“Somos magníficos en el diseño legal, pero no en su implementación”: de Greiff

En su primera entrevista desde que dejó el cargo de Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff habla de los dilemas que enfrentó y siguen vigentes para esta relatoría.

Pablo de Greiff (derecha) acompañado del profesor Leonardo Garcia Jaramillo (izquierda) luego de la entrevista.Archivo Particular

Fue el primer Relator Especial (Special Rapporteur) de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (periodos 2012-2015, 2015-2018) a pesar de que en su momento opinó que establecer una relatoría sobre este tema era una pésima idea.

Todavía encuentra muchas debilidades que explica en esta entrevista, en la que además ofrece perspectivas críticas del concepto de justicia transicional, la conveniencia y el papel de las comisiones de verdad en escenarios de post-conflicto e, incluso, tiene su visión particular del acuerdo de paz colombiano y los líos que tiene para su implementación.

De Greiff, actual director del Programa de Justicia Transicional en la Universidad de Nueva York, estará en Bogotá esta semana, invitado por la Corte Constitucional a su encuentro anual.

¿Cuáles fueron sus primeros intereses intelectuales y qué acontecimientos marcaron su desarrollo profesional?

Siempre supe que quería estudiar filosofía. Esa fue una constante desde que era muy pequeño. La cuestión era en combinación con qué. Las dos posibilidades eran física, que siempre me gustó muchísimo, o derecho. Terminé estudiando en Estados Unidos porque en la Universidad de Yale había un programa que articulaba física con filosofía y tuve la suerte de ser admitido. Conservo el interés en la física y, en la medida que puedo, sigo leyendo.  

A lo largo de la carrera sucedieron dos cosas que fueron determinantes para cambiar el rumbo. Primero, comprendí que no era suficientemente buen matemático. Podía hacer lo que se requería para obtener el título pero no tenía imaginación matemática. No era lo suficientemente bueno para ser creativo en términos matemáticos y siempre pensé que la mediocridad en la física es como en la música. Ese es el tipo de carrera que uno solo puede hacer si es verdaderamente excelente. Segundo, sucedió que sentí –confieso– cierta culpabilidad por estar haciendo física y filosofía viniendo de Colombia, en parte, porque provengo de una familia muy involucrada en temas sociales. Me pesaba un poco dedicarle la vida a dos disciplinas tan distantes de la realidad del país. Para tratar de calmar mi sentimiento de culpa comencé a estudiar economía de desarrollo, que también me interesaba muchísimo. Cambié entonces mis intereses de la filosofía de la ciencia y la epistemología, a temas más políticos.

Cuando terminé la carrera decidí entonces que quería hacer un doctorado en filosofía pero con relación más a temas éticos y políticos. En ese momento Habermas iba a la Universidad de Northwestern, en Chicago, tres meses al año por lo que, persiguiendo mis intereses en sociología y economía del desarrollo, realicé allá mi doctorado. Tuve la gran fortuna de conocerlo y de estudiar con él.

Una vez terminé el doctorado fui nombrado profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Búfalo que es la más grande del sistema público de universidades en Nueva York. Había entonces 27.000 estudiantes. En algún momento fue el programa de filosofía más grande de los Estados Unidos con 60 profesores de tiempo completo. Permanecí durante ocho años.

Justo el año que obtuve el Tenure (contrato permanente), y después de haber pasado un año como fellow en la Universidad de Princeton, alguien me dijo que en Nueva York estaban estableciendo el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) y que necesitaban un director de investigaciones. Como había publicado algunos trabajos sobre el tema me preguntaron si me interesaba. Acepté el cargo habiendo solicitado una licencia por un año de la Universidad… pero me quedé 15 años.

Parte de mi fascinación ha sido siempre la relación entre la teoría y la práctica. El campo de la justicia transicional es, en ese sentido, particularmente interesante. Cuando llegué al ICTJ, como recién se estaba abriendo, todo estaba por decidirse, incluyendo el tipo de investigaciones que se iba a desarrollar. Era el sitio ideal para desarrollar mis intereses. La función primordial del departamento de investigación, que tuve la oportunidad de contribuir a moldear, no era hacer el tipo de investigación que hacen otras ONG de derechos humanos que consiste más que todo en reportes sobre violaciones de derechos humanos. Su función se definió en términos de contribuir a dotar con contenido normativo y empírico el concepto de justicia transicional.

¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó como primer relator y cuál fue el reto fundamental en el que enfocó sus esfuerzos?

Llegué a la Relatoría un poco en la misma situación en la que llegué al ICTJ. El cargo no existía y por lo tanto el Mandato estaba por construirse. Uno siempre aspira a poder hacer más. Mirando en retrospectiva siempre habrá cosas que lo hacen sentir a uno que habría sido excelente haber podido llegar más lejos, poder haber hecho ciertas cosas de otra forma.

Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas son instrumentos bastante peculiares. Por un lado tienen mucho poder de convocatoria, de centrar la atención sobre ciertos temas. De ahí deriva su potencial. Por otro lado, los procedimientos especiales como el que dirigí son, desde su infraestructura, indescriptiblemente débiles. Mucho más de lo que la gente cree desde afuera. Cuando el Consejo me nombró me ofrecieron dos personas de tiempo completo en Ginebra pero, en realidad, nunca las tuve por complicaciones burocráticas.

Entonces en realidad no hay infraestructura. Eso es increíblemente frustrante e implica además naturalmente una serie de limitaciones porque hay muchísimas cosas que no se pueden hacer sin contar con un equipo. Una de las consecuencias es que, por ejemplo, es prácticamente imposible hacerle seguimiento activo a varios temas a la vez. Siempre tenía como punto de atención primordial la próxima visita o el próximo reporte. Resultaba prácticamente imposible darle continuidad y participar en la implementación de recomendaciones, aun habiendo países que expresaban su interés de que regresara para participar en ese proceso.

Dicho esto, el reto estaba siempre en tratar de maximizar el impacto de las intervenciones que, se sabe, son más o menos puntuales. El mandato de la Relatoría también tenía una peculiaridad y es que, aparte de ser nuevo y temáticamente mucho más amplio que la mayoría de mandatos, la resolución que lo crea habla específicamente de la posibilidad de prestar asistencia técnica a los países que la requieran. Eso por ejemplo me dio la oportunidad de visitar algunos países, como Sri Lanka, más de una vez. Viajé cinco veces a ese país, lo que es completamente inusual para un procedimiento especial. Lo hice bajo la categoría de asistencia técnica, lo cual requirió toda clase de arreglos especiales, entre otras cosas, en términos de recursos.

Independientemente de los deseos que pudiera haber tenido lo cierto es que este es un proceso de institucionalización. El tema era nuevo para el Consejo. En el primer encuentro que tuve con algunos de sus miembros, muy poco tiempo después de que ellos mismos hubieran adoptado por consenso la resolución que creaba el mandato, quedó claro que muchos de ellos no tenían mayor idea de lo que habían aprobado. Aun dentro del Consejo había desconocimiento sobre el tema. Por ejemplo, muchos estaban convencidos de que este mandato estaba esencialmente dedicado a la reconciliación. Lo llamaban incluso así. Creo, la verdad, que es ahora un mandato firmemente enraizado, que los miembros del Consejo saben bien ahora de qué se trata. El mandato se ha renovado ya tres veces y ha habido una sucesión. El mandato también ha contribuido a construir capacidades sobre este tema en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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Quizá por esto la Relatoría no se denomina “Justicia transicional” sino “Promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Sobre la creación de la Relatoría hubo una gran discusión, que duró varios años, sobre si, por ejemplo, una relatoría, en vez de un grupo de trabajo, sería la mejor opción dentro de los procedimientos especiales. Me consultaron hace muchos años una vez acerca de esto y dije que me parecía una pésima idea establecer una Relatoría sobre este tema. Sigo pensando que tiene sus peligros. De hecho, solicité la posición de Relator en parte para tratar de mitigar algunos de los riesgos que veía en su creación. Suiza estuvo detrás de la creación del Mandato. Se lo propuso a Argentina y luego a Marruecos, y después varios países se adhirieron a la iniciativa.

