Traperos, sal de frutas y ‘platicos’, entre los bienes de las Farc para resarcir a víctimas

También relacionan exprimidores de naranja y de limón y ofrecen para reparación 3.753 kilómetros de vías que dicen haber construido. Admiten tener 241.560 hectáreas rurales. Es un listado inútil, dice Fiscal General.

Redacción Judicial
23 de agosto de 2017 - 11:38 p. m.
El fiscal Martínez cuestionó que de la lista de bienes que entregó las Farc no sirven para reparar a las víctimas. / Archivo
El fiscal Martínez cuestionó que de la lista de bienes que entregó las Farc no sirven para reparar a las víctimas. / Archivo

Después de estudiar minuciosamente el inventario de bienes que las Farc entregaron al Gobierno a través de la ONU el 31 de julio pasado, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le envió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, un listado de cuestionamientos a lo que la guerrilla entregó como su patrimonio para resarcir a las víctimas. “En mi deber formular por su conducto las siguientes cuestiones”, le informó el fiscal al ministro. (La pelea por los bienes de las Farc)

El fiscal criticó especialmente el capítulo de “equipos y enseres” enumerado por las Farc, que incluye “traperos, escobas, botas, pocillos, exprimidores de naranjas, exprimidores de limón, vasos, carretillas, sartenes, sal de frutas, talcos, ‘platicos’, etc”. Según la Fiscalía, se trata de activos insustanciales, depreciados, que carecen de valor comercial y no podrán servir para reparar a las víctimas. (Bienes de las Farc, el objetivo del fiscal)

Con respecto a los bienes, Martínez dijo que “el documento entregado se caracteriza por la indeterminación de los activos relacionados, lo cual debería ser enmendado en la brevedad”. Advirtió que, de no ser así, se estaría buscando que la Fiscalía sea incapaz de hacer el proceso que corresponde para que los bienes vayan al Fondo de Víctimas. (Farc entregaron primer listado de bienes)

Otro punto que criticó Martínez es que las Farc hubieran incluido en su inventario propiedades que ya no les pertenecen, pues fueron embargadas y están en proceso de extinción de dominio. Para el organismo investigativo, incluir estos bienes podría ser “un habilidoso recurso para truncar los procesos en curso”. El fiscal recordó que los inmuebles de las Farc que ya están en extinción de dominio están avaluados en más de $1,7 billones.

Sobre las propiedades, las Farc entregaron inmuebles rurales que representan 241.560 hectáreas y uno cuantos bienes urbanos. “Sorprende, sin embargo, que el listado de presuntos inmuebles de su propiedad no relacione un solo folio de matrícula inmobiliaria”, expresó el fiscal, agregando que en algunos casos los documentos de propiedad son “cartas de colono” o “cartas de venta”.

Para el fiscal, en pocas palabras, el inventario presentado es “francamente inútil e improcedente”, pues los bienes enlistados están identificados solo por su nombre, lo cual no es suficiente para iniciar procesos de extinción de dominio. “En consecuencia, el listado dista de ser una relación útil de inmuebles de las Farc”, señaló el fiscal, quien le pidió al Gobierno que le exija a la guerrilla folios de matrículas o cédulas catastrales.

Si algo deja ver también las referencias de la Fiscalía al inventario de las Farc es que esta guerrilla suplió durante mucho tiempo las funciones del Estado. Por ejemplo, en el acápite “inversión social”, las Farc entregaron un inventario de tratamientos médicos: dos cirugías umbilicales, dos extracciones de vena várice, una cirugía de hernia epigástrica, una ligación de vena en la nariz, un paciente tratado con primeros auxilios por el golpe de una vaca y una cirugía de cavidad de pene a un joven, entre otros.

En materia de infraestructura vial, el resultado fue similar. Las Farc, asegura la Fiscalía, ofrecieron para la reparación de las víctimas un total de 3.753 kilómetros de vías construidas por ellos. El fiscal Martínez, sin embargo, rechazó este ofrecimiento por “inajenable”. Según el alto funcionario, las carreteras ni son propiedad de las Farc ni pueden servir para disminuir el impacto de la guerra sobre la población.

Por Redacción Judicial

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