“Sólo cuando Malo salió del cargo, me absolvieron”: magistrada Villamizar

Un caso patético en la Rama Judicial revela el estado de corrupción y de complicidad implícita que podría afectar a ese sector: el de la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, suspendida por un año por denunciar un soborno en el que estarían involucrados el presidente de esa corporación y otros. Pasados tres años, varios denunciados admitieron su responsabilidad, y aunque la magistrada fue absuelta por la Corte Suprema, sigue sancionada “por no preservar la dignidad de la Justicia”.

“Muchos prefieren callar por temor a represalias”, dice Villamizar. / Óscar Perez

Usted denunció unos hechos de corrupción en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2012 y terminó denunciada tanto penal como disciplinariamente, con consecuencias negativas para usted. ¿Se arrepiente de no haberse callado?

No me arrepiento. El futuro de una democracia debe estar en manos de jueces probos. Y los operadores judiciales que pensamos y obramos con independencia y decencia somos muchos más que los corruptos que han puesto en tela de juicio a la Rama Judicial.

El hecho concreto es que usaron su nombre para cobrar dinero por una decisión que dependía de usted. Y cuando denunció el caso en sala plena de su corporación, salió perdiendo porque usted está fuera de su cargo y su denunciado sigue en el Tribunal. ¿Significa que ganaron los corruptos?

En principio, pareciera que sí. Me he sentido muy afligida por la situación que me ha tocado vivir, pero la decisión que tomó la Sala Penal de la Corte Suprema hace poco empieza a reivindicar la imagen de la administración de justicia. Confío en que esto derive en consecuencias en los procesos penales contra las personas que denuncié.

¿Por qué cree que el expresidente y actual magistrado del Tribunal, Fredy Hernando Ibarra, no ha sido tocado por las instancias penales en tanto que a usted ya le fallaron las contradenuncias que él interpuso?

Mucho me temo que se trata de una suerte de solidaridad de cuerpo, no porque todos los jueces sean delincuentes, sino porque muchos prefieren callar, algunas veces para guardar las apariencias, vale decir, el buen nombre de la administración de justicia, y otras, por temor a represalias similares a las que he padecido. De hecho, a pesar de mi absolución, emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema, fui suspendida del cargo por el Consejo Superior de la Judicatura con el argumento de que, supuestamente, “les falté al respeto” a mis compañeros y no “preservé” la dignidad de la justicia. Al respecto, hay hechos que me gustaría destacar: uno, que la Fiscalía sigue investigando el caso, y dos, que es omisa en proceder.

¿Por qué?

Porque no puede haber cohecho en un solo sentido: el de quien entrega la coima. Me pregunto: y entonces, ¿para la Fiscalía no hay alguien que la recibió? Al aceptar la imputación de cargos, es decir, al admitir que cometió el delito de pagar por un fallo, el exalcalde Balsero es claro en decir que su hijo, en compañía del abogado Forero, fueron quienes le llevaron la plata al apartamento del presidente del Tribunal, y da detalles de tiempo, modo y lugar. ¿El abogado Forero entró al edificio en donde residía el magistrado sin su permiso y se quedó con la totalidad de la plata, sin repartirla?

Su caso toma relevancia y actualidad por los nombres de quienes la investigaron y “engavetaron” su absolución penal mientras se aceleraban las sanciones disciplinarias en su contra: el fiscal Luis Raúl Acero Pinto, exmagistrado auxiliar de Leonidas Bustos, y Gustavo Malo, magistrado en suspenso de la Corte Suprema. ¿Se declarará víctima del denominado cartel de la toga?

No estoy segura de que sea una víctima directa. Pero sí puedo afirmar, sin lugar a dudas, que el hecho de que haya quedado en evidencia ese presunto cartel, sí me benefició profundamente, pues sólo cuando el magistrado Malo salió del cargo, se emitió la absolución en mi caso por el supuesto delito de calumnia. De lo contrario, mucho me temo que el proceso hubiera prescrito, y sin decisiones de fondo. Es decir, se hubieran lavado las manos.

¿Cree que esa era una manera de sacarle el cuerpo al asunto para favorecer al magistrado que usted denunció? Pregunto porque es indudable que su absolución repercute en las denuncias contra él, único que, repito, hasta ahora la Justicia no toca…

Sí, porque mi defensa se orientó principalmente a demostrar que lo que dije era cierto.

¿Es cierto que mientras Acero aceleró la investigación en su contra, “engavetó” e incluso se “desapareció” la denuncia que usted interpuso contra Ibarra?

