Transparencia Internacional aconseja a Colombia reforzar leyes antisoborno

Aconsejó blindarse contra el soborno por parte de empresas multinacionales.

La organización Transparencia Internacional aconsejó este martes a las autoridades colombianas reforzar las leyes anticorrupción y blindarse contra el soborno por parte de empresas multinacionales, que llegan cada vez con más frecuencia por cuenta de los tratados comerciales.

Esta recomendación forma parte del informe publicado por esta ONG sobre el cumplimiento de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra el soborno, que reprobó a la mitad de los cuarenta países suscritos.

La directora del capítulo colombiano de Transparencia Internacional, Elisabeth Ungar, consideró en un comunicado que el Gobierno debe "priorizar actividades contra el soborno extranjero en las transacciones comerciales internacionales".

Colombia ha firmado en los últimos dos años acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Corea del Sur, Panamá, Costa Rica e Israel, entre otros, que se suman a los ya existentes con países de la región.

"Es prioritario que las unidades responsables de investigar casos de soborno transnacional, con el liderazgo de la Fiscalía, comiencen por recopilar, sistematizar y publicar la información. Sin información será difícil diseñar e implementar medidas para combatir este delito", afirmó Ungar.

En Colombia, la Convención Antisoborno entró en vigor en enero de este año y desde septiembre pasado el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos sigue un protocolo para poder ingresar a la OCDE, que aglutina a las economías más avanzadas del mundo.

El periodo de aplicación es posterior al inicio del estudio, por lo que Colombia no ha obtenido ninguna calificación en el informe mundial divulgado hoy.

No obstante, el informe llamó la atención sobre los vacíos en el marco jurídico colombiano para combatir la práctica de algunas empresas de sobornar a Gobiernos extranjeros a cambio de ganar contratos, obtener licencias y beneficiarse en materia fiscal y legislativa.

Transparencia Internacional advierte de que el Estatuto Anticorrupción colombiano establece penas no excarcelables de entre 9 y 15 años pero contempla "sanciones financieras muy bajas con relación el gran poder económico de empresas transnacionales y sus funcionarios", de entre 58 y 117 millones de dólares.

La legislación colombiana tampoco dicta cómo se vincularían estas compañías a un proceso penal ni se han definido medidas de detención.

Para esta ONG, "la falta de acceso a la información pública y a estadísticas claras y completas sobre corrupción" presenta un "reto enorme" en Colombia, y además los fondos para la investigación son escasos, restringidos a la persecución del delito.

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