Suiza le pidió a Louis Joinet, el jurista francés, que participara en esa discusión. En términos intelectuales Joinet es un poco formalista por lo que mantuvo un rechazo hacia las categorizaciones de diferentes tipos de justicia. Piensa que no hay ninguna razón para hacerlo; posición que yo hasta cierto punto comparto, sobre todo, con respecto a la justicia transicional. Considero que es un error inmenso concebirla como un tipo especial de justicia. En todo caso, él se oponía firmemente a esto y le gustaba más la desagregación del concepto que había planteado en su informe para la Comisión de Derechos Humanos cuando le pidieron que hiciera el estudio sobre la lucha contra la impunidad, es decir, los cuatro pilares que están ahora en el título del mandato: “Promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

La posición que defendió Joinet, desde el comienzo de las discusiones, fue adoptada por el Consejo en últimas para denominar la Relatoría y su Mandato. La propuesta encontró mucho eco en los países que, con una posición bastante errada, a mi juicio, pensaban que el concepto “justicia transicional” era sospechoso porque contribuía a que el Consejo de Seguridad se hiciera cargo de situaciones nacionales. Creo que tenían en mente el caso de Libia porque las discusiones en el Consejo ocurrieron poco tiempo después de la intervención militar en ese país en 2011. Nunca pude encontrar ningún ejemplo del uso del concepto de justicia transicional en el Consejo de Seguridad para justificar operaciones como la de Libia. Por ejemplo, en las discusiones en el Consejo Egipto se oponía por completo al uso del concepto alegando esto justamente. De hecho me topé con esta posición. Cuando me nombraron sugerí organizar consultas regionales para darle información clave acerca del Mandato a las diferentes regiones y, además, para moderar las expectativas. En Sudáfrica se organizó una reunión después de que el Mandato fuera creado, pero antes de que yo fuera elegido, para discutir sus potenciales. Recibí la transcripción de las discusiones y las expectativas de, incluso, ONG que conocen el sistema y saben del tema, no guardaban ninguna proporción con la realidad institucional de los procedimientos especiales. Parte de mi idea era dar a conocer el mandato: virtudes y limitaciones incluidas.

La primera reunión regional la realizamos en El Cairo en 2012 durante la “Primavera Árabe”. Se contó con la participación de 23 países de la región. Había muchísimo interés. La reunión la organizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés) bajo un acuerdo que tenía con el gobierno egipcio que le permitía organizar reuniones regionales sin tener que especificar el tema. En virtud del mandato se convocó la reunión y se enviaron los documentos al gobierno, como hecho inminente porque se había organizado bajo este acuerdo.

El concepto “justicia transicional” estaba incluido en el título de la Consulta y el ministro de Relaciones Exteriores, que iba a abrir el encuentro, no fue. Eso generó un incidente diplomático que consumió mucho más tiempo del que merecía. Ellos, pues, como otros países, objetaban el uso del concepto “justicia transicional”. La posición jurídica formalista de Joinet tenía su equivalente entonces en este malentendido acerca de la utilización del concepto dentro del sistema de Naciones Unidas y, en particular, en el Consejo de Seguridad.

El desarrollo del mandato tuvo ventajas al no cargar con el lastre del concepto justicia transicional, que es un mal término, para comenzar. No se tiene, por ejemplo, que explicar cuándo comienza y cuándo termina una transición. De otra forma visitas como la de España en 2014 hubieran resultado mucho más complicadas porque el gobierno hubiera dicho que no estaban atravesando ninguna transición. El gobierno del Reino Unido probablemente hubiera dicho lo mismo: “¿De qué transición están hablando?”

¿Cuál es su crítica frente al concepto “justicia transicional”? ¿Cree que existe un consenso sobre algunos de los elementos indispensables para su conceptualización?

