Tatequieto al lavado de activos

Gobierno se prepara para presentar un borrador del documento Conpes con el que pretende establecer lineamientos para darle dientes a la Fiscalía para que persiga a quienes incurran en él y unificar información de agencias de seguridad.

Cifras del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) apuntan a que el lavado de activos mueve cerca de $17 billones al año; es decir, cerca del 2.9% del Producto Interno Bruto de Colombia (PIB). El problema es mayor si se tiene en cuenta que el lavado es el ‘oxígeno’ de las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales como las Farc y el Eln.

“La lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo es, por tanto, fundamental para proteger la seguridad nacional y el orden económico social”. Así lo asegura el gobierno en un borrador de un documento Conpes en el que establece los lineamientos para una nueva política de lucha contra el flagelo. Una serie de estrategias para combatir este flagelo que a nivel mundial mueve entre el 2% y 5% del PIB del globo. Documento que se apresta a presentar en los próximos días. 

En el documento se advierte que por cuenta del lavado y la financiación “el balance financiero de las organizaciones delincuenciales y terroristas es positivo y sus fondos, acumulados año a año, son significativos, lo que les da amplio poder corruptor y posibilidades de daño a la economía y bienestar de los colombianos. La sostenibilidad económica de estas organizaciones es una amenaza central para el país por lo que hay que atacar sus ingresos”.

Y el problema se agrava porque –como advierte el Conpes– el Estado ha enfrentado este fenómeno de forma desarticulada, con información fraccionada, fuertes restricciones presupuestales y poco recurso humano. Por ello el Conpes propone, entre otras, “contar con un sistema único, coordinado, dinámico y efectivo de tal manera que se obtengan impactos importantes y contundentes en la desarticulación de las finanzas de las organizaciones al margen de la ley”.

Puntualmente, a la Fiscalía General le propone desarrollar e implementar un plan de descongestión para las acciones de extinción de dominio y aumentar la planta de personas encargadas en la lucha contra el lavado, aunque reconoce que esta entidad adelanta, actualmente, 3.598 procesos por lavado de activos, una cifra que no es desdeñable pero puede mejorar.

En el documento se asegura, además, que se elaborará un proyecto de ley para modificar el tipo penal del lavado de activos para hacer la legislación más acorde a los estándares internacionales. Y se propondrá la creación de un observatorio de financiación del terrorismo. En el informe también hay referencias a la necesidad de mejorar los controles y aumentar el número de sujetos obligados –es decir, de entidades que tengan que informar sobre su situación financiera a la Dian y las superintendencias de Sociedades y de Notariado y Registro– que hoy es de 6 mil.

Advierte, por ejemplo, que en el caso de las entidades sin ánimo de lucro hay muchas instituciones que les otorgan reconocimiento pero muy pocas cuentan con facultades para supervisarlas. Asimismo se cuestiona la falta de una “estrategia nacional educativa y cultural” para que la sociedad misma ayude a las autoridades a combatir. Con este panorama el gobierno se apresta a presentar su panorama para combatir este flagelo que últimamente ha afectado a un sistema financiero aquejado por los escándalos de Interbolsa y Proyectar Valores.