Ordenan a la ANT resolver líos de tierras de pueblos indígenas en un "plazo razonable"

La Corte Constitucional consideró que la demora de seis años de la Agencia Nacional de Tierras en un caso era injustificada y le puso una fecha límite a la entidad para que decida. Además, consideró que este tipo de actuaciones ponen en riesgo el derecho de la comunidades a la identidad étnica y cultural.

La Agencia Nacional de Tierras habría incurrido en una demora injustificada. Cristian Garavito - El Espectador

Comunidades indígenas Nonam que viven cerca de Buenaventura llevan seis años pidiéndole al Estado que les titule colectivamente la tierra que ocupan. El proceso, en un comienzo, lo llevaba el extinto Incoder y ahora está en manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad a la que la Corte Constitucional le acaba de ordenar que actúe con mayor celeridad, para no poner en riesgo la identidad étnica y cultural de las comunidades afectadas.

Para el alto tribunal, “la Agencia Nacional de Tierras ha incurrido en una dilación injustificada y, por tanto, se configura una vulneración a los derechos fundamentales a la propiedad colectiva y al debido proceso administrativo”. Por esto, le ordenó a la entidad que en un plazo no mayor a tres meses tome una decisión definitiva en el proceso, para no perjudicar más a las comunidades en cuestión.

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Los pueblos indígenas de Cerrito Bongo, Cocalito y Jooin Jeb han estado históricamente a orillas de los ríos Bongo y Bonguito, en el Pacífico colombiano. Comenzaron el proceso de titulación de sus tierras en el 2012 ante el Incoder y, tras el visto bueno de esta entidad en 2015, solo faltaba la firma del viceministro del Interior para que pudieran acceder a su derecho.

El Incoder fue liquidado ese mismo año y el caso quedó en algún despacho de la ANT. Al considerar que esta Agencia no actuaba, las comunidades interpusieron una tutela en agosto del año pasado, pidiendo que se les protegiera el derecho al debido proceso. La Corte Constitucional les dio la razón.

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En jurisprudencia anterior, la Corte ya había estimado que la propiedad colectiva a la que tienen derecho las comunidades indígenas y negras en el país “cumple la función de permitir que puedan maximizar su autonomía, preservar su cultura y respetar las diferencias culturales”. El alto tribunal ha señalado también que los derechos de estos grupos deben mirarse como de un colectivo, no por sus miembros de manera individual. Además, dijo que esa colectividad tiene personería jurídica.

En esta decisión la Corte ratifica la posición de que las comunidades indígenas tienen una protección constitucional especial y, bajo ese entendido, el acceso a su derecho a la tierra “debe desarrollarse a través de disposiciones legales y reglamentarias” y esto se debe solucionar dentro de un “plazo razonable”. Por ende, al observar que las comunidades habían actuado dentro del marco legal, pero las entidades encargadas se demoraron en responder, lo cual, señalaron los magistrados: “pareciese contrario al deber de contar con un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales”.

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Si bien la Corte tuvo en cuenta el grado de dificultad que atravesó la ANT por el traslado de tantos procedimientos del Incoder, sí cuestionó la respuesta de la entidad a las comunidades, en la que señalaba que sobre el caso ya había una decisión. Sobre este tema anotaron que, considerando las acciones que ya había emprendido la ANT en el caso: “no existiría razón alguna para sostener que existe una complejidad en el proceso y que la dilación se encuentra justificada”.

El alto tribunal regañó, además, a la ANT por el manejo que le dio al caso, considerando que “pareciese contrario al deber de contar con un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales”. Y, a renglón seguido, reiteró que ninguno de los argumentos de la ANT justifica la demora del caso, sobre el cual la misma entidad habría señalado tener una decisión en firme.

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Redacción Judicial

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