Suspenden alcalde por presunta exigencia de dinero y tierras

La Procuraduría citó a audiencia verbal a Hugo Orlando Arévalo Pulido, alcalde de El Rosal, Cundinamarca. El ministerio público investiga si el funcionario público pedía coimas a cambio de no cambiar el uso de suelos del municipio.

La denuncia. Habitantes del municipio de El Rosal, Cundinamarca, aseguran que el alcalde, Hugo Orlando Arévalo Pulido, les exigió dinero para evitar que se cambiara el esquema del uso de suelos en el que pretendían desarrollar proyectos de vivieda. 

Según la denuncia, para evitar que en el esquema de ordenamiento territorial, EOT, se cambiara de uso del suelo agrícola a zona de expansión urbana, el alcalde y cuatro concejales del municipio, exigían $ 1.200 millones.

Por esta razón, este viernes la Procuraduría General de la Nación suspendió al alcalde, Hugo Orlando Arévalo Pulido y lo citó a audiencia verbal por la presunta exigencia de dineros y tierras para no cambiar el uso del suelo de varios predios.

La medida también afecta a los concejales Henry Bohórquez Fierro, Hernando Clavijo, Luz Adriana Sabogal Rodríguez, Jairo Hernán Pardo Pardo y Milton Mauricio Chacón, a quienes se les señala de la presunta exigencia de 1.200 millones de pesos para no modificar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio, aprobado por la anterior administración a finales de diciembre de 2015.

Además de la suspensión provisional por tres meses, el alcalde y los concejales fueron citados a audiencia verbal.

La Procuraduría informó que al alcalde Pulido se le formularon tres cargos. El primero, exigir a dos hermanos la entrega de una hectárea de una finca, petición que luego modificó por la exigencia de una casa por cada hectárea utilizada en un proyecto de vivienda.

El segundo, la presunta exigencia de $ 8.000 millones a un constructor a quien finalmente habría terminado solicitándole la entrega de una fanegada de tierra por cada 10 utilizadas en el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

El tercer cargo, la presunta exigencia, en la sede de la alcaldía, de dinero a una tercera persona quien había pedido audiencia con el alcalde para expresar su inconformismo frente a esquema de ordenamiento territorial.

Para la Procuraduría, los cargos contra son faltas gravísimas, a título de dolo y coinciden con la conducta que el Código Penal define como concusión, y que corresponde al abuso del funcionario público de su cargo o de sus funciones para constreñir, inducir o solicitar a alguien “a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos”.