“Somos respetuosos de los precedentes” Alejandro Linares

¿Existe un retroceso en derechos humanos en la Corte Constitucional?

Para nada. El rol más importante de la Corte es amparar los derechos fundamentales de los colombianos. Puede que haya unas sentencias que van de acuerdo con el péndulo que va marcando el tribunal. Pero los nueve magistrados entendemos que nuestra labor esencial es proteger los derechos fundamentales.

¿A qué se refiere con el péndulo?

A que todo depende de la visión que tiene cada magistrado de la Constitución. Lo interesante de la Corte es que cada uno de nosotros tiene una lectura diferente y, por eso, a la hora de tomar decisiones hay nueve perspectivas distintas.

(Lea:¿Retroceso en derechos humanos en la Corte Constitucional?)

¿Ese péndulo venía marcando un ritmo diferente?

La Corte anterior tenía una visión distinta. Ahora tenemos otra, que se construye con nueve votos. Todas las decisiones son colectivas. El cambio de ritmo se presenta cada vez que hay cambio de magistrados. Hay jueces que son muy liberales en unos temas y menos liberales en otros. Tampoco hay un magistrado que sea el gran liberal en todos los temas, porque creo que los seres humanos tenemos distintas vivencias y experiencias. Hemos trabajado en distintas ramas del derecho, con situaciones familiares diferentes, y eso hace que entre todos vayamos marcando ritmos diferentes.

¿El péndulo también se mueve dependiendo de los temas que discuten?

Sí. En la decisión sobre aborto, por ejemplo, se mostró que hay diferencias de visiones del mundo entre los magistrados. Si miramos temas de paz, las decisiones que tomamos no siempre tuvieron la misma votación. Pasa lo mismo con expedientes relacionados con temáticas económicas: hay unos magistrados que son más prudentes y otros menos. Yo diría que la riqueza y lo bonito de la Corte es que es una institución fuerte y que son las distintas perspectivas que se tienen del mundo lo que nos permite hacer una construcción colectiva de lo que consideramos que es la decisión más adecuada para cada caso.

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Quienes conocen la composición de la Sala Plena de la Corte aseguran que, hasta el año pasado, el péndulo del que hablamos estaba muy inclinado al populismo judicial. ¿Usted cree que es así?

No creo. Yo estuve un año con la Corte anterior, compartí con ellos decisiones muy importantes de gran trascendencia para el país, como la sentencia sobre el plebiscito. No creo que haya cambios abruptos. Hay visiones distintas de la Constitución, pero creería que lo más importante es el respeto por el precedente. Esta ha sido una Corte que le ha dado gran importancia a respetar sus propios precedentes. Tampoco considero que haya habido grandes cambios en la jurisprudencia. Somos muy respetuosos de la cosa juzgada constitucional y del precedente.

¿Cómo definiría la unión de las nueve visiones de la Corte actual?

Depende de los temas. En temas económicos hay unas mayorías que se construyen de una forma, igual que en temas morales, de paz o de consultas populares, por ejemplo. A veces coinciden y a veces no. Por eso la Corte tiene muy en cuenta la evolución de la jurisprudencia, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Y a veces, como en el caso del aborto, la Corte decide tomar una decisión minimalista, esperando que el Congreso regule ciertas materias que son de alta sensibilidad para la sociedad.

Usted dice que se respeta el precedente constitucional. ¿Cómo entender los cambios en sentencias pasadas, como la de toros o el fuero de maternidad?

En toros había una decisión del año 2010 en la que se dijo que solo el Congreso puede prohibirlos y que en aquellos sitios de Colombia donde haya arraigo —no solo lo taurino sino de riñas de gallo, coleo, rejoneo— había que aminorar el maltrato animal. Después de otros fallos, lo que hizo la Corte fue volver a su decisión original. En el tema de aborto dijimos que el precedente de la sentencia C-355 de 2006 es un buen precedente y creemos que no están dadas las condiciones para cambiarlo y en esa medida lo mantuvimos.

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¿Y en el del fuero?

En el tema de protección a las madres embarazadas mantuvimos la decisión con una pequeña modificación en relación con el fuero de maternidad en contratos a término fijo, y en esa medida se hizo un pequeño ajuste, justificado en que la jurisprudencia había puesto una carga desproporcionada a los empleadores. Se hizo un ajuste dadas las evidencias que se tuvieron en su momento sobre el impacto negativo que ha tenido la decisión sobre el empleo de mujeres en edad fértil. Creemos que lo que estamos tratando de hacer es acertar en la protección de los derechos fundamentales de la gente. Nos parece que es un pequeño ajuste a la jurisprudencia, pero no es un cambio abrupto.

