Testigo contra Benedetti iba a declarar en otros 13 juicios e investigaciones

Álvaro Enrique Burgos del Toro envió una carta para que el principio de oportunidad firmado con la Fiscalía el pasado 22 de noviembre fuera revocado.

El pasado 22 de noviembre el abogado Álvaro Enrique Burgos del Toro firmó un principio de oportunidad por la Fiscalía General en el cual se comprometía a colaborar con las investigaciones que se adelantaban por los actos de corrupción en el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en el departamento de Córdoba a cambio de beneficios judiciales. 

El documento –resolución 3851 de 2016- iba a ser presentado en los próximos días ante un juez de garantías, sin embargo el jurista pidió que el mismo fuera revocado al considerar que había sido engañado por el ente investigador puesto que muchas cosas que negoció no fueron inscritas en el documento.

Esta determinación tiene graves implicaciones puesto que el abogado se había comprometido a declarar en las investigaciones y los juicios que se adelantan contra de 13 personas por estos hechos de corrupción que generaron un desfalco al Magisterio tras la decisión de un juzgado civil que ordenó el reintegro de una millonaria suma de dinero.

Burgos del Toro se comprometió a testificar en los juicios que se adelantan contra Jesús Magones Rhenals, Ramón Fuentes Álvarez, Caterine Carine Cogollo Reina, Jorge Eliécer Peralta Nieves, Mauricio Nicolás Espinosa Espinosa, Álvaro Narváez Llorente y Albeiro Mangones Figueroa.

Así como en las investigaciones preliminares que se adelantan en contra de Silvio René Hoyos Saleme, Eswin Farith Mangones Pineda, Isabel Lorely Montes Oyola, Cesar Castillo Caballero, Elbert Elias Changui y Oswaldo González Negrete. Debido a la importancia de su testimonio el fiscal General, Néstor Humberto Martínez le había dado el visto bueno al principio.

“El aspirante Álvaro Enrique del Toro, posterior a su formulación de imputación, suministró información de vital importancia para la Fiscalía General de la Nación, en el sentido que gracias a su colaboración ha logrado llegar a esclarecer los hechos y de igual forma la identificación de otras personas de las cuales no se contaba con información”, precisó.

Se releva además que el jurista se comprometió a colaborar en las otras investigaciones que se adelantan en contra de las personas mencionadas por él en el interrogatorio que rindió “y contra las cuales no se han abierto las correspondientes investigaciones”. Esto con el fin de demostrar la responsabilidad penal de estas personas en los actos de corrupción que se han registrado en los últimos años en el departamento.

El Fiscal General consideró en su momento que el principio allegado cumplía con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Hecho por el cual se suspendía la persecución penal por los delitos de falsedad ideológica en documento pública, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, prevaricato por acción y peculado por apropiación por un año.

El modus operandi del desfalco

El abogado, quien fue capturado en octubre de 2015, reconocía en el principio de oportunidad su participación en los hechos que rodearon la presentación de diferentes acciones de tutela con el fin de recibir dinero proveniente de la Fiduprevisora y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

El 21 de junio de 1990 se suscribió un contrato entre el Ministerio de Educación y la Fiduciaria Previsora S.A. para la “eficaz administración de los recurso del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a fin de que atendía oportunamente el pago de las prestaciones sociales del magisterio, a fin de que atienda oportunamente el pago de las prestaciones sociales, así como garantizar la adecuada prestación de los servicios médico-asistenciales”.

Entre los años 2010 y 2011 el abogado Álvaro Enrique Burgos del Toro presentó ante el juzgado civil de Circuito de Lórica (Córdoba) cuatro demandas ejecutivas laborales en contra de la Fiduprevisora La Previsora S.A. y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con la finalidad que se les reconociera y se les para a 108 docentes una pensión vitalicia de jubilación.

En las acciones judiciales presentó 108 resoluciones expedidas por la Secretaria de Educación de Lorica para sustentar su petición. En las mismas se ordenaba el pago de pensiones vitalicias de jubilación y el poder de los docentes que querían este reconocimiento por su labor en el Magisterio.

Posteriormente otra abogada presentó otra demanda para pedir 21 pensiones. Pese a que las acciones no cumplían con los requisitos exigidos el despacho judicial avaló las pretensiones ordenando así el pago de una millonaria suma de dinero para pagar las pensiones de los docentes.