. El funcionario del Inpec, que también se movilizaba en una motocicleta, fue ultimado cuando se dirigía por la vía que conduce de Chicoral a El Espinal. Según los compañeros de Solórzano, él había denunciado amenazas contra su vida, y había denunciado ante la Fiscalía de Espinal los hechos, y que presuntamente vendrían de los reductos paramilitares del departamento.
En mayo de 2015 murió el guardián del Inpec Over Libardo Rivera Rodríguez en la Unión (Nariño). Según vecinos del sector donde sucedió el crimen, se escucharon varios impactos de bala que prendieron las alarmas de los moradores de la vereda Juan Solarte Obando, localizada en La Unión, vía al cementerio, a tan solo cinco minutos del centro de la población, en donde se encuentra la granja del centro penitenciario donde son trasladados los reclusos que están a punto de pagar su condena y que hayan demostrado buena conducta en el transcurso de su reclusión en la cárcel del municipio.
A esa hora, cuando se disponía, al parecer, a hacer el recorrido de control en la granja donde se encontraban 13 internos, el guardián recibió cuatro impactos de revólver calibre 38 largo que al parecer fueron disparados por los sicarios que se encontraban en la cerca de la granja, a tan solo 3 metros. El guardián Over Libardo Rivera Rodríguez, de 48 años de edad, llevaba más de 20 años al servicio de la institución. Según reporte de las autoridades, Rivera Rodríguez recibió cuatro impactos a la altura del pecho y uno en el hombro derecho.
Un mes después, Julián Alberto Tacuma, quien se desempañaba como dragoneante de la cárcel de Villa Hermosa (Cali) y quien se caracterizó por ser activo en las protestas frente a la crisis carcelaria, –después de durar 3 días desaparecido- fue hallado muerto y con signos de tortura en un paraje que conduce de Cali a Jamundí. Carlos Alberto Oviedo Torres, otro miembro de la UTP y que trabajaba en la cárcel de Itsmina (Choco) también murió ese mismo mes y en condiciones parecidas a Tacuma.
A principios de junio de 2016 fue asesinado Giuliano Pieruccini Rodríguez, asesor jurídico y dragoneante del Inpec en Buga, Valle del Cauca. El guardia se movilizaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos que también se movilizaban en moto y le dispararon en seis ocasiones con arma de fuego a pocas cuadras de su casa. Pieruccini era abogado graduado de la Unidad Central del Valle del Cauca, trabajaba en la oficina jurídica, lugar en donde se encargan de llevar los procesos disciplinarios de los internos del centro carcelario. Llevada aproximadamente 10 años como funcionario del Inpec. Los responsables aún son materia de investigación por parte de las autoridades.
Michel Steven Jiménez Velásquez fue asesinado en Marroquín (Casanare) en octubre del año pasado. El dragoneante del Inpec fue asesinado en Cali a una cuadra de su casa. Días antes de su homicidio el dragoneante había decomisado varios kilos de cocaína, armas y celulares en Establecimiento Penitenciario y Carcelario Jamundí. Según comentó un familiar del funcionario del Inpec a los medios locales, hace tres años un hermano de Michel Steven, Eder Stiwar, fue asesinado en julio de 2013 en cercanías de su casa, y días antes de haber realizado su ingreso al Inpec.
A finales de octubre los guardias del Inpec Julio Maestre y Edgar Velásquez, quienes se movilizaban con interno en carro oficial de la institución, fueron interceptados por varios hombres en la vía que conduce de Granada a Villavicencio. Después de disparar contra ellos, los sicarios abandonaron el lugar en una camioneta blanca. Las autoridades tienen la hipótesis de que los guardianes murieron a raíz de un atentado que iba dirigido al prisionero que iba con los dos guardianes.
En todos estos casos, la Fiscalía aún no ha arrojado conclusiones para establecer si hay alguna relación entre los crímenes y las actividades sindicalistas de las víctimas. Las indagaciones, así como la crisis carcelaria, continúan.