Actualmente está detenido en la cárcel La Picota

Estados Unidos solicitó formalmente extraditar al exfiscal Luis Gustavo Moreno

Asimismo, la justicia norteamericana también pidió la extradición del abogado Leonardo Pinilla, socio y amigo del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

Gustavo Moreno, exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.Arhivo Particular

La justicia de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y de su socio, el abogado Leonardo Pinilla, señalados de exigirle dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, con el fin de desviar las investigaciones que se adelantan en su contra por actos de corrupción en esa región del país.

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Según el gobierno estadounidense, Moreno y Pinilla le habrían pedido dinero al exgobernador a cambio de entregarle declaraciones juramentadas de testigos en su contra. Posteriormente, Moreno -en comisión de la Fiscalía- viajó a Miami y, según denunció Lyons, le había pedido $400 millones y una adición de US$30.000 antes de salir de territorio norteamericano a cambio de que "inundara a sus fiscales con trabajo para que no fueran capaces de centrarse en la investigación penal que se adelantaba contra el cooperante (Lyons)".

El exfiscal Moreno fue detenido por agentes del CTI el pasado 27 de junio en su propia oficina ubicada en el occidente de Bogotá. Desde ese día, Moreno se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá a la espera de que se resuelva la su solicitud de extradición para responder por los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno.

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En cuanto a Lyons, el próximo 7 y 8 de septiembre quedó programado el interrogatorio en las instalaciones del consulado de Colombia en Miami (Florida), en donde Lyons vive desde abril de este año. El organismo investigativo recogerá su testimonio para conocer detalles sobre los presuntos hechos de corrupción que ocurrieron durante su administración en la gobernación de Córdoba. Posteriormente, el 3 de octubre, la Fiscalía le imputará cargos por la supuesta malversación de recursos que superan los $10.000 millones en el Tribunal Superior de Bogotá.