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En junio del presente año se registró una noticia escalofriante en Colombia: siete soldados del Ejército, miembros del Batallón de Artillería No. 8, habrían secuestrado y violado una menor embera de 12 años, en la zona rural del municipio de Pueblo Rico (Risaralda). La Procuraduría inició una investigación por presunto secuestro y acceso carnal violento, cuyo expediente ya se encuentra en la etapa probatoria. Este jueves se conoció que, según el Ministerio Público, los soldados habrían llamado a otros compañeros para cometer el hecho.
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El procurador delegado para la Fuerza Pública mencionó durante la diligencia que tiene elementos materiales probatorios para sostener tal hipótesis. Según la investigación, la niña indígena habría estado secuestrada durante un periodo de tiempo tan largo, que entre los mismos soldados se habrían comunicado por celular para invitar a otros compañeros a cometer el crimen.
Durante la audiencia disciplinaria, el Ministerio Público preguntó a los investigados si, en el momento de los hechos, tenían el número de los demás soldados. Sin embargo, los testigos aseguraron que, aunque pudiesen estar registrados entre los contactos numéricos, nunca fueron llamados para cometer el presunto abuso sexual. El delegado Hernán Rincón Cuellar, por su parte, aseguró que podría validar su teoría a través del trabajo de peritos, quienes son capaces de crear un mapa con las llamadas efectuadas ese día entre los procesados.
Los soldados habrían mentido a la justicia por orden de sus superiores
La audiencia disciplinaria contra los siete soldados se encuentra en etapa probatoria. De aquí en adelante, el procurador delegado para la Fuerza Pública escuchará los testigos involucrados en el presunto acceso carnal violento. Los testimonios de dos soldados regulares aportaron un elemento clave a la investigación: altos mandos del Batallón de Artillería No. 8 habrían intentado desviar el expediente invitando a sus subalternos a decir mentiras.
El soldado regular Víctor Manuel González, quien hace parte del Batallón de Artillería No. 8, aseguró que recibió directrices de dos altos mandos de la institución, quienes presuntamente le habrían indicado qué responder ante la Fiscalía, cuando fueron citados por la justicia ordinaria. “No dije la verdad sobre el lugar en donde estábamos”, testificó ante la Procuraduría. Además, aseguró que se dio cuenta de tal situación al día siguiente, cuando la misma niña le confesó haber sido violada.
“Si les preguntan, ustedes dicen estaban afuera del colegio. Mi Primero Díaz y el Cabo Hernández nos dijeron que debíamos decir eso”, agregó el soldado regular González, quien no hace parte del grupo de siete soldados investigados por el presunto acceso carnal violento. El soldado Iván Andrés Herrera, quien tampoco habría ultrajado a la menor, adhirió al testimonio de su compañero González. Incluso, aseguró haber sido quien alertó a los superiores.
“Cuando pasó los hechos de la indígena, él (viceprimero Díaz) dijo formar y recoger todo que nos vamos. Él empezó a decir lo que uno tenía que decir. Que dijéramos que estábamos en un cerro, que todos los días nos movíamos. Él no quería que se enterara que estábamos en un colegio. Todo eso yo lo dije a la Fiscalía”, testificó el soldado Iván Andrés Herrera.
Los investigados por la presunta tortura y acceso carnal violento, miembros del Batallón San Mateo, son los soldados regulares Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Álzate y Deyson Andrés Isaza Zapata, todos investigados por violencia sexual contra la menor indígena. Luis Fernando Mangaret, por su parte, fue vinculado por omisión, pues guardó silencio tras la presunta conducta criminal de sus compañeros.
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“Ni los ciudadanos, la sociedad, y el Ejército Nacional en su conjunto esperan que algún miembro de la institución vulnere la dignidad de las personas - más aún de las menores de edad - dada la investidura y la función constitucional que tienen, en especial, en una zona de conflicto armado como es el corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda”, argumentó el Ministerio Público el pasado 19 de julio, cuando decretó pliego de cargos contra los siete soldados.
La audiencia disciplinaria es llevada a cabo por el delegado de la Procuraduría Hernán Rincón Cuellar, quien a su vez investiga a los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por la muerte violenta del abogado Javier Ordóñez, cuyo fallecimiento por presunta tortura y abuso de autoridad desembocó en las noches de protesta del 9 y 10 de septiembre en Bogotá. La diligencia contra los soldados del Batallón de Artillería No. 8, quienes también enfrentarán un proceso en la justicia ordinaria, continuará el viernes 16 de octubre.