"Las tierras eran sólo una parte de la inversión"

David MacLennan aseguró que esta gigante de alimentos, hoy en el ojo del huracán por la compra a campesinos en el Vichada de miles de hectáreas, no violó las leyes colombianas.

David MacLennan, presidente de Cargill, habló por primera vez con un medio colombiano. / Ami Kaufman

Para un estadounidense cualquiera, es prácticamente imposible irse a dormir sin haber consumido durante el día aunque sea un producto relacionado con Cargill. Quizá sea uno de los aditivos en su salsa de tomate, quizá sea la malta de la cerveza que se tomó al almuerzo, quizá sea el alimento que le dieron al cerdo que terminó siendo su cena. Así es fácil entender por qué en el año fiscal 2013 esta multinacional reportó ventas por US$136,7 billones de dólares y ganancias netas por US$2,31 billones. Para hacerse una idea de cuánto dinero es US$2,31 billones, basta recordar que en el año 2009 el G-20 aprobó que se destinara US$1 billón para reactivar la economía mundial y crear 20 millones de empleos. Cargill tiene 140.000 trabajadores.

Todos esos números perfilan, a su vez, a este gigante estadounidense de los alimentos, que cayó en tela de juicio luego de que los congresistas Wilson Arias y Jorge Robledo denunciaran que había adquirido miles de hectáreas en el Vichada. El debate en el que hoy se centra Colombia, con Vichada como su eje, es trascendental: ¿se podían o no acumular esos lotes, que habían sido adjudicados a campesinos sin propiedades? ¿Cuál es el alcance de la ley 160 de 1994? ¿Cómo hacer que Colombia deje de aparecer en las listas negras del mundo en cuanto a distribución de tierras, cuando menos del 1% de la población posee más del 50%? Cargill, sin embargo, ve el asunto a través de otro prisma: “Lo importante no es el asunto de las tierras sino ayudar a Colombia a mejorar su infraestructura agroindustrial”, le dijo a este diario David MacLennan, quien preside la multinacional estadounidense desde 2011.

Aunque ningún representante de esta empresa había querido hablar con los medios antes sobre este espinoso tema, MacLennan accedió a una entrevista con El Espectador desde su oficina ubicada a las afueras de Minneapolis (EE.UU), en el opulento sector de Minnetonka, donde ninguna casa vale menos de un millón de dólares. La gente de Cargill se refiere a este lugar como “la oficina del lago” porque allí hay una pequeña laguna que alguna vez fue la piscina que un multimillonario construyó para que su hija entrenara hasta hacerse a un cupo en los Juegos Olímpicos. La gente del común le dice simplemente “la mansión Cargill”.

Según MacLennan, Black River Asset Management (la subsidiaria de Cargill en Colombia) hizo todo de acuerdo con la ley: “Nosotros creemos que hicimos todo bien y vemos esto como algo bueno, como una inversión para el país, como una inversión en agricultura”. Black River y el ingenio Riopaila terminaron desarrollando el mismo modelo de crear varias sociedades anónimas –Black River creó 43, se ha identificado a la fecha– para adquirir tierras en el Vichada. Según ha denunciado el senador Jorge Robledo, el propósito de ese sistema era ocultar que la cantidad de hectáreas, adquiridas al fin y al cabo por una sola entidad, violaba los topes legalmente establecidos. En Cargill, no obstante, piensan otra cosa. MacLennan no respondió todas las preguntas que se le hicieron, asegurando que no conocía en detalle las transacciones, y cuando se le habló de la polémica que ha surgido alrededor de los terrenos adquiridos por Black River, él insistió en el beneficio que este proyecto agroindustrial le representará a Colombia. Autorizó, no obstante, a que voceros de Black River respondieran el resto de las preguntas vía email.

Dichos voceros tampoco respondieron el cuestionario completo, pero sí expresaron que el crear varias sociedades para comprar terrenos “es un modelo de negocio estándar en el campo de los bienes raíces en el mundo, y la principal razón para usarlo es que provee flexibilidad para vender pequeñas parcelas más adelante”. Un argumento similar esgrimió en su momento la firma Brigard & Urrutia cuando explicaba por qué había recurrido a la creación de varias compañías que, tanto en nombre de Cargill como de Riopaila, terminaron haciéndose a miles hectáreas que antes eran Unidades Agrícolas Familiares. Es decir, que los dueños originales eran campesinos que habían recibido los lotes por parte del Estado.