La literatura sobre justicia transicional se ha vuelto extraordinariamente indisciplinada desde el punto de vista conceptual. La forma más fácil de observar esta indisciplina consiste en la atribución de fines a los mecanismos de justicia transicional sin ningún tipo de análisis funcional. Es muy difícil encontrar que alguien se pregunte explícitamente si estos instrumentos de los que estamos hablando tienen de verdad la capacidad de conseguir los fines que se les atribuye. En ausencia de este tipo de análisis funcional, la atribución de fines se vuelve, por decirlo de alguna manera, un asunto ideológico o de fe (que son más o menos equivalentes). Me parece que la literatura en este momento tiene problemas muy serios que debe enfrentar.

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La práctica de la justicia transicional no se ha visto, aún, totalmente afectada por este problema. Todavía existe cierta diferencia entre la producción de la literatura y el ejercicio de la práctica en casos concretos. Esto a pesar de que con el paso del tiempo y con el proceso de profesionalización hay ahora una tendencia hacia la convergencia de estos dos grupos. Pero por el momento todavía hay cierto tipo de división. Ahora, el problema que padece la práctica es la tendencia a la replicación, a la copia. Este problema tiene alguna conexión con la profesionalización de este campo, aunque tiene también raíces muy profundas: tendemos a repetir lo que nos es familiar y pensamos que si algo funciona en un sitio, entonces funciona en otro. Por ejemplo, no todos los países que han establecido una comisión de la verdad, desde mi punto de vista, lo han debido hacer. Esto porque dichas comisiones en países como Argentina y Chile tenían un sentido obvio cuando trataban de develar la suerte de las víctimas que sufrieron bajo el manto del secreto. Por otro lado, los países en conflicto tienen otro tipo de necesidades con respecto a la verdad que son completamente diferentes porque las guerras no son secretas. La violencia de la guerra es perfectamente pública. Entonces las comisiones de la verdad en países en post-conflicto no deben hacer lo mismo que las comisiones instituidas en transiciones post-autoritarias.

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Por lo anterior, creo que el campo debería retornar a asuntos más fundamentales. Por ejemplo, en lugar de concentrarse en preguntas como “qué deberíamos hacer para establecer la mejor comisión de la verdad en un país determinado”, deberíamos preguntarnos “qué deberíamos hacer en este país para satisfacer los derechos a la verdad de las víctimas de la forma más efectiva”. En algunos países eso podrá hacerse a través de una comisión de la verdad, pero en otros no. Entonces creo que parte de la tarea es volver a la pregunta acerca de la satisfacción de los derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y a obtener garantías de no repetición, en vez de prestar tanta atención y concentración a mecanismos institucionales. Yo creo que esa es parte de la tarea, pero parece que no la estamos haciendo muy bien.

¿Cuál de los logros alcanzados tras su paso por la Relatoría destacaría como el más importante o el que le genera más satisfacción?

Creo que el logro más importante es haber sentado las bases conceptuales de la Relatoría, el cual escogí como objetivo fundamental tratándose de una Relatoría nueva y que, además, tenía a su cargo un tema extraño al Consejo. Por ejemplo, de forma completamente deliberada y para cumplir con esa meta, escogí los temas sobre los cuales se enfocarían los reportes temáticos. Más concretamente, asumí el compromiso de escribir un reporte sobre cada uno de los pilares del Mandato entendidos como partes de una política integral, no como elementos aislados.

En ese sentido, el primer reporte que presenté ante el Consejo fue precisamente sobre la integralidad de una política de justicia transicional haciendo énfasis en los vínculos de cada uno de sus elementos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En segundo lugar, era importante resaltar la relevancia de los vínculos entre una política de justicia transicional y otras áreas de intervención aledañas, como seguridad y desarrollo. Y, en tercer lugar, uno de los intereses del mandato era tratar de aumentar la efectividad de la justicia transicional en contextos no tradicionales, es decir, contextos diferentes a las transiciones post-autoritarias –que fue donde nació esta política– sino en contextos post-conflicto y de instituciones débiles –que es donde, en la actualidad, mayoritariamente opera la justicia transicional.

