Todos contra todos

El mandatario les pidió a los órganos de control “no llevar diferencias personales al campo institucional”. hace un recuento de las disputas entre estas y otras entidades.

Con un trino en la mañana de ayer, el presidente Juan Manuel Santos les jaló las orejas al fiscal general Eduardo Montealegre y a la contralora Sandra Morelli, de pelea por cuenta de una investigación de la Fiscalía que busca esclarecer supuestos seguimientos e interceptaciones ilegales por parte de ese órgano de control y, además, presuntos sobrecostos en la contratación de la entidad, denunciados por la Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría.

A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario les reiteró “muy comedidamente a los órganos de control no llevar diferencias personales al campo institucional. A nadie conviene”. La de la contralora con el fiscal es apenas una de las disputas que se viven entre los distintos órganos de control —Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Auditoría— e incluso entre algunos de ellos y el Ministerio de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Temas como las negociaciones de paz en Cuba, el Marco Legal para la Paz, el proceso por el carrusel de pensiones y los proyectos de ley para reformar los códigos Penitenciario y de Extinción de Dominio, tienen enredados a los directores de estos entes en pleitos que han llegado hasta el intercambio de señalamientos y acusaciones.

Entre tutelas e inspecciones

La inspección hecha por la Fiscalía a las instalaciones de la Contraloría en el occidente de Bogotá generó una disputa entre esos dos órganos de control que llevó a que la contralora Sandra Morelli denunciara al fiscal Eduardo Montealegre ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes porque en su criterio la Fiscalía “ha simulado adelantar una investigación contra la Contraloría por un supuesto delito de interceptación ilegal de comunicaciones movida por otro propósito: interferir el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta contra la EPS Saludcoop”. La disputa ha sido tal que hasta hace poco, la contralora Morelli investigaba al fiscal por supuesto detrimento patrimonial hasta que la Corte Suprema de Justicia —en virtud de una tutela interpuesta por el mismo Montealegre— le dijo que no podía seguir investigándolo.

‘Con vaselina y mangueras’

El fiscal general, Eduardo Montealegre, y el procurador, Alejandro Ordóñez, han sostenido un intenso debate respecto a las negociaciones de paz en Cuba, el Marco Legal para la Paz, el matrimonio homosexual y el fuero penal militar. Una pelea que ha incluido enfrentamientos verbales en varios eventos. En su momento el fiscal —defensor del Marco Legal y de las negociaciones en La Habana— le dijo al procurador que “su concepto de justicia es del siglo XVIII”. En un encuentro con varias personalidades, Ordóñez dijo, en referencia al Marco Legal para la Paz, que el Gobierno se lo “estaba metiendo (a los colombianos) con vaselina”. A lo que el fiscal respondió: “Usted dice que en la Procuraduría hacen cosas a sus espaldas. Espero que esas cosas no se hayan hecho con vaselina”. Estas palabras fueron consideradas por Ordóñez como parte de una actitud amenazante del fiscal, al que coloquialmente le dijo que “ni usted me pise mis mangueras ni yo se las piso”. La más reciente controversia se ha dado por los viajes que algunos congresistas y funcionarios han hecho a Cuba, que han sido criticados por el procurador y defendidos por el fiscal.

Por el carrusel de pensiones

Tanto el fiscal Montealegre como la contralora Morelli se han enfrentado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por las investigaciones que se adelantan para esclarecer el llamado carrusel de pensiones en el que han sido salpicados tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura (Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano y Henry Villarraga) y 15 magistrados auxiliares que, al parecer, se pensionaron de forma irregular con millonarias mesadas tras unos pocos meses como
magistrados.

Durante meses, la Contraloría y la Comisión sostuvieron una lucha para ver quién debía investigar a los magistrados. Al final, la Judicatura le dio el expediente a la Comisión, generando el rechazo de la contralora, quien calificó el fallo de la judicatura de extraño pues, en su criterio, dejaba a la Contraloría en un limbo jurídico. Por su parte, el fiscal Montealegre ha llegado incluso a demandar por prevaricato al expresidente de la Comisión de Acusaciones, el congresista Constantino Rodríguez, porque, en su criterio, archivó una de las dos investigaciones que la Comisión adelanta por este caso y no tuvo en cuenta las pruebas que se han allegado al proceso.

El caso por el supuesto carrusel de pensiones ha generado, además, cruces entre el fiscal Montealegre y el mismo Consejo Superior de la Judicatura.

Un pleito millonario

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, y el fiscal Montealegre se han trenzado en dos controversias que tienen al Ministerio y la Fiscalía en una tensa calma. ¿La razón? Serias diferencias de criterio relacionadas con el Código de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penitenciario y Carcelario. Respecto al primero, el pleito es de grandes proporciones debido a que esa ley le entrega a la Fiscalía el 50%, cerca de $2,5 billones, de los recursos del Fondo de Rehabilitación Social y Lucha Contra el Crimen Organizado que administra el Minjusticia.

La medida, que hace trámite en el Congreso, no deja de generarle molestias al nuevo ministro. En cuanto al Código Penitenciario, la controversia se debe a que, para la Fiscalía, no contribuye a resolver el problema del hacinamiento carcelario.

Una auditora recusada

Esta semana la contralora Morelli interpuso una recusación contra la auditora general, Laura Emilse Marulanda, que la audita por supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento de las oficinas de la Contraloría en el centro comercial Gran Estación II. Este establecimiento es de propiedad del colombo-israelí Alberto Aroch Mugrabi, investigado por la Fiscalía por supuesto lavado de activos. La contralora puso en duda la imparcialidad de la auditora al señalar que es amiga de un enemigo suyo, haciendo referencia al excontralor Julio César Turbay Quintero, y que eso la convierte de cierta forma en su enemiga. Al respecto, la auditora ha señalado que no tiene ninguna amistad con el excontralor y que al auditar a la Contraloría sólo está cumpliendo con la ley.