‘Soy víctima de una persecución por parte de la Policía’: Exconcejal de Chía

La Procuraduría considera que existen pruebas que permiten inferir que Carlos Enrique Martínez Gallego evadió los controles de los policías.

Ante la Procuraduría General, el exconcejal de Chía, Carlos Enrique Martínez Gallego aseguró que desde hace muchos meses es víctima de una persecución por parte de la Policía Nacional, indicando que no se conoce toda la historia y los hechos que lo motivaron a ingresar su vehículo oficial a la Escuela Militar José María Córdova tras evadir una serie de llamados de pare por parte de los uniformados.

El excabildante aseguró que en la madrugada del 13 de octubre notó que un vehículo particular color gris y un taxi lo estaban persiguiendo desde que salió de su casa en el norte de la capital de la República. Para Martínez Gallego esta situación se suma a una serie de irregularidades que se han hecho en su contra por parte de miembros de la Institución entre las que se encuentran detenciones ilegales, señalamientos sobre porte de armas y allanamientos a su residencia.

Aseguró que antes de que llegara la cámara de un medio de comunicación a registrar los hechos su vehículo ya había recibido 27 disparos por parte de un grupo de desconocidos y que le destrozaron las dos llantas traseras de su camioneta. “Me dispararon y no entiendo por qué lo hicieron. No recibí la protección y por eso busqué que me llevaran a una guarnición militar”.

“La causa del día de los hechos fue la actitud de los supuestos policías, todavía no me consta que los que iban en esos vehículos eran uniformados o delincuentes”, precisó Martínez quien consideró que el operativo en su contra fue totalmente irregular, puesto que en esos momentos estaba intentado proteger su integridad personal de los ataques que se habían presentado anteriormente.

Para el ahora procesado todo esto hace parte de una persecución que se ha emprendido en su contra para dificultar su trabajo como funcionario público, lo cual lleva haciendo 16 años, por motivos que aún desconoce pero cree que son por la posición que ha tenido en contra del abuso de la autoridad por parte de los miembros de la Institución.

Señaló además que los miembros sobre agresiones a tres uniformados son falsas, puesto que se han presentado contradicciones por parte de los testigos, entre los cuales se encuentran policías, taxistas y un periodista. “Jamás utilice mi investidura para evitar una sanción de tránsito, lo que hice, que lo más normal, fue salvaguardar mi vida y la integridad de mi acompañante después de que me dispararan en 27 oportunidades”.

A primera hora el procurador primero distrital de Bogotá le formuló pliego de cargos al exconcejal de Chía, Carlos Enrique Martínez Gallego quien en la mañana del pasado 13 de octubre protagonizó una cinematográfica persecución en el norte de la capital de la República, cuando tras eludir los controles de las autoridades ingresó abruptamente con su vehículo oficial a la Escuela Militar ubicada en la carrera 30 con calle 80.

El Ministerio Público indicó que existen pruebas documentales y testimoniales que permiten inferir que el entonces cabildante municipal era la persona que estaba manejando la camioneta con un exceso de velocidad y desatendiendo en repetidas oportunidades las ordenes de alto emitidas por los agentes de la Policía de Tránsito y Metropolitana.

En esa acción agredió física y verbalmente a tres uniformados que lo requerían para practicarle una prueba de alcoholemia o de control puesto que con su actuar se puso en riesgo a la ciudadanía. Desde un principio, resaltó el órgano disciplinario, Martínez Gallego manifestó que merecía un trato diferencial puesto que era concejal de Chía.

Para el órgano de control disciplinario el concejal era consciente que con su actuar estaba arriesgando su propia integridad y la de los demás ciudadanos, sin embargo no le importó. “Antepuso la imagen institucional a la que pertenecía evitando un procedimiento legal y la sanción ya que estaba manejando su vehículo de manera riesgosa (…) Poniendo en riesgo su vida, la de su acompañante, los miembros de la Policía y todos los transeúntes que se movilizaban”.

El pasado 16 de octubre, en fallo de segunda instancia, la Procuraduría General dejó en firme la sanción de destitución e inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos contra el concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez Gallego, por haber utilizado su investidura ante unos patrulleros para que no lo multaran tras ser retenido cuando manejaba su moto con una menor de edad que no tenía casco de seguridad como exige la ley.

En la acción, registrada en video, el cabildante municipal insultó y amenazó a los policías que lo retuvieron por lo que el Ministerio Público consideró que incurrió en una falta disciplinaria en su condición de servidor público puesto que utilizó su investidura y posición en la sociedad con el fin de lograr beneficios.

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