La Corte Constitucional ha mostrado una postura liberal frente a temas fundamentales, como el aborto, la eutanasia y los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Llegó el momento de modificar esos precedentes?

No creo. Cuando digo una corte liberal, digo una corte de derechos humanos. Nosotros somos un tribunal cuyo norte es la protección de los derechos fundamentales de los colombianos y la protección de las minorías. El aborto, el matrimonio o la adopción entre parejas del mismo sexo, los derechos de la comunidad LGBTI, son decisiones y precedentes de la Corte. No quiero decir que no puedan cambiarse, pero veo muy difícil retroceder en esos temas dados los avances que han tenido la sociedad y la jurisprudencia colombiana.

Pero hace algunas semanas usted dijo, en entrevista con el programa de televisión de El Tiempo, que la Corte, eventualmente, podía revisitar la sentencia sobre dosis mínima de 1994, cuyo ponente fue Carlos Gaviria.

Tal vez no me expresé claramente. Yo dije revisitar, no revisar, y hay una diferencia grande. Revisitar quiere decir que, si nos llega una demanda contra el decreto de la dosis mínima o una tutela contra alguna situación derivada de este decreto, habría que ir y visitar nuevamente esa sentencia porque sería la base de la decisión. La ponencia de la que hacemos mención, la del magistrado Gaviria, sería uno de los puntos de referencia para nuestro estudio.

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Cuando tomaron la decisión sobre el aborto, usted dijo en rueda de prensa que no era el momento de modificar la sentencia de 2006. ¿A qué se refería? Si no fue ahorita, ¿cuándo será?

No estaban dadas las condiciones para decidir, por ejemplo, sobre aborto libre, entendiéndolo como libertad de las mujeres para ejercer su derecho a tener o no un hijo en las primeras 12 semanas. Se alcanzó a mencionar el tema, pero no estuvieron dadas las condiciones para esos efectos. En ese momento habrá que mirar si la Corte vuelve a actuar. Lo que quiero decir es que la Corte no puede ir más rápido que el país. Debemos ser conscientes de que somos un país que piensa de una manera distinta y, en esa medida, tenemos que adaptarnos a las circunstancias fácticas de la nación.

Esto podría leerse como que la Corte se está lavando las manos en la discusión…

Hay veces en que la virtud de un juez implica no meterse en honduras. En este caso, consideramos que había que ser prudentes y deferentes con el Congreso. En este tema, que es muy sensible, que requiere una discusión en democracia y pluralista, preferimos que se dé en el Congreso. Yo soy respetuoso del Congreso. Creo que debemos darle la oportunidad para que trate esos temas, antes de que nueve magistrados en una Corte, y con cinco votos que son la mayoría, regulen un tema tan sensible.

¿Cómo se entiende que ustedes buscan proteger los derechos de cualquier colombiano si están tomando decisiones sobre tutelas en las que le tiran la pelota al Congreso para que regule este tipo de temas?

La tutela es muy importante, pero no es una varita mágica. No es la panacea para solucionar todos los problemas. Cuando uno toma decisiones balanceadas, moderadas y autorrestrictivas, lo que espera es que se cumplan. En cambio, cuando uno es muy creativo o muy progresista en ciertas decisiones que no se pueden cumplir, lo que está haciendo es debilitar la tutela al quitarle legitimidad. Cuando la decisión es muy extrema y uno va muy adelante en la disponibilidad de recursos económicos, en vez de fortalecer los derechos fundamentales, lo que puede estar haciendo es hacer perder a la gente la confianza en una herramienta tan importante.

Pero lo que está pasando en el país es que ustedes le ordenan al Congreso que legisle, pero termina incumpliendo y el caso se devuelve a la Corte. ¿No se está alargando el debate?

Puede ser. Pero es más democrático que el Congreso tome las decisiones y no la Corte. Las grandes determinaciones que ha tomado la Corte, como el aborto y el matrimonio de parejas del mismo sexo, han sido disfuncionalidades de los otros órganos. Antes de tomar una decisión hay que darles la oportunidad a las entidades políticas para que tomen las decisiones que les corresponden. A pasos pequeños la Corte se fortalece mucho. Somos la última instancia que protege los derechos de los colombianos y la supremacía de la Constitución. La Corte siempre va a estar ahí.

