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Julia, a quien se le ha cambiado el nombre para proteger su identidad, llega a un hospital en Bogotá y confirma la sospecha que tenía: está embarazada. Seis semanas atrás, cuando decidió ir de visita a su pueblo natal, fue violada por un hombre que tiene poder y control territorial en la zona. Un actor armado que la amenazó con masacrar a su familia si revelaba la agresión. Ella regresó a la capital acompañada de un silencio impuesto y de un embarazo no deseado. Es simple: Julia tiene una pareja que la maltrata y un hijo por el cual responder. No quiere tener a ese bebé y la ley la ampara.
Hace ocho años, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias: cuando la vida o la salud física de la mujer está en peligro, cuando el feto presente malformaciones que hagan inviable su vida fuera del útero y cuando el embarazo sea producto de violación o incesto. Sin embargo, el equipo médico que atendió a Julia falló en garantizarle su derecho a abortar. Luego de manifestar su decisión de interrumpir el embarazo, esta no fue incluida en la historia clínica, no se registró que era una caso de violencia sexual, algunos profesionales la maltrataron y hasta le impidieron salir del centro de atención.
Durante once días la sometieron “a un conjunto de obstáculos”, según registró en su estudio de caso la organización Grupo Médico por el Derecho a Decidir. “Una doctora me dijo en público que era que no me podían dejar salir porque yo quería era irme a matar la criatura. Otra vino y me dijo duro: ¡Aquí solo nos encargamos de ese problemita suyo cuando denuncie”, le relató Julia a esta organización. Su caso, además de ser el mismo de muchas mujeres colombianas pero con diferentes matices, revela las barreras y los obstáculos que todavía existen para el acceso pleno a este derecho.
Mañana se celebrará el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, una iniciativa que pretende poner de manifiesto la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad de eliminar las barreras para ejercerlos. Precisamente, uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder legalmente a la interrupción voluntaria del embarazo es la objeción de conciencia que declaran algunos médicos prestadores del servicio.
“Como se supone que uno se declara objetor antes, no durante la consulta, se supone que la institución ya sabe quiénes están en esta condición y lo preferible es que uno no tenga que enfrentar una mujer a un objetor. Si coincide con que es un objetor, pues la objeción no abarca el ámbito de la información y es deber del profesional remitir a la mujer a un médico que sí la pueda atender”, explicó Ana Cristina González, doctora del Grupo de Médicos por el Derecho a Decidir. Y añadió que los profesionales de la salud deben informar a las mujeres sobre sus derechos y “darles las herramientas para que ellas tomen las decisiones que les convengan”.
En este aspecto coincidió Carolina Melo, coordinadora de la Mesa por la Salud y Vida de las Mujeres, que hace acompañamiento jurídico a mujeres que encuentran impedimentos para acceder a los servicios de interrupción: “Existe un problema de acceso a la información, las mujeres no tienen ni idea de que en Colombia es posible abortar con estas circunstancias y los prestadores tampoco conocen las normas. En la medida en que se informe es importante explicar que una mujer que aborta no es una mujer inconsciente ni delincuente ni criminal. Sino que es una mujer que es capaz de hacer una lectura de su contexto y en ese momento es lo mejor para ella. Hay un componente muy grande de conciencia para tomar esa decisión”.
Melo también enfatizó que “la gente piensa que a las mujeres les encanta ir a abortar como si abortar fuera un evento buenísimo y que todas llegan felices, y no es así, es una decisión cargada de razones”. Precisamente, según cifras del Instituto Guttmacher, en Colombia se practican cerca de 400 mil abortos clandestinos al año y alrededor de 130 mil mujeres presentan complicaciones derivadas de procesos inseguros. Cifras que superan abismalmente los registros del Ministerio de Salud respecto a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales que están permitidas en el país.
“En el año 2009 registramos 469 casos, 1.551 en 2010, bajamos a 203 durante 2011, de ahí caímos a 26 casos en 2012 y en 2013, aunque es una cifra parcial, aún no ha salido el consolidado, estamos en 21 casos. Esto es algo que nos preocupa y estamos analizando a profundidad”, explicó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el pasado 16 de septiembre en un debate de control político.
En este sentido, tampoco hay cifras certeras sobre los obstáculos para el acceso a la interrupción del embarazo en la reglamentación vigente: “Si analizamos el número de reportes por personas que no son atendidas en este tipo de requerimientos, no encontramos registros, en la Supersalud es casi nulo el número de quejas, sólo hay cuatro. Entonces, si se revisa a fondo, vemos que la gente tampoco está denunciando y creemos que ahí también hay un problema de características sociales”, añadió Gaviria.
Y es que la denuncia se ha convertido en un tema transversal para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por la causal de violación, pues muchas mujeres no acuden a las autoridades judiciales porque temen que su vida corra riesgo. El problema es que este es uno de los requisitos para acceder al servicio, de manera que muchas no pueden abortar por la vía legal porque no están respaldadas por la denuncia. Lo anterior sumado a que muchas veces las semanas de gestación no coinciden con la fecha en que ocurrieron los hechos y el médico considera que la mujer puede estar mintiendo.
Por eso, Carolina Melo sostuvo que “se necesitan campañas que difundan los derechos y que la discusión se centre en que se trata de que yo decido lo que para mí está bien con mi vida. Esa decisión y esa libertad son cosas que debemos tener garantizadas todas: la que quiere abortar y la que no”. De ahí que ambas profesionales consideren que el recorrido para la implementación del aborto despenalizado en Colombia aún es largo y necesita más garantías. Pero que reconozcan los esfuerzos que se hacen desde diferentes instituciones estatales y privadas. Así como la ampliación de marcos legales enfocados a garantizar este derecho.
“Esta es mi historia y no será escrita en lápiz y borrada con culpa. Será escrita con dolor y expresada con valentía”, dijo en un video la artista Leyla Josephine sobre su experiencia de aborto. Y es que en Colombia, desde hace ocho años se está haciendo el tránsito del delito al derecho.
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@macamilarincon