Desde el primer momento anuncié que esas iban a ser las tres temáticas importantes para el mandato y creo que, de alguna forma, las tres recibieron alguna atención y desarrollo. Y de eso derivo cierta satisfacción. Hoy el mandato es considerado intelectualmente riguroso, con una orientación estratégica y teóricamente bien fundado pero que, a la vez, tiene vocación de resolución de problemas.

En términos de intervenciones en países el análisis es un poco diferente. En mi opinión, rara vez un tema como el de justicia transicional se presta para la consecución de triunfos globales. Se trata de un campo donde los logros son incrementales y un poco más sectoriales. Por lo tanto, no podría decirles que después de haber visitado Uruguay, por ejemplo, la situación se transformó totalmente. Sin embargo, me parece que mi visita cambió la percepción sobre el balance que debía existir entre los asuntos relativos a las desapariciones forzadas y a las muertes, frente a aquellos relacionados con detenciones y torturas. Uruguay es el país donde hubo el mayor número de detenciones ilegales per cápita en todo el continente. A pesar de ello, su transición solo se ocupó de las personas desaparecidas y ejecutadas ilegalmente que, comparativamente hablando, fueron pocas. Se les prestó poca atención a los detenidos ilegalmente y a los torturados quienes, en realidad, fueron víctimas de las violaciones predominantes en términos numéricos, así como de patrón de conducta. Creo que la visita hizo cierta diferencia en llamar la atención acerca de la importancia de estas violaciones.

Una anécdota me sirve para ilustrar lo que quiero señalar: en las visitas a los diferentes países el relator siempre se reúne, al comienzo y al final, con el ministro de Relaciones Exteriores respectivo. En Uruguay cuando sostuve la última reunión con el ministro Almagro –hoy secretario general de la OEA– le dije que su país me impresionaba porque había intentado hacer varias cosas frente a las desapariciones y muertes. Sin embargo, también le comenté que se habían ignorado por completo los hechos referentes a torturas y detenciones ilegales. Se quedó pensando y respondió: “usted tiene toda la razón y la raíz de eso está en nuestras experiencias”. Buena parte de los integrantes del gobierno habían sido guerrilleros y muchos fueron torturados. El ministro de Defensa, por ejemplo, era cojo y tenía la mitad de la cara paralizada. El propio Almagro estuvo detenido y fue torturado.

Me decía que cuando estaban en prisión y sacaban a uno de ellos para torturarlo, cuando lo traían de nuevo a su celda los demás compañeros se quejaban y el tipo siempre decía “pero de qué se quejan, yo no confesé nada”. Y el resto le respondía, “Sí, pero gritaste mucho”. Ellos habían entrado a la lucha con la convicción de que en el curso de la misma era prácticamente seguro que iban a ser detenidos o torturados. Esa experiencia personal probablemente los predispuso a menospreciar (relativamente hablando) la necesidad de responder a los casos de torturas o las detenciones ilegales.

Mencionó que la justicia transicional se ha aplicado en dos contextos diferentes: transiciones después de dictaduras en Estados relativamente fuertes o en conflictos armados que implican superar debilidades institucionales. ¿Podría darnos algunos ejemplos de países que se inscriban en cada una de esas dos categorías?

En el primer escenario los ejemplos paradigmáticos son Argentina y Chile, donde el concepto de justicia transicional adquiere su perfil y toma forma un cierto modelo basado en la práctica: Carlos Nino, Jaime Malamud-Goti o Eduardo Rabossi, a pesar de su bagaje académico y teórico, no estaban simplemente desarrollando las consecuencias prácticas de una teoría anterior de la justicia transicional. Por el contrario, pretendían desarrollar, sobre la marcha de los acontecimientos, soluciones prácticas a problemas que surgieron, muchos de ellos, de forma inesperada, y como consecuencia de decisiones anteriores. El contexto donde trabajaban afectó el modelo que desarrollaban, como es natural. Eso solo deja de ser cierto en ambientes puramente académicos donde se tiene el lujo de poder abstraerse por completo de la realidad y pensar en modelos. Cuando las personas están tratando de resolver problemas en la vida real, es obvio que deban atender y considerar el contexto en el cual se desarrollan las soluciones.

