:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/HFPMABViSQlzH4TsX0a_BmP0ibU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/RSVDZGNF3VGHLC4H5UHLA4B74A.jpg)
Buscando resarcir a más de 40.000 víctimas del paramilitarismo –entre ellas 5.000 atribuidas al Bloque Central Bolívar– la Fiscalía General de la Nación solicitó este martes embargar bienes de terceras personas vinculadas al coronel (r) Hugo Aguilar, exgobernador de Santander condenado por vínculos con paramilitares. Las propiedades –entre las que se cuentan automotores, casas, fincas y oficinas– están avaluadas en más de $6.764 millones.
De acuerdo con el ente investigador, que elevó la solicitud ante un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Santander, se trata de 32 bienes en cabeza de terceros, “quienes prestan su nombre, administran, ocultan o mezclan su patrimonio” con el exgobernador. (Lea: Hugo Aguilar no tiene plata, pero maneja un Porsche)
En 2013, el coronel retirado fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a pagar nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir, es decir, por llegar a acuerdos con paramilitares de la región. En tal fallo, también impuso una multa de $6.000 millones que afirmó no tenía cómo pagar. Por eso, aporta cómodas cuotas mensuales de $500 mil. Sin embargo, en marzo pasado Aguilar –libre desde mediados de 2015– fue fotografiado manejando un vehículo Porsche que puede costar más de $200 millones.
Los bienes sobre los que se solicita embargo son cuatro automotores y 28 inmuebles ubicados en Bucaramanga, San Gil, Piedecuesta, Floridablanca y Socorro (en Santander), así como en Bogotá y Chitaraque (en Boyacá). Se trata de casas, fincas, lotes, depósitos, oficinas y garajes.
“Una vez decretadas las medidas, el ente acusador pedirá ante los magistrados de la jurisdicción de Justicia y Paz la extinción de dominio de los bienes referidos a favor del Fondo para la reparación de las víctimas”, aseguró la Fiscalía, que indaga también si los terceros propietarios o poseedores de los bienes habrían incurrido en algún delito.
La investigación que hoy desembocó en la solicitud de embargo de bienes comenzó en junio de 2017 tras una jornada anticorrupción extraordinaria liderada por el fiscal Néstor Humberto Martínez en Bucaramanga. A partir de ese momento, se atendieron denuncias que advertían un eventual ocultamiento y desviación de dineros, todo para evitar el pago a las víctimas en el proceso contra el exgobernador Aguilar.