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La Procuraduría General le hizo un fuerte llamado a Óscar Enrique Jaramillo Jiménez, alcalde encargado de Barrancabermeja, por las medidas tendientes a superar la dificultad en el transporte público y las garantías de participación de los 169.907 electores (87.813 mujeres y 82.094 hombres) habilitados en la jornada de revocatoria del alcalde titular, Darío Echeverry Serrano.
Así, el presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, Jorge Enrique Sanjuán, sostuvo que durante la jornada "se evidencia la gran disminución del servicio de transporte público en la zona urbana y rural del municipio, generando una obstaculización al ejercicio del derecho fundamental de carácter político, en este caso de participar en la revocatoria del alcalde de Barrancabermeja".
De acuerdo con el Ministerio Público, esa limitación a la movilidad “está afectando el proceso democrático que se está adelantando, con una abstención de la ciudadanía por la imposibilidad de movilizarse a los puntos de votación a través del servicio de transporte público”. De hecho, en la tarde de este sábado, la Procuraduría le solicitó a Jaramillo Jiménez la suspensión del artículo 14 del decreto 249 que prohíbe la circulación de parrilleros en motos.
Para la procuraduría, esta norma obstaculiza el derecho de los ciudadanos a participar en la jornada electoral, teniendo en cuenta que el 80% de la ciudadanía de Barrancabermeja, así como en la zona rural y urbana, se moviliza en moto, carro o moto-triciclo. “Por lo anterior, se sugiere que se tomen las medidas pertinentes para superar esta dificultad”, dice la entidad pública.
Por la expedición del decreto 249, la Procuraduría de Barrancabermeja abrió indagación preliminar contra el alcalde del municipio, Darío Echeverry Serrano, y el encargado, Óscar Jaramillo Jiménez, por presunto incumplimiento de sus deberes y extralimitación de sus funciones, al expedir el decreto que restringía la circulación de los parrilleros en moto, con la supuesta falsa motivación de que la medida tenía origen en problemas de seguridad en el puerto petrolero.
El proceso de revocatoria en contra del alcalde Darío Echeverry Serrano empezó en enero de este año cuando varios grupos promotores, entre ellos uno del que hace parte la excongresista Yidis Medina, radicaron en enero pasado las solicitudes para la revocatoria del mandatario local, de quien dicen hasta la fecha no ha cumplido con sus promesas de campaña.
Por ejemplo, uno de los sectores cuestiona, entre otras cosas, que las 10 mil viviendas que Echeverry Serrano prometió, en su aspiración a la alcaldía, no las va a poder cumplir. Asimismo, el empleo, su programa de gobierno y hasta políticas ambientales hacen parte del descontento de la comunidad, luego de las denuncias que advirtieron contaminación en la Ciénaga de San Silvestre, el afluente de agua más importante del Magdalena Medio.
Al alcalde también le reclaman no incluir en el Plan de Desarrollo de su gobierno algunas secretarías que son de “vital importancia” para la ciudad, así como falta de atención al descontento generalizado en gremios como el de los taxistas y los electricistas. “Este gobierno se ha venido construyendo bajo la mentira, la infamia y la calumnia. Unos líderes y yo lo apoyamos para la Alcaldía, pero nos presentó un programa de gobierno que no se materializó”, acotó el exconcejal Rogelio Scarpetta.