SIP protesta por prescripción del caso del periodista Arsenio Hoyos

El organismo también anunció que llevará ante la CIDH el caso de un reportero gráfico de El Espectador asesinado y el de otros comunicadores.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este jueves "estupor" tras el anuncio de que en Colombia prescribió esta semana el caso del asesinato de Arsenio Hoyos, director y propietario de la emisora "La Voz de Ariari", ocurrido en 1991.

El organismo, que agrupa a los dueños de medios de América Latina, anunció también que en los próximos días someterá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos ya prescritos del periodista Julio Daniel Chaparro y del reportero gráfico Jorge Enrique Torres, del diario El Espectador de Bogotá, asesinados el 24 de abril de 1991.

"En momentos en que la SIP reclamó ante la Unesco y la Organización de Naciones Unidas influir sobre los gobiernos para que sean más escrupulosos y efectivos a la hora de defender y proteger la actividad periodística, causó estupor que en Colombia haya quedado en la impunidad otro caso de un periodista asesinados hace 20 años", dijo el organismo desde su sede en Miami.

El caso de Hoyos prescribió el martes y se convirtió en el octavo que caduca este año en Colombia, donde la reforma del 29 de diciembre de 2010 a la ley 1426 extendió el plazo de prescripción a 30 años, aunque sin efecto retroactivo.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Siglo 21, expresó su consternación "por la falta de justicia e inacción del gobierno a resolver el caso de Hoyos y otros que para siempre quedarán en la impunidad", señaló el comunicado. Marroquín advirtió que otros dos homicidios podrían prescribir antes de finalizar este año, los de los periodistas Rafael Solano, 'freelance', asesinato en Fundación (departamento de Magdalena) el 30 de octubre de 1991, y el de Néstor Henry Rojas, corresponsal de El Tiempo en Arauca, muerto en esta ciudad el 28 de diciembre de 1991.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, consideró, al igual que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, que la justicia de este país "incumplió su obligación de investigar y sancionar a los responsables durante un tiempo razonable, así como tampoco respetó el derecho de sus familiares a conocer la verdad de los hechos".