A finales de octubre, en Fusagasugá, se realizó una consulta en la que se les preguntó a sus ciudadanos si querían que en su tierra se realizaran actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran escala. El 99 % de la gente que votó dijo que no. ¿Esa consulta qué efectos tiene si se realizó después de la cuestionada decisión de la Corte?

Sobre eso no puedo pronunciarme. Solo me remito a la decisión que se tomó en el caso de Cumaral (Meta). Respecto de las consultas de Fusagasugá y San Bernardo, el señor registrador me mandó una carta y le contesté que no tenemos funciones consultivas y que por lo tanto no me podía pronunciar.

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¿Cómo explicarle a la gente de los territorios, que no tienen conocimiento jurídico, y que recurren a estos mecanismos de consulta, por ser a veces el único, que la Corte Constitucional le quitó el alcance a la consulta?

Me remitiría a la decisión mayoritaria en el caso de Cumaral. Ahí lo que señaló la Corte es que las competencias están yuxtapuestas. El municipio es el dueño de la regulación del suelo, la Nación es la dueña del subsuelo, de los recursos naturales y, cuando hay competencias yuxtapuestas, le corresponde al legislador decir cómo se ejercen las competencias tanto de municipios como de las entidades nacionales.

¿Y cómo se le explica esto a una persona que no tiene conocimientos jurídicos, pero que las decisiones le afectan directamente?

Hay muchos temas que uno quisiera que no ocurrieran en su jurisdicción. Pongo el caso de un relleno sanitario. Nadie quiere tener un relleno sanitario en su jurisdicción. Si todos los municipios de Colombia decidieran que no quieren tener relleno sanitario, la pregunta que yo me haría, partiendo del supuesto que todos necesitamos rellenos sanitarios, es dónde los ponemos si todos los municipios los prohíben. Hay temas que exceden la competencia del municipio y que implican que debemos ceder en nuestros derechos para acomodarnos a la vida en sociedad. No todo son derechos, también hay deberes.

Pero no es lo mismo un relleno sanitario que el fracking, por ejemplo…

Hay bienes públicos, hay bienes de interés colectivo o hay males públicos. Un relleno sanitario es una externalidad negativa (algo que tiene un efecto negativo), pero es necesario para la vida en sociedad. Alguien podría ver que una explotación minera podría ser calificada como una externalidad negativa y, en esa medida, no querer que se realice. Pero la pregunta es que, si queremos tener recursos para satisfacer las necesidades básicas de los más vulnerables, nos toca tener industria y actividad económica. Si prohibiéramos todas las actividades económicas en los municipios, ¿cómo hacemos para sobrevivir como sociedad y repartir con el resto de la sociedad los recursos que son escasos?

Sabemos que en la Corte hay una circular entre los funcionarios para evitar que se filtren las ponencias. ¿Es así?

Es cierto en el siguiente sentido: tanto la ley estatutaria de administración de justicia como el Estatuto Procesal de la Corte dicen que las ponencias y deliberaciones de la Sala Plena son reservadas. En esa medida, en una carta que le envíe a El Espectador, lo que sostenemos es que esa garantía está establecida para garantizar la independencia de los magistrados. Ahora, si hay una ley que cambie eso, nos evitaríamos todos los problemas de filtraciones. La ley nos obliga a proteger la información confidencial sin afectar la libertad de prensa, que para mí es uno de los valores más importantes de la sociedad Por eso en la carta señalé que tanto la independencia judicial como la libertad de prensa son pilares esenciales de la democracia.

¿Cuál es el objetivo de la circular?

Tratar de limitar las filtraciones indebidas de información privada de la Corte, pero no entorpecer el trabajo de los periodistas. Yo soy un gran liberal en temas de libertad de prensa, creo que es fundamental en nuestra sociedad. Lo último que haría en mi vida sería perseguir reporteros. Lo que estamos tratando de hacer es tomar medidas internas para proteger nuestra propia información.

¿Esa es iniciativa suya?