Hay una relación evidente entre las características del contexto y el modelo que acabó desarrollándose. Desde mi perspectiva, esto es obvio en relación con dos factores. En primer lugar, los países que hicieron una transición desde el autoritarismo eran países con altos grados de institucionalización tanto vertical como horizontal. En otras palabras, las instituciones estatales en Argentina y en Chile tenían la capacidad de hacerse presentes en todos los rincones del territorio, esto es, tenían una alta institucionalización horizontal. No estoy queriendo decir que el Estado necesariamente presta los mismos servicios en Buenos Aires y en la Patagonia. No obstante, esta asimetría no responde a una cuestión de debilidad institucional, sino a una decisión política. En segundo lugar, y desde el punto de vista vertical, tanto Argentina como Chile regulaban la mayor parte de las relaciones entre el Estado y las personas a través de sus sistemas jurídicos. En resumen, eran países con altos grados de institucionalización. Por consiguiente, el tipo de violaciones que estos Estados debían enfrentar eran precisamente aquellos que resultan del ejercicio abusivo de instituciones fuertes: desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, entre otras.

Ahora bien, cuando uno pasa de esos países a estados débilmente institucionalizados o en situaciones de post-conflicto (como Sierra Leona, Liberia y, en el presente, Malí, la República Democrática del Congo o la República Centroafricana), no es posible calificarlos como países fuertemente institucionalizados (ni vertical, ni horizontalmente): hay vacíos de institucionalidad estatal en prácticamente toda la geografía nacional y hay una cantidad de asuntos sobre los que ni el parlamento ni las cortes se han pronunciado nunca. Esto se presenta, sobre todo, en cómo deben estructurarse las relaciones entre ciudadanos e instituciones del Estado, y en un contexto donde las violaciones no son las típicas de un Estado autoritario sino aquellas que se parecen más al caos social. No se trata de un Estado autoritario que es responsable del 98% de las violaciones, como en Argentina y Chile, sino de 14 grupos armados como en Sierra Leona en el pasado o varios grupos en la República Democrática del Congo aún hoy.

Lo que hizo factible el modelo de justicia transicional que conocemos, o sea, con atribuciones de responsabilidad más o menos fáciles, solo es posible ante un conflicto asimétrico como los de Argentina y Chile. Es mucho más difícil en la República Centroafricana. Adicionalmente, la posibilidad de modificar instituciones que son suficientemente fuertes como para resistir una reforma puede lograrse en un Estado con altos grados de institucionalización. Sin embargo, esto no es así en otros escenarios: piensen ustedes en el fortalecimiento de las instituciones en Burundi en donde las Fuerzas Armadas todavía están tratando de integrar muy tentativamente dentro de su jerarquía a antiguos comandantes de grupos armados. ¿Cómo homologar rangos militares en las fuerzas armadas regulares y en los grupos armados no estatales? Imagínense lo que fue que los generales del ejército aceptaran que los comandantes de algunos de los varios grupos armados del país tuvieran el mismo rango, siendo, además, miembros de un grupo étnico enemigo. Esos son procesos muy complicados. Por ejemplo, abordar procesos de vetting (investigación) es mucho más difícil en este segundo escenario que en uno en donde la institucionalidad vertical es estable, con funcionarios de carrera experimentados y en donde existen reglas y regulaciones claras.

Otro ejemplo puede ser la implementación de programas de reparaciones aún en un país relativamente libre de conflicto como Marruecos, pero con ciertas carencias institucionales. Recuerdo que una de mis recomendaciones fue que se distribuyeran las reparaciones económicas mediante el pago de pensiones mensuales en lugar de hacerlo mediante el pago de una suma única. Esto lo recomendé porque una pensión ayuda a sostener los efectos positivos de la reparación y mitiga algunas tensiones familiares y sociales que surgen por el pago de una gran suma de dinero, reduciendo la tentación del despilfarrarlo. El gobierno señaló que estaba totalmente de acuerdo con la recomendación pero me dijeron que no tenían un sistema de seguridad social con la capacidad para distribuir pensiones de esa forma en todo el territorio nacional. Así que en este caso el problema no era la carencia de recursos, sino de institucionalidad.

