Tambalea investidura de Iván Moreno

La ponencia que se discutirá en el Consejo de Estado plantea la muerte política del exsenador Iván Moreno.

Iván Moreno Rojas, exsenador, hoy sometido a un proceso de pérdida de investidura. / Archivo -  El Espectador
Iván Moreno Rojas, exsenador, hoy sometido a un proceso de pérdida de investidura. / Archivo - El Espectador

El senador Néstor Iván Moreno Rojas no sólo violó el régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 180 de la Carta Política, que prohíbe realizar gestiones ante personas jurídicas de derecho privado o contratistas del Estado, sino que además incurrió en tráfico de influencias, razones por las cuales se impone el decreto de la pérdida de investidura de su condición de parlamentario. Esta es la conclusión del proyecto de fallo del Consejo de Estado, que en las próximas horas deberá concluir si le aplica o no la muerte política a Moreno Rojas.

Aunque será la Sala Plena del Consejo de Estado la que determine si acoge o no este planteamiento, el proyecto de fallo del consejero Gustavo Gómez, conocido por El Espectador, sostiene que existen suficientes pruebas que determinan que, tal como lo plantea la demanda interpuesta por el veedor ciudadano Pablo Bustos, el exsenador del Polo Iván Moreno incurrió en conductas merecedoras de su pérdida de investidura. En esencia, para favorecer al Grupo Nule y a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, entre otros.

En el documento se concluye que las pruebas demuestran que el senador Moreno solicitó a Miguel Nule la entrega de estaciones de gasolina como miembro de la concesión Bogotá-Girardot. De igual modo, que solicitó coimas a algunos contratistas del Distrito a cambio de gestionar a su favor ante entidades de la administración distrital, entonces en cabeza de su hermano Samuel Moreno, la adjudicación de contratos y decisiones administrativas en torno a los incumplimientos generados en las obras en curso. De todo existen documentos.

Además de numerosas pruebas trasladadas de los procesos que hoy se adelantan contra el exsenador Iván Moreno en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuraduría, según el proyecto de fallo del Consejo de Estado, obran también documentos recaudados en inspecciones judiciales al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entre ellos las carpetas de los contratos de malla vial y obras de valorización, así como actos administrativos, organigramas institucionales y constancias de cambios de personal efectuados para el año 2009.

La ponencia plantea que está acreditada la existencia de dos estaciones de servicio en la vía Bogotá-Girardot, dispuestas en el contrato de concesión y que también está probado que desde mayo de 2008 la señora Lucy de Moreno se encontraba ubicando lotes para la construcción de esas estaciones de servicio. Además, está documentado que en julio de 2008 hubo una reunión en Miami donde Iván Moreno solicitó esas estaciones a Miguel Nule. Estas evidencias, según el proyecto de fallo, demuestran la conducta irregular del exsenador.

De igual modo, el análisis del comportamiento de Moreno Rojas, a la luz del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Constitución Política, determina que el excongresista realizó además exigencias económicas al Grupo Nule para que le fueran concedidos contratos de malla vial. La idea fue que el 6% de los mismos negocios quedara en manos de los hermanos Moreno. Dichas transacciones se hicieron a través de los contratistas, quienes también terminaron beneficiados con el acceso a millonarios negocios del gobierno distrital en la era Samuel Moreno.

En la propuesta del consejero Gómez a sus compañeros de Sala, para que Moreno sea despojado de su investidura parlamentaria se añade que Inocencio Meléndez, exdirector jurídico del IDU, fue testigo directo de injerencia en el organismo de personas afectas al entonces alcalde Samuel Moreno y al senador Iván Moreno. Y que asimismo se conoce bien la intervención de los abogados Álvaro Dávila, Julio Gómez y Emilio Tapia en la contratación distrital, actuando a nombre o manifestando representar los intereses de Iván Moreno.

El testimonio aportado por Inocencio Meléndez, en su calidad de exdirector técnico legal del IDU y amplio conocedor del manejo interno de la contratación en la entidad, fue fundamental para que el consejero Gustavo Gómez, presidente de la corporación, planteara finalmente que la influencia de Iván Moreno sobre el IDU fue clara y reflejó la existencia de una organización ilegal alrededor de la actividad contractual de dicha institución, en procura de favorecer intereses particulares.

Esta serie de evidencias, según la ponencia, estructuran la causal de tráfico de influencias, es decir, la prueba de que hubo un despliegue de la capacidad de influjo del congresista en el marco de una negociación ilícita. Una conducta que quedó clara al exigir el pago de unas comisiones y la asignación de áreas de servicios destinados de estaciones de gasolina en la vía Bogotá-Girardot a cambio de beneficiar a los señores Nule en la adjudicación de los contratos de malla vial y en las decisiones administrativas del Instituto de Desarrollo Urbano, inherentes a su ejecución.

Si bien el exsenador Iván Moreno argumentó en su defensa que no hay prueba de que haya recibido dineros por parte de los hermanos Nule, en criterio del ponente Gómez no se puede descartar la existencia de la conducta del tráfico de influencias. De igual modo, las certificaciones que más de 100 funcionarios de la administración distrital aportaron acreditando que Iván Moreno nunca visitó las respectivas entidades de la Alcaldía para demostrar que no tuvo contacto con dichas dependencias, tampoco desvirtúa las pruebas recogidas por la justicia.

En síntesis, el proyecto de fallo del consejero Gustavo Gómez plantea despojar de su investidura parlamentaria, es decir, declarar la muerte política del excongresista Iván Moreno Rojas por violación al régimen de incompatibilidades y tráfico de influencias. De ser acogida la ponencia, el excongresista, así salga bien librado de los procesos judiciales que hoy afronta por el escándalo del carrusel de la contratación en el Distrito, no podrá volver a presentarse a ningún cargo de elección popular.