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“Bueno, venga le digo primero. No todos los procesos son demorados y no todos los casos quedan en impunidad” afirmó la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, al ser consultada acerca de las soluciones que contempla el Gobierno dentro de la reforma a la justicia para disminuir las demoras en los procesos jurídicos.
Quien formuló la pregunta fue Sandra Patricia Mosquera, la actual secretaria de Desarrollo Comunitario de Medio Baudó, Chocó, quien se había inscrito en www.aloporfavorcolombia.com y, tras un sorteo, había sido elegida para conversar por 10 minutos con la ministra antioqueña. Sandra se mostró preocupada por la cantidad de casos que quedan en la impunidad y prescriben, precisamente, producto de la tardanza en su estudio y resolución.
Luego de aclarar que la percepción de Sandra no era del todo correcta, Borrero citó como ejemplo las reformas establecidas en el Código General del Proceso, expedido en 2012 pero que entró a regir en su totalidad en 2016, en donde se han logrado reducciones importantes en el tiempo que toman los jueces para fallar en primera instancia. Sin embargo, admitió la existencia de fallas al interior del sistema judicial e hizo énfasis en la necesidad de suplir la falta de jueces en diferentes especialidades para dar mayor celeridad a los procesos.
Este último punto es de suma importancia si se tiene en cuenta que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a la que Colombia se incorporó en mayo, ha sostenido que un país debería tener 65 jueces por cada 100 mil habitantes. La realidad nacional dista mucho de esta medida estándar ya que por cada 100 mil habitantes hay, aproximadamente, 11 jueces.
“¿El Ministerio de Justicia estaría dispuesto a ayudar en materia de infraestructura, dotación y funcionarios para que exista en el municipio de Medio Baudó, Chocó, una eficaz, oportuna y adecuada justicia?” preguntó Sandra más adelante.
La ministra aclaró que, en virtud de la autonomía de la rama judicial, no es función de su cartera la administración de justicia, sino que esta responsabilidad recae sobre el Consejo Superior de la Judicatura. Pese a esto, aseguró que se encargará de recaudar recursos y actuar de manera coordinada para mejorar la actual situación y que la justicia llegue a los ciudadanos. Finalizó mencionando algunas dificultades que padece la rama judicial, las cuales requieren una inmensa inversión de tiempo y capital.
“Tenemos problemas, allá en la rama judicial, de ejecución adecuada de recursos. Y, sobre todo, de perfiles de personas que puedan reglamentar el servicio público de la justicia” dijo.
En su siguiente intervención, Sandra indagaría en uno de los temas que más desató polémica en las pasadas elecciones presidenciales: las reformas al Acuerdo de Paz propuestas por el Centro Democrático, en cabeza de Iván Duque. Preguntó a la ministra en qué consistían las modificaciones.
“Lo primero que siempre insiste y dice el Presidente es que le va a cumplir a toda la guerrillerada y sobre todo con proyectos y desarrollos productivos para darles una opción diferente de vida. Entonces tenemos un alto compromiso con toda la guerrillerada, yo creo que ha sido muy importante que hayan dejado las armas” respondió.
Añadió que, en lo relacionado a la Justicia Especial para la Paz, Duque buscará que el narcotráfico y el secuestro no sean considerados conexos a los delitos políticos. También precisó el interés del mandatario antioqueño en que se impida a guerrilleros que sean condenados por este Tribunal acceder a algún cargo de representación política y que los delitos sobre menores de edad sean juzgados por el derecho penal que opera en la justicia ordinaria.
Es necesario dejar claro que la Constitución contempla el derecho de favorabilidad, el cual implica que una persona que esté siendo procesada tiene el beneficio de que se le juzgue con la norma más favorable que exista al momento de cometer el delito. En este caso, los miembros de las FARC podrán acogerse a lo pactado con el gobierno anterior, en donde el narcotráfico y secuestro fueron amnistiados, y no verse afectados con la mencionada medida.
Por último, Sandra expuso la realidad de Medio Baudó, en la que conviven víctimas y victimarios.
Acerca de esto, Borrero recalcó la necesidad de la cultura de la legalidad que promueve Iván Duque. Agregó que esta dependerá de la transversalidad que se logre con diferentes sectores, incluyendo la educación, el éxito que tenga la JEP en juzgar a transgresores de derechos humanos, pero, por encima de todo, la actitud ciudadanía para la construcción de lo que calificó como “un nuevo país”.
‘Aló, ¿por favor Colombia?’ es una iniciativa ciudadana, en alianza con El Espectador, que tiene como objetivos personalizar la política, combatir la polarización y la apatía electoral en el país.