La respuesta es afirmativa. Luis Acero fue mi acusador por el supuesto delito de calumnia, interpretando los testimonios de mis compañeros de sala como si ellos dijeran lo que no dicen. En mis alegatos ante la Corte hice notar que ese fiscal incurrió en el delito de prevaricato, y también que este, de manera concomitante, tuvo por un tiempo importante la denuncia que interpuse en contra del magistrado Freddy Ibarra (fiscal de la parte y de la contraparte, simultáneamente). Sólo hasta 2015, tres años después, se “acordó” de declararse impedido y remitió el caso al despacho del fiscal general Eduardo Montealegre, quien lo reasignó a la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte.

¿En qué estado se encuentran hoy los procesos contra su denunciado?

En contraste con el manejo que se les ha dado a los procesos en mi contra, cerraron el disciplinario contra él a su favor aproximadamente en cuatro meses, y sin haber investigado los hechos. La otra denuncia, la penal, se encuentra en la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte, como ya dije, desde el año 2015, y allí no ha movido nada.

¿Es verdad que el proceso en su contra llegó al despacho del magistrado suspendido Gustavo Malo y que este, una vez concluida la etapa de juicio, engavetó su caso durante un año?

Es verdad. Sólo cuando llegó el magistrado que lo reemplazó se produjo mi absolución. Debo destacar que el tema era tan palmario que sólo ocho días después de su llegada al cargo, dicho magistrado citó a audiencia para anunciar el sentido del fallo, y a los dos días profirió la sentencia definitiva. El 6 de octubre de 2016 se terminó el juicio y únicamente el 24 de octubre de 2017 se anunció mi absolución.

El método empleado por los funcionarios que usted denunció es idéntico al que hoy se les investiga a exmagistrados de la Corte Suprema y al que involucró a otro magistrado de la Corte Constitucional: pedir dinero a cambio de fallos. Cuando denunció ese ilícito hace cinco años, ¿sabía que casos similares se estaban cometiendo en el resto de la Rama Judicial?

No, no sabía. Cuando ingresé al tribunal había rumores, pero nada se hizo porque sólo había versiones sin pruebas. En mi caso, los medios de comunicación fueron fundamentales para descubrir la verdad. Entonces pretendieron que me callara, porque como no soy magistrada de alta corte no querían investigar. Por el contrario, la persecución en mi contra por parte de la Fiscalía, de la Judicatura y de algunos magistrados del Consejo de Estado, entre ellos el hoy ministro de Justicia, pareciera ser la prueba de que pensaron que era yo, y no quienes recibieron dineros a cambio de un fallo, la que causaba daño a la administración de justicia. El fallo de la Corte Suprema que me absuelve demuestra lo contrario.

¿Cómo la “persiguieron” la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y el actual ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que fue consejero?

La Fiscalía, por preferir investigarme a mí y no a los corruptos. La Judicatura, por censurarme sin investigar a fondo y por ponerme una mordaza para que no denunciara. Y algunos magistrados del Consejo de Estado, entre ellos el ministro, por pedirle mi cabeza a la magistrada ponente en la Sala Disciplinaria de la Judicatura, como ella misma lo admitió.

En la Judicatura, ¿cómo sustentaron su sanción por “falta grave a título de dolo” cuando varios involucrados ya aceptaron haber incurrido en el delito que usted denunció?

Como lo he dicho, en la Judicatura me cerraron la investigación en dos meses sin oír a los testigos pedidos por mi defensa. Me dictaron pliego de cargos por falta gravísima, falta grave de respeto, falta por daño a la buena imagen de la administración de justicia y con dolo. Posteriormente, cuando se decretaron las pruebas que antes me había negado la primera magistrada, una nueva togada distinta de la inicial desistió de recaudarlas y falló sin siquiera haber practicado o trasladado las pruebas recaudadas por la Corte. Y falló con esa omisión. La decisión que profirió esa alta corporación, palabras más, palabras menos, está reprochándome haber hecho públicos esos hechos de corrupción, pues a mí me suspendieron por haber desdibujado la imagen de la administración de justicia y por no haber sido cortés con mis compañeros. Como si tapar actos de corrupción fuera aprestigiar la justicia y sinónimo de cortesía. Es triste reconocerlo, pero insisto en que en la justicia hay una lamentable política de tapar.

Esa conducta de tapar, ¿es corriente en la Rama Judicial? ¿Existe una ley de silencio similar a la solidaridad de cuerpo que se les critica a los militares?

Eso es lo que se deduce de la decisión de la Judicatura. Espero que todos los casos de corrupción en la justicia que empiezan a ventilarse cambien esa mala práctica.

Usted interpuso una tutela contra el fallo del Consejo de la Judicatura. ¿Basada en cuáles hechos?