Sigue siendo difícil comprender cómo fue que Cargill, una empresa dedicada al sector agroindustrial, terminó siendo dueña de miles de hectáreas en Colombia cuando, como el mismo MacLennan admitió, Cargill casi nunca compra terrenos en países foráneos. “No es usual”, fueron sus palabras. Según MacLennan, la adquisición de tierras en el Vichada “era sólo una parte de la inversión”, que se requería para “desarrollar una agricultura exitosa y sostenible y para construir infraestructura”. Pero como esos criterios de agricultura exitosa ya hacen parte de la visión corporativa de Cargill en todo el mundo, el interrogante que sigue en el aire es por qué en Colombia esta multinacional decidió añadirle la compra de terrenos a su fórmula. Hoy Cargill tiene unas 60.000 hectáreas en el Vichada. “No hemos comprado en otros departamentos”, aclaran ellos.

MacLennan asevera que para Cargill el negocio de los inmuebles no es relevante en su portafolio, aunque el informe fiscal de 2013 indica que en los últimos cinco años este gigante de alimentos ha invertido US$15 billones (casi siete veces sus ganancias de 2013) en adquisiciones y bienes. Además, de acuerdo con la información que se ha divulgado en Colombia, en algunos casos un particular o empresa no relacionada con Cargill –hasta ahora no hay pruebas de que sí tuvieran alguna conexión– compró las tierras al campesino por cierto precio y se las vendió a Cargill por un valor infinitamente mayor al original, según se demuestra con los certificados de libertad y tradición de los inmuebles. El predio El Boralito es uno de, por lo menos, 13 ejemplos ya identificados: fue vendido a una comercializadora por $10 millones y ésta se la vendió a Cargill por $3.094 millones.

¿Black River buscaba entrar en el juego de la especulación del precio de la tierra? ¿Por qué las sociedades simplificadas que compraron las tierras se crearon apenas meses antes de la adquisición? MacLennan reiteró que desconocía los detalles de las transacciones y los voceros de Cargill, por su parte, se limitaron a decir que éstas habían sido públicas y que las propiedades no se negociaron con intermediarios. Ambas partes sostienen, además, que adquirir los lotes en el Vichada fue el resultado de un estudio de más de dos años, en el que se asesoraron no sólo con Brigard & Urrutia sino con otros abogados y hasta con académicos. ¿Cuáles abogados? ¿Cuáles académicos? No lo dijeron. “En los que respecta al proceso de adquisición de tierras en Colombia y los precios que se pagaron, Cargill siguió su principio básico: obedecer la ley”, expresó MacLennan.

Así las cosas, la versión oficial de Cargill es que se quiere invertir en una zona en la cual el Estado colombiano tradicionalmente ha sufrido de Alzheimer. “Colombia tiene unos 22 millones de hectáreas de tierra cultivable pero sólo se han desarrollado cinco millones. O sea que ahí hay una oportunidad”, indicó MacLennan. Según los voceros de Black River, ColombiaAgro (nombre de una de las empresas que creó Black River) es “una de las más grandes empleadoras del Vichada, tan sólo las operaciones de agricultura generan más de 200 empleos. Igualmente se han creado muchos puestos indirectos en un área en la que el empleo ha sido escaso”. Lo que le reclaman a Cargill los congresistas Arias y Robledo es si acaso los proyectos agroindustriales pueden pasar por alto normas que se promulgaron para evitar más concentración de la tierra.

La gente de Black River explica que la oportunidad de negocio parte de que en Colombia “casi el 80% de la soya y el maíz es importado”. Aseguran que “la adquisición de la tierra es sólo una parte de toda la inversión que se está haciendo para que haya una producción sostenible en el Vichada; que preparar el suelo y construir la infraestructura necesaria para una finca de 1.500 hectáreas requiere más de US$2 millones. Sin esta inversión la tierra no puede producir cosechas y ningún agricultor podría tener éxito”. Y agregan: “Colombia es un país con gran potencial agroindustrial pero, históricamente, poco ha invertido en este sector”. De acuerdo con los voceros de Black River, ni las autoridades colombianas ni las estadounidenses los han notificado de ninguna investigación y dicen estar dispuestos a prestar su colaboración.

No es difícil avizorar la tormenta que tendrá que atravesar el barco del proyecto de ley con el cual el gobierno Santos buscará conjurar esta entramada situación, sobre todo porque las partes involucradas en el debate no podrían estar más en desacuerdo con lo que significa en este caso “llegar a buen puerto”. El Gobierno, como lo había anunciado el exministro de Agricultura Francisco Estupiñán, buscaba “fórmulas de arreglo” y el pasado 10 de julio promulgó un decreto determinando que las limitaciones de la Ley 160 de 1994 no aplicaban a los terrenos adquiridos antes de ese año. En la otra orilla, los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias han insistido en que el Congreso no puede aprobar “leyes calculadas para ocultar y premiar las ilegalidades con las que se está despojando de sus tierras al campesinado”.

 

 

 

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@dicaduran

*Se encuentra en Estados Unidos como becaria del programa del World Press Institute

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