Sólo 12 postulados han salido de la cárcel

Según la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, quienes no han salido de prisión es porque no han cumplido con los requisitos establecidos por la justicia transicional: decir la verdad y reparar a sus víctimas.

El exjefe ‘para’ Carlos M. Jiménez, alias Macaco (der.) y a su lado alias Ernesto Báez, durante una desmovilización. / Archivo - El Espectador

Tras casi 10 años de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, solo 12 desmovilizados, de los 2.684 que fueron a prisión, han salido de la cárcel. Hasta el momento, según cifras del Inpec y la Fiscalía, 167 postulados ya cumplieron con la pena alternativa de cárcel. Mientras ellos aseguran que el Gobierno les está incumpliendo con lo pactado en 2005 por no otorgarles sus beneficios de libertad, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía manifiestan que muchos de los reclamantes no han acatado su compromiso de contar la verdad y reparar a sus víctimas. Un tema que es necesario revisar en medio de los diálogos de paz ante una la latente desmovilización de las Farc.

De las 56.765 personas que se han desmovilizado en el país desde 2003, 5.019 se convirtieron en postulados de Justicia y Paz. De estos, 2.684 ingresaron a prisión. Otros 1.130 han dejado de hacer parte del programa, bien sea porque fallecieron, no ratificaron su condición de postulados, decidieron que sus procesos continuaran ante la justicia ordinaria o fueron excluidos. La Fiscalía y los tribunales de Justicia y Paz han advertido que varios postulados no han colaborado con las investigaciones y otros han seguido delinquiendo, lo que justifica que, de los que están en la cárcel, 107 desmovilizados hayan sido excluidos del programa. Entre ellos, algunos jefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Marco Tulio Pérez, alias el Oso, y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.

En contraste, tan solo 12 hombres del universo de postulados han salido de prisión. Uno de ellos, Noraldo Basto León, alias Parabólico, ya quedó en libertad a prueba. Es decir, ya saldó sus cuentas con la justicia, pero tendrá un período en el que se evaluará su proceso de resocialización. Los otros 11 desmovilizados que salieron de prisión lo hicieron bajo la modalidad de sustitución de medida de aseguramiento. En pocas palabras, cumplieron el tiempo de su pena pero tendrán que seguir asistiendo a diligencias judiciales, ya que sus procesos aún no han terminado.

Este balance ha abierto un debate entre los postulados y el Gobierno. Cabe recordar que la Ley de Justicia y Paz desde el 25 de julio 2005 —día en que entró en vigencia— ha sido modificada varias veces. Una de ellas es que en un principio se planteó que el tiempo para cumplir la pena alternativa correría a partir del día en que se decretó la ley, interpretando que los desmovilizados recuperarían la libertad en 2012. Sin embargo, la Corte cambió la normatividad y estableció que los ocho años de cárcel se contarían desde el momento de la postulación de cada persona.

A la Fiscalía y a la Corte no les preocupan las bajas cifras de libertades concedidas. Han argumentado que la negación de las solicitudes de los postulados se basan en que ellos no han reparado a las víctimas, no han dicho la verdad sobre los delitos, no han entregado todos los bienes adquiridos ilegalmente y han incumplido con las órdenes contempladas en los fallos —en el caso de los que ya tienen sentencia—.

Otra situación que ha llevado a los desmovilizados a no continuar en Justicia y Paz es la no ratificación de su postulación, pues según explicaron fuentes consultadas, algunos guerrilleros y paramilitares decidieron avanzar con sus procesos en la justicia ordinaria. Al parecer, esto les daba beneficios jurídicos como reducción de penas, la no reparación a las víctimas y la no entrega de bienes. Según explicaron expertos en el tema, una condena de 30 años de prisión emitida por la justicia ordinaria podría reducirse a tan solo siete años, pues la aceptación de cargos baja el 50% de la pena y, además, si en la cárcel trabajan, estudian o enseñan, obtendrían otra disminución entre el 30% y el 40%.

Según Carlos Hernán Garzón, asesor de Justicia Transicional del Inpec, continuar los procesos con la justicia ordinaria es una opción para salir pronto de la cárcel si se tienen procesos adelantados. Sin embargo, señaló que puede ser contraproducente, pues al irse por la justicia ordinaria, el desmovilizado solo está pagando la pena por un delito y si su nombre es mencionado en otros crímenes, se le abriría un nuevo expediente y podría regresar a prisión.

Uno de los asuntos que mayor controversia generaron en Justicia y Paz fue la extradición de 14 jefes paramilitares a EE.UU. en 2008. Varios sectores se opusieron a la decisión argumentando que se estancarían los procesos. Sin embargo, a pesar de que Macaco y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, fueron excluidos, los demás —como Salvatore Mancuso— continuaron colaborando con las autoridades. Asimismo, la Corte ha insistido en que no se extraditarán más comandantes ‘paras’ mientras no terminen las diligencias de Justicia y Paz.

Una de las conclusiones de Justicia y Paz es que los miles de delitos declarados desbordaron la capacidad de investigación de las autoridades. Hasta el momento solo se han emitido 60 condenas. Aún más, en los registros de los postulados continúan apareciendo los nombres de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del clan Úsuga, y de Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, dos reconocidos criminales que a pesar de haberse desmovilizado continuaron delinquiendo. Además, puede suceder que, como en el caso de Don Mario, si son capturados exijan los beneficios y no sean recluidos en un patio de máxima seguridad, sino en uno de Justicia y Paz hasta que se legitime su exclusión.

Garzón resaltó que una de las conclusiones negativas de este proceso ha sido la contribución a la verdad, pues aunque se intenta confesar todo, las pesquisas no son profundas y no hay verdad absoluta. Entre lo positivo, indicó que el programa se convirtió en un mecanismo por el cual los desmovilizados, por decisión propia, colaboraron con las autoridades.

Este 2015 será definitivo en Justicia y Paz, no solo porque una gran cantidad de desmovilizados cumplen su tiempo de pena alternativa —y según la ley deberían obtener la libertad—, sino también porque desde La Habana se presta mucha atención a lo que sucede con los miembros de las autodefensas, especialmente con los parámetros establecidos a las penas que debían pagar en prisión.

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