La testigo clave en el caso Sergio Urrego

Rosalía Ramírez, veedora del Gimnasio Castillo Campestre, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General para ser testigo en el proceso penal.

El próximo 15 de noviembre la jueza 39 de conocimiento de Bogotá verificará el preacuerdo firmado entre la veedora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Rosalía Ramírez y la Fiscalía General. En el documento aprobado se compromete a testificar en el proceso que se adelanta contra la exdirectora del centro educativo, Amanda Azucena Castillo y la psicología, Ibonne Cheque por los actos de discriminación contra el estudiante Sergio Urrego Reyes. (Lea aquí: Las pruebas de Sergio)

En el acuerdo se fija una condena de 27 meses de prisión en contra de Ramírez aceptando su responsabilidad en los actos de discriminación agravada y ocultamiento de elemento material probatorio. La procesada además se comprometió a ser testigo de cargo en el proceso penal que se adelanta en contra de las otras dos acusadas y la investigación que cursan por las presiones que se habrían ejercido contra el menor de edad por su orientación sexual. (Vea aquí: La madre de Sergio Urrego habla sobre los manuales de convivencia)

En la audiencia celebrada este jueves Ramírez reconoció que la firma del preacuerdo lo hizo de manera libre y voluntaria, sin recibir presión alguna. Esta decisión le da un vuelco al proceso judicial, puesto que se convierte en el testigo estrella en el caso en contra de Castillo y Cheque por presionar al estudiante de 16 años para que tomará un curso con un psicólogo tras que se conociera una foto en la que le daba un pico en la boca a un compañero de salón. (Lea aquí: El colegio es el tercer escenario donde más se violenta a los menores)

En la audiencia la Fiscalía General acusó formalmente a la exrectora y a la psicóloga por su presunta participación en los delitos de actos de racismo y discriminación agravado, falsa denuncia en contra de persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorios. El ente investigador señaló que por su orientación sexual se le impidió asistir a Urrego a las clases.

Igualmente fue enviado junto a su compañero a la Psicología del centro educativo, en dichas sesiones se les hizo firmar un compromiso para que mantuvieran distancia. Posteriormente, los jóvenes fueron sometidos a constantes e imprevistas interrupciones en su jornada académica, con el acudir a psicorientación.

En dichos encuentros, Urrego Reyes no solamente fue cuestionado por sostener una relación que presuntamente violaba el manual de convivencia del colegio, sino que fue catalogado como “un líder negativo al exponer su punto de vista frente a las normas del colegio”. (Lea aquí: “En el mundo hay miles de Sergio Urrego”: delegado estadounidense para la comunidad LGBTI)

Irrespetando además su derecho a la intimidad fueron obligados a explicarles a la veedora del centro educativo, Rosalía Ramírez y a otros docentes del colegio su situación sentimental. Por esto se les pidió que firmaran un compromiso en el cual eran obligados a contarles a sus familiares.

Como si no fueran suficientes estas actuaciones, las directivas del colegio citaron una reunión con el padre del estudiante como condicionamiento para que volviera a ingresar a clases. Fue la propia veedora quien radicó una denuncia en la URI de Engativá y la comisaría de familia del ICBF en contra del estudiante por lo que consideró un acoso sexual de él hacia su compañero. (Lea aquí: “La memoria falla y nos acostumbramos a la violencia”: mamá de Sergio Urrego)

“El 12 de julio de 2014, en reunión entre las directivas del colegio y los padres del menor les informa sobre el acoso sexual que le endilgó (a Urrego), exigiéndoles para autorizar el ingreso del menor a la institución, aportar el certificado de asistencia psicológica externa / psicoterapia”, precisa uno de los apartes del escrito de acusación.  (Lea aquí: Las promesas pendientes en el caso de Sergio Urrego, tras dos años de su muerte)

Pese a que presentó todos los requisitos que le habían exigido con anterioridad no se le permitió el ingreso a las clases. “El 27 de julio de 2014 Amanda Azucena Castillo (exrectora del colegio) ofició a la Comisaría de Ffamilia de Engativá, solicitando revisión de la custodia de Sergio Urrego Reyes aduciendo que era víctima de ‘abandono afectivo y físico’ (por parte de sus padres), circunstancia que conllevó a que acosara sexualmente a un compañero”.

Por estos hechos los padres del otro estudiante se vieron obligados a retirarlo del colegio a cuatro meses de su graduación. El 28 de julio de ese mismo año la rectora presentó un escrito ante la Secretaria de Educación de Tenjo, en donde nuevamente hizo señalamientos perjudiciales y discriminatorios contra el menor y su familia. Afirmaciones que fueron rechazadas por el ICBF”.

Estos actos sistemáticos, sostiene la Fiscalía General, llevaron al joven a tomar la trágica decisión de acabar con su vida tirándose de la terraza del centro comercial Titán Plaza el 4 de agosto “a causa de los diversos actos que arbitrariamente restringieron e impidieron el pleno ejercicio de sus derechos en razón de su orientación sexual.