Por tercera oportunidad se define medida de aseguramiento del excomisionado de Paz

El paradero de Luis C. Restrepo es un misterio desde el pasado 8 de enero.

Un juez de conocimiento de Bogotá definirá este lunes el recurso de apelación presentado en contra de la medida de aseguramiento con la que fue cobijado el excomisionado de paz, Luis C. Restrepo en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc.

Esta diligencia judicial se adelantará ante la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quien anuló la decisión de la juez 45 de conocimiento quien en dos oportunidades revocó la medida de aseguramiento y orden de captura internacional con la cual fue cobijado el exfuncionario.

La decisión del alto tribunal fue en respuesta a una impugnación presentada por la Procuraduría General de la Nación en contra de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó repetir la audiencia en la que se tenía que resolver la apelación en este proceso.

Según la decisión, conocida en primicia por ElEspectador.com, la Corte Suprema tumbó el fallo emitido algunas semanas por la juez 45 de conocimiento quien anuló la medida de aseguramiento y orden de captura esgrimidas por la juez 62 de garantías. 

En este caso se señala que dicha decisión no podía ser tomada por la juez 45 de conocimiento, al señalar que ella ya había emitido una decisión sobre este caso, hecho por el cual la funcionaria judicial no podía realizar dicha diligencia judicial.

Ante esto se ordena que por sorteo, otro juez debe resolver los recursos de apelación presentados en contra de la decisión de primera instancia por la Fiscalía, la Procuraduría, los defensores de víctimas y los abogados de los implicados.

En la sentencia de 52 páginas, la Corte Suprema que un juez en segunda instancia no puede conocer dos veces el mismo proceso, puesto que se estaría violando el debido proceso y la imparcialidad, señalando que ya la funcionaria judicial, en este caso, había fallado en el mismo lo que provocaría un vicio de procedimiento legal.

El excomisionado de paz, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de enero, es procesado por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, y fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, por lo que podría pagar 20 años de prisión. 

Según la Fiscalía el excomisionado hizo parte de una “empresa criminal” formada junto a un grupo de narcotraficantes, militares y guerrilleros que estafó al Estado.