En ese sentido, todo lo que hizo posible el modelo de justicia transicional en Argentina o Chile se ajustaba a las características y a las necesidades de una transición post-autoritaria. Desde ese punto de vista, no es un misterio –en lo absoluto– que dicho modelo funcione mucho menos bien en contextos en donde ni la institucionalización ni el tipo de violación son iguales. Y me parece que este es un problema que no hemos terminado de resolver ni siquiera para países como Colombia o Sri Lanka que son estados en post-conflicto, pero mucho más institucionalizados que, por ejemplo, Malí, la República Centroafricana o la República Democrática del Congo. Las características de un conflicto son diferentes y hacen la diferencia.

Se ha sostenido que el actual proceso de justicia transicional colombiano puede llegar a ser el modelo de justicia transicional en el Siglo XXI. ¿Qué opinión le merece esa apreciación?

Creo que los colombianos somos magníficos en el diseño legal. Somos realmente extraordinarios. La ley de víctimas en Colombia no tiene paralelo en ninguna otra parte del mundo en términos de la complejidad, no solo de sus ambiciones (que ya es bastante) sino del entramado institucional que supone. El aspecto desafortunado es que nuestra genialidad en el diseño legal no ha estado nunca acompañada por una genialidad similar en la creación de instituciones con la capacidad para implementar esas leyes tan magníficas. Y esta es una tragedia que no es nueva en el país. Seguramente ustedes estarán familiarizados con la anécdota (que no sé si es cierta) que señala que Víctor Hugo, luego de leer la Constitución de Rionegro, manifestó que era una Constitución para una república de ángeles. Para mí, esta anécdota es importante porque refleja la brecha entre la imaginación jurídica y la realidad empírica que esa imaginación debería normar (“normar”, en sentido alemán, como regular). La historia del constitucionalismo latinoamericano, desde mi punto de vista, es la historia de ese desencuentro.

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El acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc es un eslabón más o una manifestación adicional de esta tendencia. Es un acuerdo extraordinariamente complejo que da lugar a la creación de ciertas estructuras que son más complejas que las creadas en cualquier otro país. La pregunta que surge es si esta vez lograremos implementarlo en un mayor grado que leyes anteriores, incluyendo la ley de víctimas que se supone hace parte de todo este entramado institucional. Ese es el reto.

Obviamente hay virtudes detrás de esa tendencia. Tenemos una capacidad intelectual y profesional absolutamente extraordinaria pero también, como suele suceder, detrás de cada virtud se esconde algún grado de vicio y el vicio en este caso es que la mayor parte de la gente que tiene responsabilidades frente al acuerdo desconoce mucho el país. De cierta forma es una manifestación un tanto elitista diseñar estructuras de ese estilo tan de espaldas a la realidad del país. Desde el punto de vista de la justicia transicional –que es un campo donde se hacen tantas promesas y se cumplen tan pocas– siempre me he preguntado si una mejor alternativa no podría ser moderar las expectativas y tomar en serio la idea de que en estos procesos las ganancias son marginales y acumulativas.

Me pregunto si no hubiera sido mejor adoptar una estrategia mucho más modesta en donde se asegure que todo lo que se promete se cumple, en vez de comenzar con proyectos técnicamente majestuosos, pero muy difíciles de implementar. Ahora, esto no impide hacer promesas adicionales en el futuro una vez se hayan cumplido las primeras promesas. Pero aquí decidimos intentar hacer muchísimo y prometer muchísimo. No sobra decir que mi ilusión, mi empeño y mi esperanza, es que se logre cumplir lo prometido. Y también que el acuerdo es, efectivamente y sin duda alguna, mejor que la alternativa. Pero creo que es bueno que seamos conscientes de esa tendencia.

* Leonardo García Jaramillo es profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas en la Universidad EAFIT de Medellín, y Vicente F. Benítez R. es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de la Sabana de Bogotá.