En que no se valoraron mis pruebas y en que el fallo se profirió por magistrados sin jurisdicción ni competencia, por cuanto el único competente para llenar las vacantes definitivas es el Congreso de la República y no el propio Consejo de la Judicatura. Además, por vencimiento del período constitucional de algunos de ellos. Adicionalmente, también alego que para el momento en que me fue notificado el fallo, el asunto ya estaba prescrito y que, a pesar de que presenté reposición, ejecutaron la sanción de inmediato. Se me impuso la sanción más grave: doce meses fuera del cargo, la misma que les pusieron a los magistrados del Tribunal de Cúcuta que desfalcaron a Ecopetrol en más de $134.000 millones.

¿Cuál trámite se le ha dado en el Consejo de la Judicatura a su tutela, figura que debe ser resuelta en el término perentorio e improrrogable de 10 días en primera instancia y de 20 en la segunda?

En la primera instancia se me negó el amparo al decir que no cumplí con la carga de aportar el expediente que se encuentra en manos de los accionados. Impugnada la misma, se la han pasado resolviendo impedimentos y nombramientos de conjueces, a tal punto que el 26 de noviembre cumplo siete meses de haberla interpuesto. Y nada.

¿Por qué hay tanto impedimento? ¿Tal vez es una expresión de temor?

No creo que por temor sino por darles manejo a los tiempos con el fin de evitar, a toda costa, mi reintegro. Mi conclusión es que buscan obligarme a cumplir la sanción de un año a como dé lugar.

¿Siente que se ha convertido, para la Rama Judicial, en una piedra en el zapato?

No diría que para la Rama Judicial sino para los malos funcionarios que aún la integran.

Una cosa es tener derecho a regresar al cargo, como es su caso. Otra, querer hacerlo. Me imagino que el ambiente que la espera en el Tribunal, en donde el magistrado denunciado, Fredy Ibarra, parece tener mucho poder, no será grato para usted. ¿Se posesionaría de nuevo o prefiere demandar a la nación por los daños y perjuicios sufridos?

Regresaré y llegaré con la frente más en alto que nunca, pues comencé a acreditar que, sea como sea, si se tiene la suficiente entereza y paciencia, se pueden denunciar los hechos de corrupción. En todo caso, no será impedimento para reclamarle a la nación la indemnización por los perjuicios que me han causado y a los que tengo derecho.

$600 millones por un fallo en el Tribunal de Cundinamarca

Usted denunció a un exalcalde de Cota, (Cund.) a quien usted investigaba, al presidente del Tribunal de Cundinamarca del año 2012 y a otros porque el procesado decía que le cobraban $200 millones para absolverlo ¿Cuál es la situación de esas personas, hoy?

El exalcalde de Cota, Juan David Balcero, está en detención domiciliaria; en libertad pero vinculado al proceso, el hijo del exalcalde, Edwin Balcero, a quien se le imputó haberle llevado al apartamento del magistrado Fredy Ibarra Martínez, entonces presidente del Tribunal, $50 millones, en compañía del intermediario, el abogado Efraín Forero Molina. Padre e hijo aceptaron cargos. No ha avanzado la investigación en contra del presidente del Tribunal. Están privados de la libertad, Alejandro Bautista, secretario general del Tribunal, que no ha aceptado cargos; y el abogado Forero, acusado y quien tiene un preacuerdo suscrito con la Fiscalía. Le hago una aclaración: no fueron $200 millones los que dio el alcalde. Forero aseguró, en su testimonio, que se entregaron 600 millones para repartirlos en el Tribunal.

¡Ah! Ese dato es importante porque significa que pudo haber otros magistrados involucrados ¿Supo quiénes o por lo menos cuántos?

No. La verdad, intenté establecerlo pero no pude.

Absuelta y condenada simultáneamente

Usted fue absuelta en la Corte Suprema por el delito de calumnia contra los funcionarios que denunció. Implica que no mintió y, además, los involucrados admitieron el soborno que ejecutaron. Pero, del otro lado, el Consejo de la Judicatura la sancionó en materia disciplinaria por, presuntamente, “faltarles al respeto” ¿Cómo explica esta dicotomía judicial?

Es contrario a la evidencia que me absuelvan del ilícito de calumnia pero me condenen por decir que sin pruebas y con simples rumores, les imputé un delito a mis compañeros. Son muchos los factores que explican esa dicotomía, como la llama usted, pero resalto dos: el primero, que la demora de un año del magistrado Malo para dar a conocer el sentido del fallo penal en la Corte Suprema, cuando la ley solo le otorga dos horas para hacerlo, implicó que el Consejo de la Judicatura fallara antes que la Corte; el segundo, que el Consejo de la Judicatura no me permitió aportar las pruebas que la Corte sí tuvo en cuenta. Esta sería una razón para que haya decisión diferente.