El estudio grafológico tuvo en cuenta la declaración que Villamizar entregó a la entonces fiscal Ángela Buitrago, en la que firmó como Édgar Villarreal. Así mismo, se analizaron tres páginas registradas por Villamizar en una reunión del 24 de julio de 2007, que correspondían a escritos y planos elaborados por él mismo. Estas pruebas fueron contrastadas con 17 páginas de muestras que le tomaron al exmilitar en audiencia pública el pasado 23 de febrero, además de las tres actas que firmó ese mismo día.
El análisis incluyó, además, la revisión de documentos como las declaraciones de renta de Villamizar de2001, 2002 y 2003, su hoja de vida que figuraba en el Departamento Administrativo de la Función Pública, su declaración ante la Fiscalía en 2001 donde asegura no tener parentesco con el fiscal general con el fin de poder ser contratado por esa entidad, la hoja de vida que entregó al CTI en ese mismo año y la resolución de la Fiscalía en 2003 en la que es declarado insubsistente, entre otros.
Así las cosas, el CTI de la Fiscalía concluyó que, tras examinar “estilo caligráfico, contenido, estructura y diseño de los grafismos, tamaño, zonas de inicio y remate, desplazamiento lineal, proporción, fluidez, caja y base del renglón, calibre relativo de los trazos, concentración, angulosidad y curvatura de los signos”, los documentos coincidían: el testigo Édgar Villamizar era el mismo que firmó como Édgar Villarreal en las versiones que entregó al ente investigativo para el expediente de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
En la audiencia en que Villamizar tuvo que dar muestras de su caligrafía, tanto la Fiscalía como los defensores de las víctimas notaron que el exmilitar tomó el lapicero de forma atípica. Ambas partes, sin embargo, sabían que la caligrafía es tan única como la huella digital.
Ante el juez 55 penal de Bogotá el suboficial indicó que la firma que aparecía al lado de unas declaraciones presentadas por la Fiscalía en 2005 “no correspondían a la suya”. Sin embargo, el estudio grafológico practicado indica que su letra se ajusta a la que aparece en dichos documentos en los cuales acusaba a un grupo de militares de participar en la desaparición de un grupo de personas.
En esa oportunidad, Villamizar indicó que las versiones que se le endilgan sobre la participación de un grupo de militares en una desaparición selectiva de personas durante la operación de retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 son falsas.
Precisó en su relato, que él solamente se ha presentado a declarar en este proceso ante la Procuraduría General en junio del año pasado, asegurando que no entiende por qué se le acusa de haber presentado algún testimonio a la Fiscalía tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El cabo en retiro manifestó en tres oportunidades que ha recibido varias amenazas en contra de su vida, hecho por el cual se había resistido a presentarse a declarar en otros juzgados en los procesos en contra de militares por su presunta participación en la desaparición de 11 personas que salieron con vida del Palacio de Justicia.
Frente a las preguntas por su participación en la operación de retoma del Palacio de Justicia, Villamizar Espinel aseguró que sí fue llamado como agregado militar desde la séptima Brigada de Villavicencio a Bogotá, sin embargo cuando llegó a la capital de la República ya había finalizado la toma.
En este punto, aseguró que solamente conoce al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega y a la exfiscal Angela María Buitrago "por televisión", precisando que nunca ha tenido un contacto con ellos directamente.
Villamizar es considerado uno de los principales testigos en los procesos que se adelantan por la presunta responsabilidad de un grupo militares que participaron en las operaciones de retoma del Palacio de Justicia en actos de tortura y posterior desaparición de 11 personas a las que se habría acusado de pertenecer al M-19.
Sin embargo, en repetidas ocasiones los defensores de los militares acusados y la misma Procuraduría, han puesto en duda a este testigo, señalando que “fue suplantado” para que su testimonio involucrara a los comandantes de la operación con la desaparición de ocho empleados de la cafetería del Palacio, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.
Con estos argumentos, la Procuraduría General ha solicitado en tres oportunidades que se absuelva al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien ya fue condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada.
Las firmas que aparecen en su declaración ante la Fiscalía y ante la Procuraduria General de la Nación en 2011 corresponden a la misma persona, precisa el informe grafológico.