El borrador es redactado por mí como presidente de la Corte, con el objetivo central de proteger la información, sobre todo antes de las discusiones de la Sala Plena, para tratar de garantizar la independencia de los magistrados en sus ponencias y en sus deliberaciones. Es un borrador que tiene que tener aprobación de la Sala Plena. De pronto nada se concreta si la Sala Plena decide que el presidente se enloqueció y es un borrador que simplemente recuerda las normas que señalan que no está bien filtrar documentos reservados.

Hay otra iniciativa y es que los magistrados solo pueden leer las ponencias en sus computadores y con control de cambios…

Esa no es una iniciativa mía. Cada magistrado tiene sus formas de matar sus pulgas. Unos magistrados, durante los temas de paz, ponían en las ponencias el nombre de cada juez para evitar fotocopias o fotos. Otros las entregan en sobre cerrado. Otros hacen uso de Google Docs. El objetivo es evitar filtraciones, no porque no queramos a los periodistas, sino porque se puede afectar la independencia o la libertad que tiene un magistrado de presentar la ponencia de acuerdo con sus convicciones.

Esto podría ser interpretado como que no se tienen confianza entre ustedes…

Podría ser. Pero es que los hechos son tozudos. En cada Sala Plena hacemos un pacto de caballeros: “Nadie va a filtrar esa decisión”. Y no hemos sido capaces de cumplirlo. Sobre todo en los temas más sensibles. Por hablar de un tema, en la discusión sobre el aborto yo diría que es un caso muy sensible y la filtración afecta la discusión.

¿Cómo la afecta?

Porque pone a las redes sociales y a la prensa en contra o a favor de una decisión. Hay una presión muy grande. Los medios de comunicación y las redes sociales tienen mucha influencia en este país. Empezamos a recibir llamadas y presiones. Esto puede afectar la independencia y la libertad de opinión de los magistrados.

¿La decisión hubiera sido diferente si la ponencia no se filtraba?

La decisión hubiera sido idéntica. Lo que se afecta son las deliberaciones de Sala Plena. Afecta en cierta forma la libertad con que los magistrados nos podemos expresar en las discusiones internas.

La magistrada Cristina Pardo presentó una denuncia por la filtración de una ponencia. ¿Qué sabe de eso?

Es una denuncia en averiguación. Hay que preguntarle al fiscal Néstor Humberto en qué va eso, porque no sé.

Si las filtraciones de las ponencias generan tantos problemas, ¿no es el momento de dar el debate para que sean públicas?

Yo creería que sí. Creo que una buena oportunidad para hacerlo sería en la actual reforma a la justicia.

¿Cree que las ponencias deben ser públicas?

No me pronuncio para evitar futuras recusaciones.

La Corte ya terminó la revisión de todos los expedientes que tenía sobre temas de paz e implementación del Acuerdo Final, a través del fast-track. ¿Cuál es su balance?

Es muy positivo. Nos quitamos un piano de encima. Es un trabajo equivalente a haber tenido 800 demandas de constitucionalidad. Pero más que el trabajo, fue una responsabilidad enorme. La sociedad nos puso la tarea de revisar de manera automática e integral todas las normas de implementación. Fueron 35 decretos leyes, cinco actos legislativos, seis leyes, que dan más o menos unas 800 disposiciones. Creo que la Corte estuvo a la altura de las circunstancias, fue muy importante servir como balance para darle vida y decidir sobre la constitucionalidad de todas las normas de implementación del acuerdo. Creo que la Corte le cumplió al país.

(Lea:Corte Constitucional ya terminó de revisar las normas aprobadas por “fast track”)

¿Cuánto se retrasó el trabajo de los demás procesos en la Corte?

Bastante. Tuvimos que decretar una suspensión de procesos muy grande y seguimos con retraso grande en temas de constitucionalidad. Eso implicó una demora de un año, más o menos, en todas las demandas que teníamos. Y todavía seguimos pidiendo recursos al Consejo Superior de la Judicatura infructuosamente.

En el Congreso se están discutiendo varias reformas a la justicia y quienes están en el centro del debate aseguran que muchas de ellas van en contra del espíritu de la Constitución del 91. ¿Cómo ve este proceso?

No me pronuncio sobre los temas que se están discutiendo en el Congreso. Diría que son bienvenidas todas las reformas a la justicia que acerquen al ciudadano a la justicia.

¿Se debe regular la tutela?

Tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas para fortalecer la tutela y hacer más eficientes los procesos.